La noticia del rancho tipo campo de concentración, dominado por el grupo criminal Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue un shock mundial, ante los crimines descarnados en su interior. El denominado rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, fungía como centro de entrenamiento y reclutamiento forzado, donde se desarrollaban batallas a muerte entre los miembros de la leva criminal. Allí mismo, existían crematorios para desaparecer a las víctimas.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ya había alertado a las autoridades estatales y municipales sobre ese rancho mortal, y a pesar de haberlo tenido bajo resguardo, simplemente se “olvidaron” de inspeccionarlo y resguardarlo. Con el costo de más de mil personas presuntamente desaparecidas, cuya única constancia de su existencia fue ropa y calzado abandonado, así como cartas de despedida para sus familiares.
Es de destacar el actuar perverso del exgobernador Enrique Alfaro quien siempre minimizó las denuncias del grupo buscador y del actuar de la fiscalía de Jalisco en septiembre de 2024, que rescato a civiles secuestrados y localizó restos humanos. Ya con el gobernador entrante Pablo Lemus, colectivos de búsqueda lograron que se reconociera el grave tema de las desapariciones, y pudieron difundir sus macabros hallazgos mediante las redes sociales. Anteriormente Alfaro prohibía que se transmitiera en vivo las labores de búsqueda de los grupos víctimas de desaparecidos.
La terrible realidad de las desapariciones en el país es un pendiente histórico de los tres niveles de gobierno. Pero en esta ocasión la tragedia de características deleznables fue tema internacional por las relaciones de complicidad. Grupos delincuenciales como CJNG embaucan a sus víctimas en centrales camioneras con las falsas promesas de ofertas laborales, para después incluso ofrecer sus órganos en el mercado negro.
Voceros de grupos de búsqueda afirman que los grupos criminales se aprovechan de las necesidades de las víctimas. Testimonios narran hechos inmisericordes como peleas por alimento entre los miembros secuestrados, así como el ajusticiamiento de los más débiles. Estas actividades propias de los mismos campos de exterminio Nazi, se realizaban según diferentes testimonios de sobrevivientes, con la finalidad del entretenimiento de los sicarios del grupo criminal captor.
Si bien esta terrible realidad pone los focos en los gobiernos emanados del partido político de Movimiento Ciudadano, sobre todo en sus pretendidas figuras nacionales como el exgobernador Alfaro, el nuevo mandatario estatal, Lemus y el excandidato presidencial Máynez, la tragedia no puede quedarse en el simple asombro de unos días de estupor mediático.
Con un país sumido en la violencia focalizada en territorios dominados por el yugo del narcotráfico y el crimen organizado, la tragedia de Teuchitlán debe ser un punto de inflexión cuando la Fiscalía General de la Republica, a cargo de Alejandro Gertz, atraiga la investigación. Pero como declaró el funcionario, resulta increíble que las autoridades locales y estatales no supieran de las terribles y mortales acciones que se realizaban en el temido campo de exterminio.
Como se recordará en el año 2010 en San Fernando, Tamaulipas, los Zetas ejecutaron a 72 migrantes en el ejido del Huizchal. Los migrantes fueron interceptados en su viaje rumbo a los Estados Unidos, luego el grupo criminal pretendía robarles, ante la imposibilidad les ofreció sumarse a sus filas delincuenciales, pero la caravana se negó por lo que terminaron ajusticiados con sus cadáveres apilados en el galpón. El único sobreviviente logró huir del lugar y contactar a los marinos que acudieron al lugar de la masacre.
A quince años desde esa barbarie, la mayor contra migrantes, el país no parece haber mejorado mucho en su lucha contra el crimen organizado. El enorme reto que hereda la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, hace parecer que lo ocurrido en el rancho Teuchitlán no tiene remedio. Pero a pesar de la dificultad del momento político y judicial la tarea de poner un límite a estos grupos delincuenciales es irrenunciable.
En medio del proceso para renovar jueces y magistrados la realidad choca con estos hechos imperdonables, donde la justicia siempre brilla por su ausencia. El podrido poder judicial ya no puede otorgar el privilegio de la puerta giratoria para criminales conocidos, sobre todo cuando muchas comunidades ya no pueden sobrevivir al gobierno de facto de los cada vez más violentos carteles.
Políticos, jueces, magistrados, policías y fuerzas armadas ya no pueden tolerar que narco y autoridades mantengan sus lazos de complicidad con los criminales, la sociedad mexicana está cansada de padecer el dominio de poderes fácticos ilegales, que corrompen el estado de derecho en detrimento de la sana convivencia de miles de mexicanos.
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