Ante la “solicitud-denuncia” que a finales de noviembre del año pasado presentamos en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, en relación con el abandono institucional que enfrenta la industria hípica mexicana de carreras de caballos, hemos recibido finalmente una respuesta formal.
Nuestra petición se centró en la falta de atención de la autoridad reguladora hacia una actividad que no solo representa una tradición deportiva e histórica, sino también una fuente significativa de empleos especializados y un motor económico con impacto directo en industrias asociadas: producción de granos y forrajes, medicina veterinaria, transportación, servicios de crianza y entrenamiento, entre muchas otras.
Dos meses después, el pasado 27 de enero, la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación nos comunicó que ha enviado un oficio a la Dirección General de Juegos y Sorteos —la autoridad reguladora— para que atienda de manera inmediata la situación del Hipódromo de las Américas.
De acuerdo con nuestra solicitud, el rescate debe comenzar por lo esencial:
“La creación de una nueva Comisión de Carreras, integrada por profesionales independientes de la empresa permisionaria, así como el establecimiento de mesas de trabajo institucionales para garantizar la viabilidad, modernización y continuidad de esta actividad”.
Y conviene subrayarlo: no se trata únicamente del óvalo de Sotelo, sino de toda la industria nacional que también se desarrolla en los llamados “escenarios temporales”, es decir, en los carriles que abundan en diversas regiones del país.
Lo que le informamos a la presidenta Sheinbaum
En nuestra solicitud dirigida a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de todos los mexicanos, expusimos con claridad lo siguiente:
“La empresa permisionaria continúa incumpliendo los términos de su permiso, no obstante, la amplia concesión otorgada sobre aproximadamente 52 hectáreas de terreno federal que actualmente usufructúa. Esta situación ha colocado a la industria hípica del Hipódromo de las Américas en una condición de inminente desaparición.”
Asimismo, advertimos una amenaza inmediata:
“Entre los integrantes del gremio hípico circula con insistencia la versión de que la temporada 2026 no iniciará antes del 1 de marzo, lo que implicaría dos meses completos sin actividad. Durante ese periodo, los propietarios deberán sostener a sus caballos sin ingresos por premios.”
Más grave aún: “Entrenadores, jinetes, caballerangos y agentes quedarían sin ingreso alguno. A ello se suma la alarmante disminución de la cría nacional y el escaso interés en importar caballos Pura Sangre desde Estados Unidos.”
El panorama resulta profundamente incierto. La pregunta obligada es: ¿Puede subsistir esta industria con solo dos días de función por semana y con premios en su nivel históricamente más bajo?
Esta realidad deteriora la calidad del espectáculo, pero sobre todo compromete el sustento de miles de trabajadores que dependen directamente de esta actividad.
También señalamos con contundencia:
“Existe evidencia clara de que la empresa permisionaria incumple diversas condiciones establecidas en su permiso, comenzando por el deficiente mantenimiento de las instalaciones y la precaria atención al escaso público asistente, factores que agravan aún más la crisis.”
Una industria con enorme potencial, hoy al borde del colapso
Como he dicho y reitero: la industria hípica mexicana, hoy en situación crítica, posee un enorme potencial para la generación de empleos especializados y bien remunerados, así como para la captación de ingresos fiscales y derechos en beneficio del país.
Pero ello solo será posible si opera bajo condiciones de legalidad, transparencia y estricto cumplimiento del permiso otorgado, sea la actual empresa española CODERE o una de nueva creación.
Exigencia directa a la Secretaría de Gobernación
Por ello, resulta indispensable exigir —con toda claridad— que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, deje de limitarse a simples oficios administrativos y asuma plenamente su responsabilidad como autoridad reguladora.
La crisis del Hipódromo de las Américas no admite más evasivas ni demoras. SEGOB debe intervenir de manera inmediata, hacer cumplir los términos del permiso, sancionar los incumplimientos de la empresa permisionaria y establecer, sin más pretextos, una ruta institucional para el rescate de la industria hípica nacional.
De no hacerlo, el Estado mexicano será corresponsable de permitir la desaparición de una actividad histórica, generadora de empleos especializados, tradición deportiva y recursos fiscales, que hoy se encuentra al borde del colapso por la negligencia regulatoria y la impunidad.
Todos los artículos que he publicado desde 2014 en el generoso portal www.ruizhealytimes.com pueden consultarse en la liga anterior.
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