A grandes rasgos, el Compliance o cumplimiento normativo se refiere al conjunto de normas establecidas por y para las empresas en los ámbitos interno y externo. El cumplimiento de estas normas busca prevenir y evitar las conductas ilícitas.
A pesar de que el tema no es nuevo, el Compliance generó mayor atención de parte del sector privado a nivel internacional, luego del escándalo del consorcio alemán Siemens[1] en 2006. La justicia de ese país reveló diversas prácticas de corrupción entre dicha firma y funcionarios públicos de Europa, Asia, África, Medio Oriente y siendo un total de hasta 1.4 billones de dólares los desembolsados por la compañía en sobornos, para obtener contratos en actividades de telecomunicaciones, energía, transportes, entre otros. Cabe mencionar que antes del escándalo la reputación de la compañía era bastante buena, al ser reconocida por sus productos tecnológicos y servicios confiables.
No obstante, al final de la investigación y proceso judicial, además de esa cantidad de dinero en sobornos, Siemens tuvo que pagar alrededor de 1.6 billones de dólares en multas, siendo la mitad para las autoridades norteamericanas.[2] A su vez, de manera interna, se procedió contra 420 empleados de esta empresa, que violaron las normas de Siemens, ya fuera por cometer actos de corrupción, o bien, por fraude y violación de leyes antimonopolio. Como colofón, este escándalo tuvo graves repercusiones en la reputación de Siemens quien gozaba de una imagen favorable como una compañía comprometida con el respeto a la ley y con la libre competencia frente a otras empresas.
En ocasiones, las empresas pueden considerar que algunas normas son un obstáculo para el desarrollo de sus negocios, para lo cual, diseñan estrategias y acciones para intentar quitar dicho obstáculo. Esto puede suponer la gestión directa con funcionarios públicos para modificar dichas normas en beneficio de sus intereses comerciales, es decir, cabildeo con legisladores para reformas las leyes, o con órganos reguladores o del Poder Ejecutivo para modificar o crear nuevas regulaciones más favorables a los objetivos empresariales.
Sin embargo, puede ocurrir que en ciertas circunstancias estas corporaciones consideren que obtendrían mayor ventaja, tanto para sus negocios, como en relación a sus competidores, si recurren a actos de corrupción, a fin de “darle la vuelta” a la ley o garantizar la firma de ciertos contratos.
No obstante, aunque esas acciones de corrupción y sobornos pareciera dar ventajas en el corto plazo, en la actualidad también se han hecho evidentes los problemas que genera la corrupción entre las empresas y sector público. En primer lugar, porque se pierde el control sobre las cantidades de dinero que tienen que pagar las compañías, es decir, puede ocurrir que aquellos funcionarios corruptos pidan cantidades cada vez mayores para mantener el trato hecho con las empresas. En segundo lugar, una vez que las empresas han quebrantado la ley, pueden verse chantajeadas también por esos servidores públicos corruptos con los que hicieron tratos. Y en tercer lugar, existe el riesgo de recibir sanciones, tanto penales para los ejecutivos o empleados que hayan realizado o planeado las acciones de corrupción, como económicas para las empresas. Éstas pueden en ocasiones superar los montos que desembolsaron en sobornos y otros actos de corrupción.
De igual manera, hay que tomar en cuenta que los beneficios de recurrir a actos de corrupción pueden terminar cuando hay cambios de gobierno o de funcionarios, lo cual implica también volver a pagar grandes sumas de dinero y otras dádivas para mantener estas ventajas, o bien, que el funcionario sea incorruptible y prefiera detener esas prácticas y por tanto someter a sanciones a la empresa o empresas corruptas.
Por los motivos antes mencionados es que las empresas cada día invierten mayores recursos para construir o bien fortalecer sus departamentos de Compliance. Algunas de las principales actividades que realizan estas unidades son: 1) implementar estrategias anticorrupción al interior de la empresa, 2) atender tema de denuncias internas, 3) brindar capacitación en anticorrupción, 4) evaluar y manejar los riesgos de corrupción, 5) prevenir el lavado de dinero y fraude, y 6) ocuparse de los temas relacionados con la privacidad de la información.
Con estas acciones es que el sector privado, a nivel internacional, busca atajar posibles problemas por actos de corrupción de ejecutivos y empleados, así como reafirmar con las autoridades su compromiso en el cumplimiento de sus obligaciones legales.>
[1] Algunos de los sectores en los que opera la empresa son el industrial, energético, de salud, entre otros.
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