El pasado 22 de noviembre el Fondo Monetario Internacional (FMI) entregó una serie de recomendaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para mantener finanzas públicas sanas. En vista del contexto complicado que se avecina, dado un posible regreso al proteccionismo de Estados Unidos, la baja de los precios del petróleo y la volatilidad del peso mexicano, es fundamental que se consideren dichas advertencias. Por esta razón, el día de hoy nos daremos a la tarea de analizar dos de ellas principalmente: el establecimiento de un Consejo Fiscal independiente y algunas formas para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones en México.[1]
Una deuda preocupante
En los últimos años el endeudamiento del país ha aumentado significativamente. Simplemente, los datos del FMI, muestran que en 2010 la deuda representaba 42% del PIB para pasar a 54% en 2015. Como explica el reporte, a pesar de que en México existan reglas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) para controlar el déficit, se abusa de la cláusula de excepción que permite no acatar las mismas.
Uno de los motivos de mayor peso para que esto suceda es que el Poder Legislativo no es un verdadero contrapeso del Ejecutivo en temas presupuestarios y de endeudamiento. Ello debido a que existe una asimetría de información técnica donde el Congreso no cuenta con los suficientes insumos para debatir con sustento la asignación óptima del presupuesto. Como causa de este escaso contrapeso no se puede dejar de lado los factores políticos detrás de la asignación de recursos, así como la poca autonomía de los actuales centros de estudios parlamentarios. [2]
Es por esta razón que el FMI, por tercera ocasión,[3] ha propuesto la creación de un Consejo Fiscal con autonomía para que provea insumos técnicos para que el Congreso ejerza un verdadero contrapeso. El órgano ayudaría a nutrir de información de calidad las discusiones sobre el futuro de las finanzas públicas. En particular, el FMI recomienda que éste ayude a establecer metas más rígidas en cuanto a los niveles de déficit y que funcione como un vigilante para que las instancias respeten la LFPRH. Asimismo, deberá buscar que los ingresos extraordinarios se destinen directamente a reducir la deuda.
A pesar del eco que ha tenido esta propuesta entre las Organizaciones de la Sociedad Civil, ésta no ha hecho mella en las autoridades.[4] En la última ocasión que se extendió esta recomendación, en octubre 2016, Vanessa Rubio, Subsecretaria de la SHCP, descartó la propuesta al argumentar qué la prueba de que no se necesita es la supuesta estabilidad macroeconómica del país y la confianza de los inversionistas.[5] En esta ocasión, el secretario Meade, únicamente dijo que revisarían el documento con seriedad.[6] En suma, pareciera que lo único que hace falta para que se implemente esta medida es voluntad política.
Las pensiones que no cuadran
El esquema de beneficios definidos estaba diseñado para pagar montos predefinidos a los pensionistas a través de triangular las aportaciones de los trabajadores activos. Sin embargo, dados los cambios en la pirámide poblacional, la viabilidad del esquema fue insostenible. Por lo mismo, en 1997 se migró a un esquema de contribuciones definidas, es decir, quienes entraran a cotizar al sistema de pensiones tendrían que dar aportaciones fijas a un fondo de retiro (Afores) para obtener su pensión (variable de acuerdo a lo ahorrado). [7]
A pesar de estos cambios, el FMI reporta que los problemas no se han acabado. En primer lugar, dado que se respetaron los derechos de quiénes estaban en el esquema de beneficios definidos, todavía se tienen que pagar sus pensiones, pero ahora sin contar con las aportaciones de los trabajadores activos -quienes están en otro esquema-. En segundo lugar, los futuros pensionados se enfrentan al problema de recibir una baja pensión, ya que sus aportaciones -ayudadas por su empleador y el Estado- solamente les podrán dar aproximadamente el 30% del sueldo que han ganado durante su vida. Con el esquema de beneficios definidos esta tasa de reemplazo[8] alcanzaba del 80 al 100%. En tercer lugar, por lo anterior, las presiones a las finanzas públicas a mediano y largo plazo no se han acabado: estos futuros retirados probablemente requerirán apoyos extra para complementar las pensiones tan bajas.
Dado lo anterior, el FMI recomienda una serie de acciones que deberían llevarse a cabo para darle sostenibilidad al sistema de pensiones:
- Aumentar las cuotas obrero-patronales. Las contribuciones tripartitas (estado, empleador y empleado) son de sólo 6.5% del sueldo mientras que en la OCDE, en promedio, rondan entre el 10 y 13%.[9] Conforme al FMI sería necesario aumentarlas para que los futuros pensionados tengan una tasa de reemplazo mayor y se evite a mediano plazo una generación de la tercera edad con escasos recursos.
Esta recomendación resulta adecuada más no necesariamente prioritaria. En un estudio de la OCDE del 2015 sobre la misma problemática[10], detallan que para que poder aumentar las contribuciones primero tendrían que subir los sueldos de los trabajadores, para que el alza no represente una carga adicional que afecte su calidad de vida.
Asimismo, el FMI olvida mencionar el problema de la falta de cobertura a aquellas personas que no están en un sistema formal de pensiones, y dependen de uno del tipo asistencial no contributivo. A largo plazo estos individuos representaran una carga aún mayor a las finanzas públicas. Un ejemplo es el actual programa Pensión para Adultos Mayores, donde según la Auditoría Superior de la Federación[11] se tendrán que destinar para los próximos 30 años aproximadamente 960 mil mdp (equivalentes al 7.2% del PIB 2013).[12]
- Acabar con el sistema de beneficios definidos. Éste consiste en dos partes. Una, todavía siguen existiendo instancias donde no se ha migrado al nuevo esquema, por ejemplo las universidades estatales. Por ello, sería conveniente que ningún empleado pueda empezar a cotizar en un sistema de este tipo. Dos, a aquellos trabajadores activos que siguen en el sistema de beneficios definidos se debe buscar la forma de respetar sus derechos y migrarlos a uno de contribuciones definidas.
En conjugación con estas recomendaciones, la OCDE[13] por su parte propone que deberían mejorar los mecanismos de contribución voluntaria, aumentar la deducibilidad de los mismos, y eliminar la fragmentación entre sistemas para que los individuos puedan migrar entre trabajos sin ver afectados sus posibilidades de pensión.
Conclusión
México se encuentra ante un panorama complicado. Aunque muchas de las presiones tienen origen externo, es responsabilidad del país, ante ellas, actuar de la mejor forma posible. Es por ello que la SHCP debería considerar las recomendaciones del FMI, las propuestas de la sociedad civil y sobretodo, las buenas argumentaciones para buscar encauzar al país por un camino de finanzas públicas sanas y estables.
[1] La principal fuente de la presente nota es: Mexico. 2016 Article IV Consultation, International Monetary Fund, IMF Country Report No 16/359, disponible en http://bit.ly/2glD3Yd
[2] Para una explicación más amplia de la problemática consultar una nota previa, disponible en http://bit.ly/2gko0dM
[3] Las últimas dos fueron en el reporte anterior disponible en http://bit.ly/1MQdS9o y en un discurso disponible en http://bit.ly/2fW7Jin
[4]Por ejemplo a través del Colectivo Peso que ha hecho reiteradas llamadas en este sentido. Las propuestas se pueden consultar en http://bit.ly/2ca631e
[5] Descarta Hacienda crear consejo fiscal que recomendó FMI, El Universal, 6-octubre-2016, disponible en http://eluni.mx/2dW4nsC
[6] Evaluará Hacienda recomendaciones del FMI, El Universal, 22-noviembre-2016, disponible en http://eluni.mx/2geSXng
[7] Para consultar esta información de manera más amplia consultar OECD Reviews of Pension Systems: Mexico, OECD Reviews of Pension Systems , disponible en http://bit.ly/2glE3Mh
[8] Un estimado que refleja lo adecuado es un sistema de pensiones para sustituir el ingreso principal de los individuos al momento de retirarse. Se calcula como el porcentaje del flujo de ingresos durante el retiro, respecto a los ingresos durante la vida laboral activa.
[9] Informalidad reto de las pensiones, El Economista, 10-febrero-2015, disponible en http://bit.ly/1A9KQNE
[10] Ibid, OCDE
[11] El criterio de elegibilidad se centra en aquellos que no reciben ninguna pensión contributiva o que reciben menos de 1,096 MXN. Reglas de operación disponibles en http://bit.ly/1MfkVJD. Según la Presidencia de la República (http://bit.ly/1Xbb36U) para septiembre 2015 había 5 millones 526 mil en el padrón del PAM, de acuerdo a estimaciones propias esto representa casi el 50% de los adultos mayores de 65 años o más -cifras de la CONAPO (http://bit.ly/1mW4NgG -.
[12] Evaluación de la política pública de pensiones y jubilaciones, ASF, 2013, disponible en http://bit.ly/2fdqVbX
[13] Ibid, OCDE
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