El pasado miércoles 19 de febrero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto presidencial que prohíbe la importación de cigarros electrónicos. Esta medida busca proteger la salud de aquellas personas que consumen este tipo de dispositivos y también de las que no los utilizan pero se encuentran expuestos a sus efectos.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, existen más de cinco millones de usuarios de “cigarros electrónicos”. Asimismo, conforme a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Tabaco y Alcohol (ENCODAT) 2016-2017, casi 1 millón de adolescentes probaron alguna vez el cigarro electrónico, y de ellos, 160 mil lo utilizan habitualmente. Estos dispositivos son peligrosos porque generan “baja oxigenación de la sangre o inclusive falla respiratoria, además de un aumento de la sensibilidad de las células de las vías respiratorias a infecciones virales. Su uso de largo plazo aumenta el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón.”
Para entender esta medida debe ponerse en contexto lo que ha sucedido en la política antitabaco en los últimos años y de las estrategias que ha seguido la industria y empresas comercializadoras para continuar con la venta de estos productos. El primer paso en la lucha mundial contra la epidemia del tabaquismo lo dio la Organización Mundial de la Salud (OMS) al presentar, en 2003, el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), que entró en vigor en 2005.
México suscribió el CMCT en 2003 y lo ratificó en 2004; sin embargo, como es frecuente, después de suscritos los compromisos internacionales se deja de lado toda la armonización de las leyes nacionales que permitan cumplirlos. Así, fue hasta 2008 cuando se expidió la Ley General para el Control del Tabaco y desde entonces esta ley prohibió el comercio de cigarros electrónicos, pero faltaba una armonización entre leyes para evitar las prácticas de comercio ilegal.
El decreto presidencial del pasado 19 de febrero puso fin a este vacío y finalmente se homologó la Ley General de los Impuestos de Importación y de Exportación con la mencionada Ley General para el Control del Tabaco, con lo cual México se coloca en sintonía con la tendencia de las medidas de política pública que están siendo implementadas por los gobiernos alrededor del planeta.
En particular, el decreto prohíbe la importación de diversos tipos de dispositivos, entre los que se encuentran los “Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) y los Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), los dos primeros popularmente conocidos como “cigarros electrónicos” o “vapers”, los cuales tienen cartuchos o tanques rellenables (claromizador) que contienen una mezcla líquida (denominada e-líquido) compuesta principalmente de propilenglicol o glicerol y nicotina, así como diferentes saborizantes y otros químicos, y los SACN “heat-not-burn”, que son productos de tabaco que producen aerosoles que liberan nicotina (contenida en el tabaco) y otras sustancias químicas, contienen aditivos no tabáquicos y suelen estar aromatizados”.
No obstante que la publicación del decreto presidencial que prohíbe la importación de cigarros electrónicos busca proteger la salud pública y el bien general, el camino no será terso, ya que las empresas productoras y comercializadoras no están dispuestas a perder sus ganancias y ahora, como en el pasado, han actuado por la vía judicial mediante la promoción de amparos para proteger sus intereses particulares.
En este contexto, actualmente hay varios frentes de batalla abiertos en cuanto a la regulación de estos dispositivos. Por un lado, está la batalla legal que ha dado la empresa Sanborns de Carlos Slim por medio de un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le permite seguir vendiendo cigarros electrónicos. Por el otro, se tiene la respuesta de la empresa trasnacional Philips Morris, ellos afirmaron: “lamentamos la postura prohibicionista del Gobierno Federal que no encuentra sustento ni en la evidencia nacional, ni en la opinión de expertos nacionales e internacionales que coinciden en que la prohibición abre la puerta y aumenta el incentivo para un mercado ilegal que elimina controles de calidad, facilita el acceso para menores de edad y hace que los usuarios que ya consumían opciones menos dañinas, regresen al cigarro convencional”.
El tercer frente de batalla se desarrolla en el Congreso de la Unión, donde algunas empresas parecen haber “cabildeado” exitosamente para proteger sus intereses, pues lograron tener representación en un foro sobre regulación de cigarros electrónicos convocado por la Cámara de Diputados para el pasado miércoles 19 de febrero. Un día antes del evento, la organización Salud Justa Mx informó que, a consecuencia de la presencia de representantes de intereses privados en el foro, “la Secretaría de Salud y las organizaciones sociales no participarán del foro. Esto deja claro que la publicación del decreto de prohibición a la importación de cigarros electrónicos es solo un paso en un camino que aún será largo y complejo.
2 https://drive.google.com/file/d/1Iktptvdu2nsrSpMBMT4FdqBIk8gikz7q/view p.50.
6 https://drive.google.com/file/d/1Iktptvdu2nsrSpMBMT4FdqBIk8gikz7q/view
7 https://www.animalpolitico.com/2020/02/cigarros-electronicos-prohibicion-decreto/
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