Balaceras y mentiras

Las palomas rompieron el trato con los humanos “tú te acercas, yo vuelo” y no nos avisaron, ahí están aplastadas en las calles. Las palomas rompieron el trato con los humanos “tú te acercas, yo vuelo” y no...

7 de agosto, 2018 balacera-playas-tijuana

Las palomas rompieron el trato con los humanos “tú te acercas, yo vuelo” y no nos avisaron, ahí están aplastadas en las calles.

Las palomas rompieron el trato con los humanos “tú te acercas, yo vuelo” y no nos avisaron, ahí están aplastadas en las calles. La mafia rompió sus acuerdos “La bala al destinatario, a ninguno más” y nos los avisan todos los días, sus balas ya no tienen nombre. La delincuencia rompió con su decreto “De noche, cuando no hay nadie” cambiándolo por “cuando sea y a la hora que sea”, haciendo que debamos vivir enrejados y encerrados. Palomas apachurradas, cadáveres colgados, muertos a la orilla de las carreteras y mantas con amenazas como mensajero ‘twitter’ de los delincuentes, es el paisaje crudamente normal en Tijuana.

En ruta a mi trabajo, hace unas mañanas, los ocupantes del transporte público se asombraron al ver patrullas al borde derecho de la avenida y varios policías rodeando un cadáver al tiempo que tomaban fotografías. Todos empezaron a comentar lo que vieron: el muerto, los zapatos, una bolsa, la sangre, (unos la vieron seca, otros recién derramada) si era un hombre, si era una mujer. Poco a poco, unos inventaban historias y otros mandaban mensajes de voz a alguien contando lo que vieron, que no pasó.

Sin ver nada, (yo venía del lado izquierdo) escuché una decena de suposiciones. Nada faltó para que alguno se atreviera a darle nombre al muerto; por fortuna, y no, las habladurías se interrumpieron porque el camión aplastó a una paloma, saltaron las plumas y otra vez, los cometarios de todo tipo, acerca de la pobrecita paloma y del ‘pendejazo’ del chofer.

Resulta poco importante (aunque no debería ser así) que la gente común, alargue e invente versiones acerca de un mismo hecho, sin embargo, cuando se trata de medios de comunicación, es obligatoria la investigación precisa; por sobresalir y ser los primeros en publicar sin investigar y a veces, sin siquiera haber presenciado los hechos, equivocan e inventan datos.

Sucedió con la balacera, que puso a #Playas de Tijuana, como “trending topic” nacional por más de 24 horas en Twitter. Al mediodía del lunes pasado, una persona balaceó a un transeúnte, minutos después, se enfrentaba a cientos de policías municipales, estatales, al ejército y a la marina. Los balazos intermitentes, duraron casi dos horas, tanto el hombre como los polis, recargaban sus armas para disparar hacia la calle y a la casa, en la que habían un niño y una mujer. La mujer y el hombre atrincherado, murieron, un niño fue rescatado y puesto a resguardo en el DIF municipal, una bebé fue encontrada muerta, enterrada en el patio de la casa.

Casi al mismo tiempo, en otro lugar de la ciudad, un hombre mató de un balazo a otro en el gimnasio de un complejo residencial, de esos de alto lujo y altas torres también, llamado New City y que está ubicado a 12.1 kilómetros de Playas de Tijuana, donde se suscitaba la interminable balacera.

Las dos noticias circularon en tiempo real. Fue tanta la movilización en Playas de Tijuana, que el hecho acaparó la atención, dejando al de New City en segundo plano y es que, de aquel lado de la ciudad, los asesinatos ocurren por pares o por tercias cada día y en Playas, aunque suceden, no son resaltados por la prensa.

El caso del atrincherado y abatido, llamó la atención por la cantidad de patrullas, el ejército y ambulancias. Se entiende que, al no saber qué pasó, todas las corporaciones deben estar presentes y atentas. Estos dos hechos sucedidos a la par, llenaron como se ha visto, los titulares en los medios, muchos, llenos de mentiras.

El colmo, fue la publicación de Proceso.com.mx que revolvió las dos noticias: al civil herido en Playas de Tijuana, lo “refugiaron” en el complejo New City que se encuentra a 12.1 km, de distancia. “Identifican” al hombre muerto en New City, que es el mismo en un lugar y en otro. Ni el nombre es del asesinado en New City, ni es el de Playas. El herido, de nombre inventado, salió huyendo de la escena para ponerse a salvo a 12 kilómetros adelante y allá se fue a morir. No conformes con tanta aberración, publican que sucedió en Tijuana, ¡la capital de Baja California!

Personas en las redes sociales preguntaban si en Tijuana había playa, si el complejo New City estaba en Estados Unidos, si Tijuana era la capital de B.C. Cuando finalmente Tijuana se impone en los titulares, desafortunadamente hechos violentos, lo confunden todo.

El presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum “El Patas”, dijo que el hombre atrincherado, era esposo de su hermana y tenían dos hijos, mató a su esposa/hermana y ellos, mataron a su hija/sobrina. Aseguró que esta tragedia es culpa de la sociedad porque nadie dijo nada, porque nadie denunció. Los antecedentes de violencia doméstica existen, el hombre estuvo detenido en otras ocasiones y lo dejaron libre. El loco, había sido denunciado por posesión, consumo y venta de drogas y, además, los vecinos alertaron a la policía muchas veces al escuchar gritos y balazos dentro de la casa. La policía no hizo caso y ahora esto es culpa de la sociedad.

La violencia, la delincuencia y las tragedias de todo tipo suceden por montones y los estados han estado colocándose de uno en uno, al frente de las noticias. En cada noticia, muchos inventos, más confusiones y una estrepitosa carrera por posicionarse en un “trending topic” nacional.

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En un mitin, López Obrador anunció que había presentado una denuncia contra el presidente Peña Nieto por “traición a la patria”. Según López Obrador, tenía pruebas contundentes que demostraban que la reforma eléctrica de Peña Nieto se había pactado en Washington y en Londres, que era en perjuicio de México y que, por tanto, se había hecho con “traición a la patria”, además de que los legisladores se habían dejado sobornar para que dicha reforma pasara. Anunció en ese momento que cuando llegara al poder revertiría la reforma energética de Peña Nieto. El tiempo pasó, López Obrador llegó al poder y, en efecto, puso manos a la obra para desmantelar la reforma eléctrica de Peña Nieto. No acabo de entender por qué no lo hizo al principio del sexenio, cuando tenía muchos más legisladores que los que ahora tiene y cuando su poder parecía incontestable. 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Hace unos días, la Corte resolvió el asunto y no se alcanzó la mayoría de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad, lo que el presidente anunció ante sus simpatizantes como un gran triunfo y un día histórico.  En ese momento yo escribí que una cosa es que la Corte declare la inconstitucionalidad de una ley, o otra distinta es que la falta de esta  declaración implique que la ley sea constitucional. Parece que así lo entendieron los seguidores del presidente (el presidente no lo entendió así, porque él es hábil y es muy difícil tomarle el pelo). Siete ministros encontraron que la Ley Eléctrica (técnicamente modificaciones propuestas por el presidente a la Ley de la Industria Eléctrica) era inconstitucional… y lo es. Tan es así que el gobierno no podrá cancelar contratos otorgados a particulares así nada más; y si los cancela, incurrirá en responsabilidad y perderá litigios no sólo en México, sino ante cualquier tribunal internacional, lo cual significará millonarias indemnizaciones que usted y yo pagaremos. El presidente lo sabe perfectamente. Aunque López Obrador anunció el fallo de la Corte como un triunfo histórico y los seguidores, de buena fe lo creyeron y lo creen, la verdad inobjetable es que era necesaria la reforma constitucional. Por eso el presidente envió su propuesta y la Cámara de Diputados la votó el Domingo de Resurrección. Es una retahíla muy socorrida aquella según la cual la oposición está muerta e inoperante, moralmente derrotada, y que no sirve para nada, pero desde esa muerte, inutilidad, derrota moral e inoperación, la oposición rechazó la reforma eléctrica constitucional del presidente y el proyecto fue desechado en la Cámara de Diputados. El sueño de desmantelar la reforma eléctrica de Peña Nieto quedó hecho pedazos y pareció de algún modo que la oposición “resucitó” el Domingo de Resurrección. El presidente, previendo que su proyecto no pasaría, había preparado un movimiento: nacionalizar el litio. Y así lo hizo ver a sus seguidores ese mismo Domingo de Resurrección al decir que, pasara lo que pasara, estaban blindados contra la traición. El discurso de la traición a la patria despegó a alturas que no se habían visto quizá desde el siglo XIX. Pero las cosas son como son, y no se pueden esconder. Una cosa es la reforma eléctrica con el fortalecimiento de la CFE, cuestión que no sucederá, al menos en este sexenio; y otra distinta es el asunto del litio. Insisto siempre en que el presidente López Obrador es muy hábil, lo cual me vale el insulto de las personas que no lo quieren, pero es la verdad. López Obrador mezcló los asuntos eléctrico y del litio y manejó el discurso de manera que sus seguidores pensaran que con la “nacionalización” del litio iba a quedar subsanado el rechazo de su reforma eléctrica en el Congreso. Los simpatizantes del presidente lo creen de buena fe, y si uno intenta desglosar las cosas y explicarlas, recibe de parte de ellos interminables insultos y hasta la ya manida –y en esa medida cada vez menos efectiva– acusación de “traidor de la patria”. Vaya, confieso que al principio daba miedo y preocupación que el presidente y sus simpatizantes llamaran “traidores” a los diputados que desecharon la reforma eléctrica constitucional, pero conforme pase el tiempo y se abuse de tal señalamiento, lo de la “traición a la patria” comenzará a dar risa. Volviendo al punto: la propuesta de “nacionalizar” el litio no tiene nada que ver ni subsana de modo alguno el rechazo, por parte de la oposición, de la reforma eléctrica constitucional propuesta y promovida por el presidente. Son dos asuntos diversos, y aunque los seguidores del presidente crean de buena fe lo que éste les dice, la nacionalización del litio no hará posible la reforma eléctrica que con tanto ahínco busca el presidente. En los siguientes meses se repetirá la historia: el presidente ya logró que su propuesta de reforma a la Ley Minera (nacionalización del litio) fuera aprobada por el Congreso. ¿Qué dicen estas nuevas disposiciones? Que el litio es de utilidad pública; que no habrá concesiones, contratos, licencias, permisos ni autorizaciones a particulares en esta materia; que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedará a cargo de un organismo público descentralizado (¿AMLITIO?); y que se considera zona de reserva minera aquella donde haya yacimientos de litio.  Todo esto suena muy bien, y en lo personal soy partidario de que el litio quede bajo el control del Estado Mexicano. Pero disculpe usted si resulto molesto, porque estas reformas a la ley minera, aunque se hayan anunciado como algo histórico para México, algo así como una nueva “expropiación petrolera”, no van a servir de nada. Actualmente hay concesiones en favor de empresas chinas, estadounidenses, inglesas, australianas, canadienses, españolas y mexicanas. Nada cambia que dichas concesiones se hayan otorgado en otra administración, estas empresas se van a amparar y van a ganar los amparos, porque la Ley Minera de López Obrador es anticonstitucional, no porque tenga yo animadversión hacia él (por supuesto que no la tengo ni la he tenido), sino porque conozco el esquema legal en mi carácter de estudioso del Derecho Constitucional. Si López Obrador quiere asegurar el litio de manera efectiva, necesita una reforma constitucional, punto. Como sucedió con la Ley Eléctrica, los seguidores del presidente creen de buena fe (es la cuarta o quinta vez que digo esto de la “buena fe”, disculpe usted) que ya con la ley del litio (Ley Minera) se acabó el problema. El litio ni se expropió ni se nacionalizó, ni quedó protegido, y si alguien lo cree es únicamente porque el presidente así lo dijo (Princeps dixit!). La Ley Minera del presidente y nada es casi lo mismo. Le anticipo lo que ocurrirá en los siguientes meses: la Ley Minera del presidente será combatida en tribunales, los jueces de distrito comenzarán a otorgar amparos a estas empresas, probablemente la oposición ejerza una acción de inconstitucionalidad; de ser así, llegará a la Corte y pasará exactamente lo mismo que con la reforma eléctrica: siete ministros la considerarán anticonstitucional y solo cuatro no, de manera que no se logrará la declaración de inconstitucionalidad, lo cual no significará que el gobierno mexicano no vaya estar destinado a perder (bola cantada) juicios en tribunales mexicanos y extranjeros, con las millonarias indemnizaciones que ello implicará; el presidente quizá promueva una reforma constitucional para de verdad proteger al litio, pero ésta no pasará en el Congreso. O sea, ese film de drama nacional llamado Litiomex o Amlitio ya lo vimos, exactamente igual, cuadro por cuadro, en la película de la trunca reforma eléctrica de Bartlett. Yo sé que muchos seguidores del presidente se enojan conmigo cuando explico las cosas. Lo único que pretendo es desglosar la verdad. La verdad nunca es mía, por eso es más factible entenderla y desmenuzarla, porque cuando la verdad es de “uno”, ya no es posible ni siquiera el diálogo. Y para terminar, Mario Delgado anda proponiendo retomar la denuncia que presentó AMLO en 2014 contra Peña y secuaces. Pero está proponiendo que sea a través de una consulta, para ver también si el pueblo quiere que los diputados que hace unos días rechazaron y dieron palo a la reforma eléctrica del presidente, sean acusados de traición a la patria. Por su parte, el priísto-morenista Ignacio Mier sugirió “fusilar” a los “traidores”, porque eso es lo que le pasa a los “traidores”: se les pone en el paredón para que el pueblo los fusile. Si bien aclaró que hablaba metafóricamente, quien debería dar el primer paso para subirse al paredón y ser fusilado es él, pues como diputado priísta aprobó el FOBAPROA en 1998 (sí, el robo más grande y vil que ha sufrido México en su historia fue apoyado y avalado por Mier); sí, el estridente Mier da consejos que si se aplicaran a su persona sería el primero en morir fusilado. Y para seguir con esta orgía de ejecuciones –que de tan grotesca parece guerra de pastelazos de una mala película mexicana–, la diputada petista Margarita García exigió “crucificar” a los legisladores del bloque opositor por haber votado en contra de la reforma de López Obrador.  ¿Se acuerda usted de La carabina de Ambrosio? Había un sketch en que un abuelito, protagonizado por Alejandro Suárez, si mal no recuerdo, entraba en cólera y se ponía a dar de bastonazos a un niño, protagonizado por Chabelo. El abuelito vuelto loco golpeaba a diestra y siniestra, pero no atinaba ningún golpe a Chabelo, y cada vez que lanzaba el bastonazo casi caía, pero el mismo Chabelo lo ayudaba a recuperar el equilibrio. En eso se está convirtiendo la estridencia de morena y sus rocambolescas propuestas de dar muerte a los traidores, ya sea exhibiéndolos y juzgándolos mediante consulta (Mario Delgado), fusilándolos (Mier), o bien crucificándolos (Margarita García). Y en la medida que son más chirriantes y estridentes las invectivas, más ridículo es el espectáculo. Con todo respeto, aunque esto pueda sonar como música para los oídos de los seguidores del presidente, va a acabar pasando lo mismo que con la consulta para enjuiciar a los ex-presidentes: nada. Como diría Shakespeare, “too much ado about nothing”." ["post_title"]=> string(88) "La verdad sobre el Litio, la reforma eléctrica que no pasó, y la traición a la patria" ["post_excerpt"]=> string(198) "El debate ha sido intenso estos días. 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En El Salvador se ha establecido un estado de excepción para combatir la criminalidad:  El gobierno de Nayib Bukele solicitó al Congreso el régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de 87 personas. El órgano Legislativo, de mayoría oficialista, dio el visto bueno y a finales de abril aprobó una extensión por 30 días de las suspensión de garantías constitucionales. Estos poderes especiales dados al Ejecutivo de Bukele suspenden los derechos a organización, reunión, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, defensa y extiende la detención administrativa hasta un máximo de 15 días (1).  Lo anterior genera una paradoja. Por un lado, los países democráticos buscan y tutelan una serie de derechos fundamentales. Así, estos países han firmado acuerdos internacionales que buscan garantías fundamentales ciudadanas. Por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece en su artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques (2). La correspondencia es un ejemplo de ámbito privado. No se puede estar revisando cartas de naturaleza privada, ya que atentaría contra ese derecho. Es verdad que hay restricciones en los medios utilizados de envíos que se pueden hacer, pero en principio, el contenido de las comunicaciones privadas, incluidas las vía telefonía o mensajería celular, se consideran protegidos por las leyes en las sociedades democráticas. Los estados de excepción buscan restablecer el orden y la legalidad, pero a través de un medio cuestionable al limitar derechos fundamentales de los ciudadanos. En los estados de excepción se pueden intervenir comunicaciones, lo que en el estado normal de las cosas sería ilegal. Entre los riesgos del estado de excepción por supuesto está la tentación autoritaria de extender indefinidamente el plazo de las medidas. Asimismo, puede darse la tentación de decretar un estado de excepción por una pérdida de control del Estado el cuál es el responsable, como gravámenes adicionales que generen malestar social y que a su vez provoquen marchas y protestas legítimas.  Se puede argumentar, conforme el ejemplo anterior, que el estado de excepción es una renuncia a la racionalidad propia del Estado. El Estado debe buscar espacio con reglas de funcionamiento que no se rompan a pesar de las dificultades sociales. Pero el defensor de la medida, como en el caso expuesto del Salvador, puede señalar que la pérdida de vidas humanas es superior a las libertades individuales. Desde esa óptica, hay que defender primero la vida de todos a pesar de los costos. Así el uso de la violencia por parte del Estado ayuda a evitar males mayores.  No obstante lo anterior el estado de excepción está sujeto a reglas éticas. ¿Cuáles podrían ser esas? Una de ellas es “consentimiento social”. Buscar mecanismos para que los estados de excepción sean consensuados y no impuestos. Los estados de excepción, de ser posible, pueden y deben establecer mecanismos de control que avalados por una mayoría, en el poder legislativo por ejemplo, sea cercana al 100%. La mayoría simple tiene el riesgo de convertirse en una medida opresiva y autoritaria.  Otro principio es la reversibilidad. Las medidas de excepción, caso que en El Salvador parecen cumplirse, es que las acciones tomadas sea reversibles en plazos concretos. Sólo son medidas de emergencia que buscan contener una situación que puede salirse de control. Pero lograda la contención, aún a riesgo de que vuelvan a ocurrir, deberá regresarse a la normalidad democrática. Otro principio es la transparencia: toda medida que busca contener un mal social debe establecer los parámetros de su propia medición. Dicho de otro modo, debe mostrar a la opinión pública, los resultados concretos y la disponibilidad de toda la información de los procedimientos legales realizados.  La proporcionalidad de las medidas es otro criterio. La misma puede formularse como una pregunta: ¿Es la medida del estado de excepción la única opción disponible ante la situación qué se busca contener? Después de agotadas todas las opciones ordinarias sería entonces la opción que está a la misma medida del problema. 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Se esperó hasta la segunda mitad del sexenio, con un Morena y aliados debilitados en las elecciones federales de 2021 (aunque desde aquel lado ellos insisten en que son más fuertes que nunca, que es un momento histórico, y todas esas cosas). Y entonces sucedió lo que parecía “bola cantada”, para hablar en términos del béisbol: el desmantelamiento de la reforma eléctrica de Peña Nieto no fue posible. Lo primero que intentó López Obrador, para evitar el arduo mecanismo de reforma constitucional, fue modificar la Ley de la Industria Eléctrica. Para ello le bastaba la mayoría absoluta que tiene en el Congreso federal. El problema fue que al entrar en vigor se registró una lluvia de amparos y los legisladores de oposición interpusieron una acción de inconstitucionalidad. Hace unos días, la Corte resolvió el asunto y no se alcanzó la mayoría de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad, lo que el presidente anunció ante sus simpatizantes como un gran triunfo y un día histórico.  En ese momento yo escribí que una cosa es que la Corte declare la inconstitucionalidad de una ley, o otra distinta es que la falta de esta  declaración implique que la ley sea constitucional. Parece que así lo entendieron los seguidores del presidente (el presidente no lo entendió así, porque él es hábil y es muy difícil tomarle el pelo). Siete ministros encontraron que la Ley Eléctrica (técnicamente modificaciones propuestas por el presidente a la Ley de la Industria Eléctrica) era inconstitucional… y lo es. Tan es así que el gobierno no podrá cancelar contratos otorgados a particulares así nada más; y si los cancela, incurrirá en responsabilidad y perderá litigios no sólo en México, sino ante cualquier tribunal internacional, lo cual significará millonarias indemnizaciones que usted y yo pagaremos. El presidente lo sabe perfectamente. Aunque López Obrador anunció el fallo de la Corte como un triunfo histórico y los seguidores, de buena fe lo creyeron y lo creen, la verdad inobjetable es que era necesaria la reforma constitucional. Por eso el presidente envió su propuesta y la Cámara de Diputados la votó el Domingo de Resurrección. Es una retahíla muy socorrida aquella según la cual la oposición está muerta e inoperante, moralmente derrotada, y que no sirve para nada, pero desde esa muerte, inutilidad, derrota moral e inoperación, la oposición rechazó la reforma eléctrica constitucional del presidente y el proyecto fue desechado en la Cámara de Diputados. El sueño de desmantelar la reforma eléctrica de Peña Nieto quedó hecho pedazos y pareció de algún modo que la oposición “resucitó” el Domingo de Resurrección. El presidente, previendo que su proyecto no pasaría, había preparado un movimiento: nacionalizar el litio. Y así lo hizo ver a sus seguidores ese mismo Domingo de Resurrección al decir que, pasara lo que pasara, estaban blindados contra la traición. El discurso de la traición a la patria despegó a alturas que no se habían visto quizá desde el siglo XIX. Pero las cosas son como son, y no se pueden esconder. Una cosa es la reforma eléctrica con el fortalecimiento de la CFE, cuestión que no sucederá, al menos en este sexenio; y otra distinta es el asunto del litio. Insisto siempre en que el presidente López Obrador es muy hábil, lo cual me vale el insulto de las personas que no lo quieren, pero es la verdad. López Obrador mezcló los asuntos eléctrico y del litio y manejó el discurso de manera que sus seguidores pensaran que con la “nacionalización” del litio iba a quedar subsanado el rechazo de su reforma eléctrica en el Congreso. Los simpatizantes del presidente lo creen de buena fe, y si uno intenta desglosar las cosas y explicarlas, recibe de parte de ellos interminables insultos y hasta la ya manida –y en esa medida cada vez menos efectiva– acusación de “traidor de la patria”. Vaya, confieso que al principio daba miedo y preocupación que el presidente y sus simpatizantes llamaran “traidores” a los diputados que desecharon la reforma eléctrica constitucional, pero conforme pase el tiempo y se abuse de tal señalamiento, lo de la “traición a la patria” comenzará a dar risa. Volviendo al punto: la propuesta de “nacionalizar” el litio no tiene nada que ver ni subsana de modo alguno el rechazo, por parte de la oposición, de la reforma eléctrica constitucional propuesta y promovida por el presidente. Son dos asuntos diversos, y aunque los seguidores del presidente crean de buena fe lo que éste les dice, la nacionalización del litio no hará posible la reforma eléctrica que con tanto ahínco busca el presidente. En los siguientes meses se repetirá la historia: el presidente ya logró que su propuesta de reforma a la Ley Minera (nacionalización del litio) fuera aprobada por el Congreso. ¿Qué dicen estas nuevas disposiciones? Que el litio es de utilidad pública; que no habrá concesiones, contratos, licencias, permisos ni autorizaciones a particulares en esta materia; que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedará a cargo de un organismo público descentralizado (¿AMLITIO?); y que se considera zona de reserva minera aquella donde haya yacimientos de litio.  Todo esto suena muy bien, y en lo personal soy partidario de que el litio quede bajo el control del Estado Mexicano. Pero disculpe usted si resulto molesto, porque estas reformas a la ley minera, aunque se hayan anunciado como algo histórico para México, algo así como una nueva “expropiación petrolera”, no van a servir de nada. Actualmente hay concesiones en favor de empresas chinas, estadounidenses, inglesas, australianas, canadienses, españolas y mexicanas. Nada cambia que dichas concesiones se hayan otorgado en otra administración, estas empresas se van a amparar y van a ganar los amparos, porque la Ley Minera de López Obrador es anticonstitucional, no porque tenga yo animadversión hacia él (por supuesto que no la tengo ni la he tenido), sino porque conozco el esquema legal en mi carácter de estudioso del Derecho Constitucional. Si López Obrador quiere asegurar el litio de manera efectiva, necesita una reforma constitucional, punto. Como sucedió con la Ley Eléctrica, los seguidores del presidente creen de buena fe (es la cuarta o quinta vez que digo esto de la “buena fe”, disculpe usted) que ya con la ley del litio (Ley Minera) se acabó el problema. El litio ni se expropió ni se nacionalizó, ni quedó protegido, y si alguien lo cree es únicamente porque el presidente así lo dijo (Princeps dixit!). La Ley Minera del presidente y nada es casi lo mismo. Le anticipo lo que ocurrirá en los siguientes meses: la Ley Minera del presidente será combatida en tribunales, los jueces de distrito comenzarán a otorgar amparos a estas empresas, probablemente la oposición ejerza una acción de inconstitucionalidad; de ser así, llegará a la Corte y pasará exactamente lo mismo que con la reforma eléctrica: siete ministros la considerarán anticonstitucional y solo cuatro no, de manera que no se logrará la declaración de inconstitucionalidad, lo cual no significará que el gobierno mexicano no vaya estar destinado a perder (bola cantada) juicios en tribunales mexicanos y extranjeros, con las millonarias indemnizaciones que ello implicará; el presidente quizá promueva una reforma constitucional para de verdad proteger al litio, pero ésta no pasará en el Congreso. O sea, ese film de drama nacional llamado Litiomex o Amlitio ya lo vimos, exactamente igual, cuadro por cuadro, en la película de la trunca reforma eléctrica de Bartlett. Yo sé que muchos seguidores del presidente se enojan conmigo cuando explico las cosas. Lo único que pretendo es desglosar la verdad. La verdad nunca es mía, por eso es más factible entenderla y desmenuzarla, porque cuando la verdad es de “uno”, ya no es posible ni siquiera el diálogo. Y para terminar, Mario Delgado anda proponiendo retomar la denuncia que presentó AMLO en 2014 contra Peña y secuaces. Pero está proponiendo que sea a través de una consulta, para ver también si el pueblo quiere que los diputados que hace unos días rechazaron y dieron palo a la reforma eléctrica del presidente, sean acusados de traición a la patria. Por su parte, el priísto-morenista Ignacio Mier sugirió “fusilar” a los “traidores”, porque eso es lo que le pasa a los “traidores”: se les pone en el paredón para que el pueblo los fusile. Si bien aclaró que hablaba metafóricamente, quien debería dar el primer paso para subirse al paredón y ser fusilado es él, pues como diputado priísta aprobó el FOBAPROA en 1998 (sí, el robo más grande y vil que ha sufrido México en su historia fue apoyado y avalado por Mier); sí, el estridente Mier da consejos que si se aplicaran a su persona sería el primero en morir fusilado. Y para seguir con esta orgía de ejecuciones –que de tan grotesca parece guerra de pastelazos de una mala película mexicana–, la diputada petista Margarita García exigió “crucificar” a los legisladores del bloque opositor por haber votado en contra de la reforma de López Obrador.  ¿Se acuerda usted de La carabina de Ambrosio? Había un sketch en que un abuelito, protagonizado por Alejandro Suárez, si mal no recuerdo, entraba en cólera y se ponía a dar de bastonazos a un niño, protagonizado por Chabelo. El abuelito vuelto loco golpeaba a diestra y siniestra, pero no atinaba ningún golpe a Chabelo, y cada vez que lanzaba el bastonazo casi caía, pero el mismo Chabelo lo ayudaba a recuperar el equilibrio. En eso se está convirtiendo la estridencia de morena y sus rocambolescas propuestas de dar muerte a los traidores, ya sea exhibiéndolos y juzgándolos mediante consulta (Mario Delgado), fusilándolos (Mier), o bien crucificándolos (Margarita García). Y en la medida que son más chirriantes y estridentes las invectivas, más ridículo es el espectáculo. Con todo respeto, aunque esto pueda sonar como música para los oídos de los seguidores del presidente, va a acabar pasando lo mismo que con la consulta para enjuiciar a los ex-presidentes: nada. Como diría Shakespeare, “too much ado about nothing”." ["post_title"]=> string(88) "La verdad sobre el Litio, la reforma eléctrica que no pasó, y la traición a la patria" ["post_excerpt"]=> string(198) "El debate ha sido intenso estos días. 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