Uno de los temas prioritarios en la agenda de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña y, ahora como presidente de México, ha sido el combate de la corrupción. Sin embargo, por mucho que el presidente lo repita incansablemente en su discurso, no habrá forma de lograrlo si no se le asignan los recursos adecuados a esta tarea. Como dicen comúnmente los norteamericanos, “put your money where your mouth is”, o bien,“invierte tus recursos donde dices tener tus prioridades”.
Hoy en día en México no conocemos cuántos recursos se asignan para combatir la corrupción, en ese sentido, ¿cómo podríamos saber si es realmente una prioridad para el gobierno? El desconocimiento de los recursos que se destinan a este tema se debe a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejó de publicar el Anexo Transversal Anticorrupción, un apartado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) donde se informaba cuánto, quién y en qué se gastaba el presupuesto para combatir la corrupción.
Si hoy un ciudadano quisiera investigar cuánto dinero se destina a este tema, tendría que primero, descargar el presupuesto y revisar los programas y actividades de cada una de las dependencias de gobierno para ver si logra identificar qué tareas anticorrupción realiza cada una e ir sumando los recursos asignados a cada una de ellas. Este sería un largo y engorroso camino que el ciudadano recorrerá sin esperanza de encontrar algo ordenado, concreto y certero.
En el 2018, gracias a la labor de la sociedad civil, donde Ethos Laboratorio de Políticas Públicas llevó la batuta, se logró publicar el Anexo Transversal Anticorrupción, lo que permitió conocer que el gobierno federal destinó 10 400 mdp a combatir la corrupción. Esto representa menos de una cuarta parte de lo que se destinó el año pasado al programa Jóvenes Construyendo el Futuro (44 320 mdp).
Aunque la publicación del Anexo fue un logro, hay que reconocer que tenía áreas de mejora. Por ejemplo, se incluyeron dependencias cuyo vínculo con el combate de la corrupción no es claro, como la Secretaría de Agricultura o el Hospital Infantil de México. Pero con todo y sus defectos, era mejor contar con ese apartado y fortalecerlo que no tener información al respecto.
En enero del presente año, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción publicó la Política Nacional Anticorrupción (PNA), la cual se conforma de 40 prioridades, entre las cuales están:
Desarrollar sistemas de inteligencia para prevenir, detectar e investigar faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción (Prioridad 3),
Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales (Prioridad 9), o
Generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de servicios profesionales de carrera en todos los ámbitos de gobierno y poderes públicos (Prioridad 14.)
Sin duda, estas acciones son relevantes para combatir la corrupción, ¿pero sabemos cuántos recursos serán destinados para llevarlas a cabo? Además de los recursos para cumplir con las prioridades de la PNA, importa saber con cuántos recursos cuentan las dependencias que combaten la corrupción en el país, pero desafortunadamente solo tenemos una parte de la película. Por ejemplo ¿tú sabes cuánto recurso tiene asignada la Fiscalía Anticorrupción para este año?, tiene asignados 110 mdp (aproximadamente 9 mdp por mes), ¿conoces cuánto presupuesto tiene autorizado la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción?, cuenta con 135 mdp. Por otra parte, ¿conoces cuántos Órganos Internos de Control existen y qué presupuesto tiene asignado cada uno? o ¿cuánto está invirtiendo la SFP en prevenir actos de corrupción en los servidores públicos? esas son preguntas relevantes para las cuales no tenemos respuesta.
El apartado del presupuesto que el gobierno eliminó permitía conocer en un solo documento todas estas cifras y compararlas contra otros temas prioritarios para el país como son la atención a niñas, niños y adolescentes; pueblos indígenas; o igualdad entre mujeres y hombres, por señalar algunos ejemplos. Como consecuencia, hoy no es posible realizar una comparación del gasto anticorrupción con otros temas de gasto ni ver la evolución del gasto anticorrupción.
Como conclusión podemos afirmar que conocemos poco sobre el gasto anticorrupción, por eso necesitamos que la SHCP vuelva a incluir el apartado en el PEF para 2021. Esto, permitiría conocer la prioridad que tiene para la presente administración el combate a la corrupción. Por todo ello, es necesario contar de nuevo con el Anexo Transversal Anticorrupción del PEF.
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