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La Iglesia católica y el proceso electoral 2018

Como siempre ocurre cuando hay una elección federal, es decir, cada tres años, la Conferencia del Episcopado Mexicano...

25 de abril, 2018

Mónica Uribe

Como siempre ocurre cuando hay una elección federal, es decir, cada tres años, la Conferencia del Episcopado Mexicano emite un documento a propósito de las elecciones, conminando a sus fieles a ejercer el voto según su conciencia. El primer documento de este tipo fue publicado en 1973, “El compromiso cristiano ante las opciones sociales y políticas”. Desde entonces hasta la fecha, cada tres años, en elecciones presidenciales, los obispos en conjunto emiten cartas pastorales para orientar a sus fieles conforme al magisterio de la Iglesia, pero sin inducir a un voto partidista. Ojo, la sutil diferencia entre orientación e inducción es algo que no se comprende fuera del contexto eclesial. Los obispos jamás indican por cuál partido votar, aunque muchos pensarían que de manera subliminal obligan a sus fieles a votar por opciones de derecha y conservadoras. Siento defraudar a quienes asumen la existencia de un ejército electoral católico.

La verdad es que el voto católico jamás ha sido comprobado en México. El catolicismo es muy diverso; en el seno de la Iglesia se encuentran fieles con identificados con todas las opciones del espectro político, sin que por ello renieguen de su adscripción religiosa. Quizá en el Bajío se pueda hablar de una relativa incidencia del clero en las opciones políticas. Pero más que la orientación desde el púlpito es el peso sociocultural de la Iglesia en esa región, zona de donde procede la mayoría de los sacerdotes. El Bajío es el “cinturón levítico” de México y dónde más se concentra el conservadurismo incluso en otras expresiones religiosas, como Luz del Mundo, grupo identificado corporativamente con el PRI.

Otro punto importante en el caso mexicano es que la educación pública laica sí tuvo un impacto fortísimo, por lo que el mexicano promedio ve mal que el clero manifieste posiciones políticas, aun cuando, desde hace más de 25 años, la legislación considera ciudadanos plenos a los ministros de culto, cuya única restricción es que no pueden ser votados para cargos de elección popular. En el caso de las iglesias históricas, los ministros de culto son reconocibles y, por lo que toca a la Iglesia católica, ella misma prohíbe a los sacerdotes participar en contiendas políticas. Por contra, en ciertos grupos cristianos adenominacionales y paracristianos (por ejemplo, testigos de Jehová), no existen restricciones internas para la participación política de sus ministros. A ello habría que agregar la existencia de subterfugios legales, como dejar de ser ministro de culto y luego regresar a serlo, o no registrar a miembros de las asociaciones que sí cumplen una función cultual, precisamente porque no hay diferencia entre fieles y ministros de culto. El caso paradigmático es el líder del Partido Encuentro Social, Hugo Erick Flores, el que se presume que no es ministro de culto y ha sido electo a cargos de elección popular. No se sabe si efectivamente lo fue con anterioridad o es un predicador con cierta responsabilidad en su congregación, pero su discurso público y sus posicionamientos políticos están teñidos de una religiosidad poco frecuente. Lo anterior viene a cuento para señalar que lo que sí existe es un voto evangélico que en 2006 favoreció a Felipe Calderón, gracias a los esfuerzos de Hugo Erick Flores y de la pareja Alejandro y Rosy Orozco, líderes de la agrupación pararreligiosa La casa sobre la roca. En 2012, no tuvieron tanto impacto, pero ahora en 2018, el voto evangélico estará con López Obrador, el voto de los católicos será básicamente el de ciudadanos seculares que se decantarán por diversas opciones, independientemente de su identidad religiosa.

La jerarquía católica sigue siendo la élite de un grupo de presión e interés importante a la que los candidatos deben acercarse durante la campaña, independientemente de su filiación religiosa. Desde 1988, aún antes de los cambios constitucionales en materia eclesiástica, los candidatos presidenciales se reunieron con la jerarquía católica en conjunto. A partir de 1994, esto se hizo de manera formal; desde entonces, generalmente los candidatos se presentan en el marco de la Asamblea Plenaria posterior a Semana Santa que convoca la CEM y como presidentes electos se reúnen con la jerarquía en la plenaria de noviembre, con el también recién electo presidente del Episcopado.

El candidato que más veces se ha reunido con los obispos, y ni por esas ha aprendido a tratarlos, políticamente hablando, es AMLO. Presumiblemente, tendrá algunos seguidores entre los obispos más “progres”, pero en general, trasciende que no es el favorito. Según se supo, de los cuatro candidatos que estuvieron en Lago de Guadalupe, los obispos consideraron que Meade y Anaya, en ese orden, presentaban las mejores propuestas para combatir los problemas más acuciantes. Opinaron que los dos mencionados y Margarita Zavala proponían cosas semejantes. Según se dice, se comenta y se menciona, los obispos no hallaron sentido a López Obrador, porque sólo se dedicó a ponderarles las bondades del cambio que él representa, pero nunca les dijo en concreto qué pretende hacer de llegar al poder – lo que parece bastante probable hasta ahora – , y mucho menos cómo lo va a hacer.

El Episcopado ha presentado dos documentos. El primero conminando a los sacerdotes a no influir en el voto de los feligreses ni utilizar los templos para fines políticos, los Lineamientos para la prevención de sanciones administrativas y/o penales para ministros de culto en materia electoral, del 1 de marzo pasado. En este documento se explican las limitaciones legales de los sacerdotes en materia electoral. El segundo es un diagnóstico de la situación del país en un par de cuartillas, Participar para transformar, del 19 de marzo, en la cual instan a la población a ejercer el voto.

Las cartas pastorales de la CEM generan un cierto recelo y, algunas veces. alarma. A pesar de que, Participar para transformar es un texto bastante discreto en comparación a muchos anteriores, especialmente el de 1988, esta vez el gobierno buscó conceder buena parte de lo que no quiso dar en 1991. El jueves 12 de abril, dos diputados priístas presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público a fin de simplificar las normas, para que las A.R.´s puedan adquirir bienes inmuebles sin el permiso de la SEGOB, que puedan ser concesionarias y operar medios de comunicación, así como generar mecanismos de cooperación entre el Estado y las asociaciones religiosas en materia de desarrollo social y cultural. En cuanto a los ciudadanos, la iniciativa reconoce: el derecho a la objeción de conciencia, sin menoscabo de los derechos de terceras personas; la no discriminación por profesar o no una creencia religiosa; el derecho de las personas a manifestar ideas religiosas en política social; el derecho a recibir y otorgar asistencia espiritual en espacios públicos; el derecho de una persona a definir el destino de sus restos mortales; y el derecho de las personas a contribuir al sostenimiento de las asociaciones religiosas y prestar servicios voluntarios a éstas.

Presentaron la iniciativa un día antes de la reunión de Meade con los obispos. Ello indica que el PRI corteja a la Iglesia católica, pero es una manzana envenenada que la jerarquía sopesará cuidadosamente. No siempre vale más tarde que nunca.

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