El viaje de López Obrador a Washington, D.C. robó por dos semanas la atención de todos los medios nacionales de comunicación. En ese período, ocurrieron eventos en China y Rusia donde sus gobiernos aprovecharon la distracción creada por la pandemia del Covid19, para cambiar equilibrios internos que ponen en duda la vigencia del derecho internacional como lo conocemos hoy y cambian el panorama geopolítico mundial.
En China, el presidente Xi promulgó el 30 de junio pasado, la nueva Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong aprobada por la Asamblea del Partido Popular Chino el 11 de junio pasado. Su promulgación pone fin a la autonomía de gestión de Hong Kong que estaba “garantizada” en el Acuerdo Chino-Británico firmado el 19 de diciembre de 1984 y registrado ante las Naciones Unidas el 12 de junio de 1985. Bajo este acuerdo, a partir de su retorno a China el 1 de julio de 1997, Hong Kong se administraría hasta el año 2047 como “Región Administrativa Especial” contando hasta ese año con un gobierno y leyes especiales que “garantizaban” su autonomía interna, respecto al gobierno central chino, bajo el principio de “un país, dos sistemas”. A través del vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno chino declaró que el acuerdo era un “documento histórico sin ninguna validez en la actualidad”, dejando en claro que a partir de la fecha de promulgación de la nueva ley, Hong Kong sería administrado bajo las leyes del gobierno central chino.
Las reacciones de varios gobiernos europeos, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, y otras democracias occidentales ante esta declaración, anticipan un deterioro en las relaciones comerciales mundiales que seguramente afectará la recuperación post-Covid19 de la economía mundial al aplicar sanciones a China por incumplimiento del acuerdo firmado en 1984. A su vez, de no aplicar sanciones a las exportaciones e inversiones chinas, tal inacción conduciría a un desprecio del derecho internacional y a un menoscabo de la certidumbre jurídica en las transacciones internacionales, que también afectaría el comercio internacional, además del valor de sistemas democráticos como forma de gobierno.
En Rusia, hay que reflexionar el resultado del referendo constitucional llevado a cabo del 25 de junio al 1 de julio pasado. Aprobado por casi 70% del electorado, el cambio constitucional permite ahora al presidente Putin ser reelecto por otros dos períodos al término de su actual mandato (2024), con lo cual, podría extender su dominio de Rusia hasta el año 2036. Más preocupante es el hecho de que la nueva constitución permitirá a Putin como Presidente de Rusia nombrar y despedir a Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de esa nación, así como a los de la Corte Constitucional. Por si fuera poco, las nuevas disposiciones limitan los derechos de la comunidad LGBT, incluyen la creencia en Dios como un valor de la sociedad rusa y otorga prioridad a la legislación rusa sobre las normas internacionales existentes.
Como en el caso de Xi, la nueva constitución afectará la vigencia del derecho internacional y menoscabará la certidumbre jurídica en las transacciones internacionales.
Finalmente, no podemos dejar de lado la reciente anulación por el Consejo de Estado de Turquía del decreto de 1934, mediante el cual, el entonces presidente M.A.Atatürk transformó la mezquita de Santa Sofía en un museo para la humanidad. Esta anulación fue aprobada a petición del Presidente Erdogan, quien desea lograr dos objetivos principales: transformar a Turquía nuevamente en una nación de orientación musulmana, y restaurar el concepto del Imperio Otomano (1299-1923), destruido a finales de la 1ª. Guerra Mundial. Fascinante en sí misma por su historia y tradición, la transformación de la Basílica de Santa Sofía en mezquita por Mehmed II El Conquistador, representó el triunfo del islam sobre la cristiandad a la caída de Constantinopla en el año 1453. Como parte del proceso de secularización de Turqía, en 1931 Atatürk decidió transformar la mezquita en museo, a fin de que perdiera su estatus religioso y permitiera ser admirada por cualquier persona sin importar su creencia. Al dar marcha atrás a esta transformación, Erdogan provoca al mundo occidental y rompe unilateralmente con acuerdos establecidos ante la UNESCO al haber sido declarada por esta como “Patrimonio de la Humanidad” en 1985.
Como en los dos casos anteriores, la decisión de Turquía impone decisiones legales nacionales tomadas de manera unilateral sobre reglas legales internacionales, debilitando cada día más la relevancia del derecho internacional.
¿Cuál debe ser nuestra preocupación? El que al debilitar las reglas e instituciones multilaterales que rigen hasta el momento el comportamiento entre naciones, un país como el nuestro estará cada vez más sujeto a las presiones asimétricas derivadas de su relación con la nación más poderosa del mundo. Los últimos cuatro años han sido una muestra del porqué debería ser importante para el gobierno de AMLO robustecer el andamiaje multilateral, una tarea que, como parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, deberíamos establecer como prioridad de nuestra política exterior.
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