Una investigación realizada por ETHOS en diez entidades federativas[1] muestra que, a dos años de la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los brazos estatales de este mecanismo se encuentran “paralizados” por la intervención de gobernadores y legisladores que han “obstaculizado” la correcta implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA).
Subordinación política
En todos los casos analizados se identificó que los gobernadores y diputados locales designaron en puestos clave de los SEA a personas cercanas a ellos o que incluso habían formado parte de su equipo de trabajo. Entre las posiciones ocupadas por individuos vinculados a los poderes locales encontramos contralores, auditores, fiscales anticorrupción y hasta integrantes de los Comités de Participación Ciudadana (CPC).
El actual Fiscal anticorrupción de Veracruz, Marcos Even Torres, fue propuesto por el ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, y es acusado de tener compromisos políticos con administraciones pasadas y, en ese sentido, de no actuar con imparcialidad.
De acuerdo con el director de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) en Veracruz, Iván Gidi Blanchet, “Cuando los fiscales no son independientes, cuando quienes están al frente de esta política anticorrupción tienen una subordinación política, sucede que no actúan con imparcialidad y esto sólo es garantía de impunidad”.
Prácticamente en todos los estados analizados, cuando ha convenido a los intereses del Congreso o del gobernador, se ha podido controlar el proceso de designaciones. En el caso Chiapas y la CDMX, se ha frenado la instalación de su CPC, la Secretaría Ejecutiva y el Comité Coordinador.
Otra forma de interferencia política ha sido mediante el presupuesto 6/10 estados analizados recibieron un presupuesto menor al solicitado y 4/10 ni siquiera cuentan con recursos asignados (Chiapas, CDMX, Guerrero, por ejemplo).
Descoordinación y perfiles inadecuados
De igual forma, actores coinciden en que la participación de los 15 integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Baja California–un número tres veces mayor que en los Sistemas del resto del país–, así como de los 22 miembros del Comité Coordinador (11 autoridades y 11 ciudadanos) hace más difícil llegar a acuerdos.
En palabras del titular del Instituto de Transparencia del Estado, Octavio Sandoval, el proceso se ha vuelto lento y tortuoso “es un modelo muy burocratizado, con demasiadas instituciones públicas involucradas”.
Otro problema al interior de los CPCs se relaciona con la poca idoneidad de los perfiles de quienes integran los Comités. Hay personas que no cuentan con experiencia relevante en el tema, tienen vínculos políticos que socavan su independencia.
En Baja California Omar Marrón Luna es comerciante e ingeniero en electrónica, mientras que Fermín Gutiérrez es médico urólogo. En Guerrero, uno de los integrantes del CPC Ignacio Rendón, pasó ocho años como auditor general del Gobierno estatal, desde 2002, con el priista René Juárez, hasta 2010, con el perredista Zeferino Torreblanca.
Lo más lamentable es que los Sistemas no han atendido una serie de casos notorios de corrupción; como ocurre en Veracruz, en donde el CC del SEA no ha incidido en la investigación y seguimiento a los casos de desvío de recursos públicos que marcaron el gobierno de Javier Duarte.
En otros casos, como Nuevo León, la actuación ha sido calificada por organizaciones de la sociedad civil como muy mediocre, ya que dicha instancia ha centrado su desempeño en atender únicamente asuntos administrativos.
¿Cómo se puede rescatar a los Sistemas Estatales Anticorrupción?
- Replantear los criterios y procesos de designación de autoridades anticorrupción para asegurar que cuenten con capacidad técnica y neutralidad política.
- Los procesos para la designación de autoridades deberán ser más abiertos, transparentes, con plazos establecidos y debidamente difundidos para alentar la participación.
- Pensar en replantear los modelos de designación de puestos clave como el Fiscal General, Fiscal Anticorrupción y los magistrados anticorrupción, de manera que se logre una mayor independencia en la investigación y sanción de hechos de corrupción, con esto se buscaría contrarrestar que la decisión recaiga en el Ejecutivo y la clase política.
- Establecer mayores mecanismos de rendición de cuentas para los CPC de manera que se garanticen mayores y mejores resultados.
- Establecer sanciones para las autoridades que sean omisas en la instalación del Sistema.
- Impulsar la profesionalización de funcionarios anticorrupción orientada a fortalecer capacidades y promover una mejor ética pública.
[1] Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México.
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