Como usted sabe, Ricardo Anaya ha estado en el ojo del huracán desde la misma campaña, allá en 2018, cuando el gobierno de Peña Nieto lo acusó de lavado de dinero y emprendió un ataque mediático en su contra. No solo la entonces Procuraduría acusó e inició investigaciones: también algunos panistas, como Ernesto Cordero, o priisto-panistas, como Javier Lozano, lo acusaron. El problema se agravó por el supuesto cómplice de Anaya, un tal Manuel Barreiro. En un primer momento, Anaya dijo que ni siquiera lo conocía, pero a los pocos días se difundió un video en el que aparecía Anaya en la boda de Barreiro, la mar de divertido. El candidato panista tuvo que tragarse sus palabras y quedó en evidencia, quizá no de los delitos que le imputaban, pero sí de mentir abiertamente sobre su relación con Barreiro. Hay que decirlo: perdió credibilidad.
Los cargos que enfrenta ahora Ricardo Anaya son por otros hechos: tienen que ver con Odebrecht y la reforma energética de Peña Nieto. Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX, hoy en prisión, presentó una denuncia en agosto de 2020. En ella acusa a 17 personas y refiere que por órdenes de Luis Videgaray entregó a Ricardo Anaya la cantidad de 6.8 millones de pesos para que votara a favor de la dicha reforma. Con base en esta denuncia, la Fiscalía General de la República acusa hoy a Anaya de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. Ya ha habido tres audiencias de este caso, todas online: una en agosto, una en octubre, y esta última del lunes 8 de noviembre. El juez de control, Marco Antonio Fuerte, ordenó que la siguiente audiencia del 31 de enero de 2021 debe ser presencial, así que Ricardo Anaya forzosamente tendría que presentarse en el reclusorio norte. Y es ahí donde podría perder esta partida de ajedrez.
Si Ricardo Anaya no se presenta físicamente a esa audiencia, la Fiscalía General de la República podría pedir orden de captura en su contra (y yo creo que el juez la concedería). Ahora bien, si no la concediera, sí podría ordenar una medida drástica para que comparezca Anaya a la fuerza, y ya frente al juez, la Fiscalía seguramente solicitaría prisión preventiva, la cual, dadas las circunstancias, sería muy factible que se decretara. Vaya, pasaría algo similar a lo que le ocurrió a Rosario Robles, o al mismo Emilio Lozoya hace unos días. Apuesto con usted lo que usted guste a que si se presenta Ricardo Anaya a la audiencia del 31 de enero, ya no verá la luz. En ese momento el juez decretará prisión preventiva y el panista permanecerá en prisión, al menos los casi tres años que faltan del sexenio, fuera de toda posibilidad de competir en la carrera presidencial. Es la crónica de una prisión preventiva anunciada.
Pero ahí no acaba el problema. Si Anaya no se presenta físicamente a la audiencia porque está en Estados Unidos, la Fiscalía pedirá sin duda orden de captura y el juez la concederá. De encontrarse el panista en Estados Unidos, la cancillería solicitará su extradición. Así lo dijo Marcelo Ebrard en entrevista radiofónica en Radio Fórmula el día 8 de noviembre. Anaya se vería, pues, sometido a un vergonzoso y mediático proceso de extradición.
Lozoya dice que entregó el soborno a Anaya en agosto de 2014, pero la reforma energética se aprobó ocho meses antes. Hasta ahora lo que se tiene es la denuncia de Lozoya. Con ese elemento de prueba, ciertamente frágil, ¿podría el actual régimen encerrar a Anaya lo que falta del sexenio? Yo creo que sí y que se está haciendo todo lo posible para que así sea. Ricardo Anaya está atrapado. Haga lo que haga, se presente a la audiencia o no, esté en México o en Estados Unidos –en donde al parecer está desde julio–, Anaya tiene prácticamente un pie en la prisión. Si yo fuera él o su abogado, no me presentaría ni recomendaría asistir a la audiencia en el reclusorio norte, y además buscaría o sugeriría para residir un país en donde no fuera tan fácil lograr la extradición, pues el gobierno de Estados Unidos lo entregaría sin dilación. No me malinterprete: no estoy diciendo que evada vilmente la justicia, pero, dada la situación, asistir a esa audiencia es asistir para quedarse tras las rejas por lo que resta de este gobierno sin que haya oder humano o jurídico que pueda evitarlo. Anaya está condenado de antemano, al menos para el régimen y sus simpatizantes.
La mañana del 8 de noviembre, el presidente Obrador instó a Anaya a dar la cara y enfrentar la acusación. Vaya, casi le dice: “Ve a la cárcel y defiéndete desde ahí”. Anaya, por su parte, acusó a López Obrador de una persecución política con la finalidad de dejarlo fuera de la carrera presidencial de 2024. ¿A quién le cree usted? Por mi parte, no creo que Anaya sea una piadosa carmelita descalza, pero tampoco creo que los tiempos en los que se hacía uso político de las instituciones de justicia sean cosa del pasado. Como dice la canción de Diego Verdaguer: “¿Usted qué haría?”.
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