En el clímax reformista de final sexenal del presidente Andrés Manuel López Obrador la inminente reforma al poder judicial avanza, mientras diferentes actores políticos y económicos opositores continúan movilizándose para evitarlo. En ese tenor de ideas a través de la red social X, antes Twitter, se conoció una perla periodística digna del humorismo involuntario, que desnuda la cruda realidad de dos poderes: el mediático y el judicial que trabajan en conjunto para la defensa de sus particulares intereses.
La “periodista” Lourdes Mendoza fue quien por error compartió en sus estados de mensajería, la captura de pantalla donde mantiene una conversación con la ministra Margarita Ríos-Farjat. En esos mensajes la ministra le agradece la cobertura informativa a las manifestaciones en contra de la reforma judicial, además de ofrecer volver a tocar el tema y enviarle el trabajo periodístico para que le dé el visto bueno. Por su parte Ríos-Farjat le pide a la comunicadora Mendoza gestionar una reunión con sus compañeros del periódico El Financiero.
Luego de la balconeada la ministra debió salir a reconocer que esa conversación era real, pretendió darle un toque de normalidad y que no debería tener mayor peso en la discusión pública. Es, sin embargo, un intento fallido de desviar la atención sobre un caso de parcialidad informativa, seguramente pagada desde el poder judicial que tiene en su interior equipos de comunicación social, contactos históricos con periodistas a modo, pero sobre todo financiados con el erario público.
Mendoza recibió el mote de “Lady Chanel” debido a las acusaciones filtradas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a quien el exsecretario de hacienda de la era peñanietista, Luis Videgaray, instruyó le comprara un bolso de marca para la que consideraba su amiga. Aunque la comunicadora llevó a juicio y ganó en diferentes instancias su denuncia por difamación, los dichos de Lozoya mostraban el modus operandi para ganar una prensa a modo, en los tiempos del entonces todopoderoso secretario Videgaray.
Fue la misma comunicadora quien compartiría una foto de Lozoya con libertad condicional, cenando en un restaurante de lujo, mientras las autoridades judiciales esperaban las famosas pruebas contundentes por la estafa millonaria de Agro nitrogenados en contra de la paraestatal PEMEX. El pleito entre Lozoya y Mendoza parecía haber concluido, pero la pifia de la comunicadora reabrió el debate sobre qué tan mercenaria puede llegar a ser la prensa mexicana y su poder innegable sobre la agenda informativa, representada por una comentocracia cada vez más desprestigiada.
Las batallas por intentar socavar la mayoría calificada sacó lo peor del mismo poder judicial, incluso a extremos delirantes como la suspensión primero parcial y luego definitiva de un amparo que pretendía frenar el trabajo legislativo de un poder autónomo como lo es el congreso. El paro de labores encabezado por la ya muy activista política, Norma Piña (eso sí, con goce de sueldo generoso), es la última ofensiva opositora que busca frenar la aprobación de la reforma de gran calado, que para bien o para mal, será la que prive en una nueva etapa de la impartición de justicia en el país.
Con una primera parte de la reforma ya votada y aprobada en una sede alterna a la Cámara de Diputados, la reforma avanza a la cámara de senadores para su revisión, análisis y posterior votación que requiere de mayoría calificada para poder ser un cambio constitucional. La próxima semana será crucial para que la bancada de Morena y sus aliados consigan un voto más de las filas opositoras para asegurar la mayoría y luego esa reforma sea votada en los congresos locales donde tienen mayoría.
Ministros, magistrados y jueces son miembros de un poder que tiene manejo de medios a su favor, cuando no es que son dos caras de una misma moneda de intereses económicos y políticos que no necesariamente benefician a los ciudadanos de a pie. En México y en el mundo, el poder judicial beneficia al poder económico y es fiel de la balanza cuando éste enfrenta situaciones de crisis propias o de circunstancias. El lamentable hecho de que una comunicadora envié a una ministra en funciones, su trabajo periodístico para que le apruebe el enfoque dado a un tema de interés general, reafirma la podredumbre del poder judicial y de una buena parte de la oligarquía mediática, que siempre secunda y limpia el actuar deshonesto de los poderes fácticos.
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