En medio de escándalos de sospechas de corrupción y tráfico de influencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere reducir al mínimo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para que opere con menos gastos, contrataciones y bienes.
Sumado a esto, la Secretaría de Salud está a punto de cancelar la Encuesta Nacional de Adicciones que se efectúa cada 5 años. El argumento es que “no hay presupuesto”; en consecuencia se dejaría sin datos muy importantes para la toma de decisiones en el tratamiento a las adicciones a drogas, alcohol y tabaco, y el impacto que estos tuvieron en la pandemia.
La Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), dependiente de la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer, cancelará la Encuesta Nacional de Adicciones (ENCODAT) programada para 2022 por falta de presupuesto.
Con esta decisión se renuncia a la posibilidad de obtener información relevante sobre las tendencias, magnitud de uso y perfiles de las personas que consumen drogas, alcohol y tabaco en México.
La importancia de esta encuesta radica en que proporciona información sobre las personas usuarias, la sustancia inicial de consumo, la edad inicial de consumo, así como datos acerca de factores de riesgo y protección.
Su cancelación implicaría quedarnos sin información sobre cómo ha cambiado el consumo de drogas en el país en los últimos años, especialmente cómo la pandemia afectó el consumo de sustancias, y nos dejaría con un último corte de la encuesta realizada en 2017.
Al no actualizar la información de la ENCODAT, el gobierno federal estaría incumpliendo con la recomendación de recopilar datos cada tres o cinco años emitida por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la cual México es miembro.
En la reducción del presupuesto anticorrupción, de acuerdo con el proyecto de iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), López Obrador busca extinguir la Secretaría Ejecutiva del SNA, organismo que este año tiene etiquetados 123 millones de pesos. Esta cifra equivale al 15% del presupuesto 2022 destinado a la Oficina de la Presidencia de la República.
El proyecto plantea también la desaparición de 16 órganos desconcentrados y descentralizados al considerar que su “existencia ya no resulta conveniente desde el punto de vista económico nacional o del interés público”.
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