La semana pasada la organización Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción para el 2018, en el que se señala que México retrocedió tres posiciones respecto al 2017 para ahora ubicarse en el lugar 138 de 180 países. Tristemente, este resultado reafirma una tendencia que México arrastra desde el 2014, habiendo caído desde la posición 90 que ocupamos en ese año. Este resultado confirma la falta de avances durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, marcado por casos de corrupción como la Casa Blanca, la Estafa Maestra, Odebrecht, por mencionar algunos.
El Índice recaba datos de 13 fuentes de información a nivel internacional que permiten medir conductas corruptas dentro del sector público; como lo son el soborno, malversación de fondos, nepotismo y captura del estado; al igual que mecanismos del Estado para prevenir la corrupción como: habilidad para implementar mecanismos de integridad, persecución efectiva de funcionarios corruptos, nivel de obstaculización burocrática, regulación para gestionar conflicto de interés y mecanismos de transparencia, y protección para denunciantes, periodistas e investigadores.
A nivel regional, México también se encuentra en una posición alarmante. Nuestro país se encuentra 53 posiciones abajo de Argentina y 111 abajo de Chile. De igual forma, es el país que se ubica en último lugar entre los miembros de la OCDE. Solamente se supera por poco a países como Guatemala y Nicaragua, quienes enfrentan una crisis gubernamental y democrática.
¿A qué se debe la calificación?
- Enfoque primordialmente preventivo, sin fortalecimiento a mecanismos de investigación y sanción.
- Inefectividad en desmantelamiento de redes de corrupción.
- Instalación incompleta del SNA.
Según el análisis de Transparencia Mexicana, sin miedo al castigo real por parte de las autoridades, los actores implicados en redes de corrupción pueden seguir delinquiendo tranquila e impunemente. Ello no sorprende en un país donde menos del 10% de todos los delitos son denunciados y menos del 1% llega a una resolución favorable para el denunciante.
De igual manera, a tres años de su creación, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sigue sin ser implementado en su totalidad, careciendo todavía de un titular de la Fiscalía Anticorrupción y de los jueces anticorrupción. Estos retrasos han hecho prácticamente imposible que el Sistema produzca los resultados para los cuales fue diseñado, no sólo a nivel federal sino también local.
¿Qué nos hace falta?
- Consolidar al SNA y los sistemas estatales anticorrupción.
- Hacer énfasis en fortalecer las etapas de investigación y sanción de los actos de corrupción.
- Desmantelar redes de corrupción.
- Buscar la independencia operativa de las instancias anticorrupción.
- Afinar enfoque punitivo, buscar el resarcir daños y recuperar bienes.
- Destinar recursos a instancias anticorrupción.
- El nuevo gobierno necesita producir resultados en el combate a la corrupción.
Sin duda, nuestro país requiere dar pasos firmes hacia el combate a la corrupción. Ello implica que se rompa el pacto de impunidad que prevalece en los sectores público y privado, y que el nuevo Gobierno refrende su compromiso y dé señales de ello.
Un primer paso podría ser concluir la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción, nombrando al titular de la Fiscalía Anticorrupción. La responsabilidad de ello recae ahora en Alejandro Gertz Manero, el nuevo Fiscal General de la República. Más allá de las nuevas facultades que se otorguen a la Fiscalía, es importante que el gobierno respete la independencia de este organismo y fomente su profesionalización. Ello permitiría a la procuración de justicia desempeñar sus funciones con mayor libertad y objetividad, al no estar firmemente sujeta a intereses políticos.
Para que el propio Sistema Nacional Anticorrupción produzca resultados tangibles, es necesario afinar el enfoque punitivo del mismo. El Gobierno de México ya ha demostrado un compromiso fuerte en otros temas de interés para la ciudadanía, como lo es el combate al robo de la gasolina. A pesar de un gran costo reflejado en la comodidad de la ciudadanía, el Gobierno se mostró firme y sigue buscando alternativas para acabar con este mal. Ese mismo nivel de compromiso se requiere para el combate a la corrupción, el cual debe asistirse de una política integral y que implique a diversos actores a nivel nacional y local.
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