Ley de Seguridad Interior

El pasado miércoles 10 de enero, el PRD presentó su Iniciativa de Ley de Seguridad Interior.

19 de enero, 2017

El pasado miércoles 10 de enero, el PRD presentó su Iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Dicha Ley buscaría regular la actuación del ejército en las calles en casos donde la gobernabilidad de ciertas áreas se encuentre en peligro. Esta iniciativa se suma a la del PAN y PRI, con el fin de que sea discutida, llegar a un consenso y ser  aprobada en febrero.[1] Ante la polémica que se ha generado por las propuestas y las preocupaciones de los expertos, el día de hoy nos daremos a la tarea de analizarlas.

Crónica del tema en la agenda pública

El uso del ejército para funciones de seguridad interior siempre ha sido un tema muy polémico. Las 12,400 quejas que la CNDH ha recibido en los últimos 10 años por actos de las fuerzas armadas, evidencian la necesidad de regular sus funciones de combate al crimen organizado.[2] Ante este escenario, en septiembre y noviembre del 2016, el PAN y el PRI presentaron su iniciativa de ley al respecto.[3]

En diciembre de ese mismo año, en un evento con prensa, el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos, recalcó que se han cumplido 10 años del uso del ejército para funciones de seguridad interior y que no observa voluntad para acelerar la regulación de las fuerzas armadas en esta función. Estas declaraciones pusieron nuevamente el tema de la Ley de Seguridad Interior en la Agenda Pública.

Convergencias  y divergencias entre los partidos[4]

1)    Motivos de intervención

Las 3 propuestas justifican la intervención del ejército debido a infiltraciones del crimen organizado, actos que buscan quebrantar las instituciones, entre otros. Sin embargo, la propuesta del PRD se distingue por un periodo de transición (6 meses) en el que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evaluará las capacidades de los cuerpos policiacos donde actualmente están las Fuerzas Armadas y, con base en ello, se decidirá el retiro o su permanencia.

2)    Declaratoria de intervención

Las iniciativas coinciden en que la petición de declaratoria de intervención podrá ser formulada por el Ejecutivo federal, los gobernadores y los Congresos estatales. Por su parte, el PAN incluye también al Senado de la República. Asimismo, este  partido se distingue al proponer la creación de un Comité de Seguridad Interior como parte del Consejo de Nacional de Seguridad que analizará las solicitudes de intervención a efecto de otorgar recomendaciones al Ejecutivo.

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Fuente: Elaboración propia con base en las iniciativas.

3)    Formas de intervención

En lo que respecta a las formas de intervención, los tres partidos coinciden en que las fuerzas armadas deben involucrarse en tareas de prevención. No obstante, no hay consenso en lo que respecta a su facultad para investigar, perseguir, detener personas y el aseguramiento de bienes.

4)    Duración

Los partidos prevén que la declaratoria podrá durar hasta un año en el caso del PAN, un año con posibilidad de prorrogarse en el caso del PRD y el tiempo que sea necesario en el caso del PRI.

Críticas y preocupaciones

Los expertos señalan que el rumbo del debate en el Congreso excluye las perspectivas de derechos humanos. Asimismo, señalan que legislar sobre seguridad interior es un incumplimiento a la Constitución al no ser facultad del Congreso ya que la misma establece que la seguridad debe estar a cargo de las autoridades civiles. Especialmente, señalan que la definición de seguridad interior es confusa al no ser seguridad nacional ni seguridad pública.

Asimismo, puntualizan que esta regulación sería un incentivo a que los policías civiles no se fortalezcan; no obstante, reconocen que las Fuerzas Armadas no pueden dejar de hacer su labor en ciertas zonas ya que el país debe recuperar el monopolio legítimo de la violencia. Señalan que es un camino falso regular aquello que de por sí es irregular.[5] Otros expertos señalan que ésta Ley se suma a las del 2016, cuando se discutieron iniciativas que promueven la suspensión de garantías y se aprobaron reformas a los códigos militares, traduciéndose en una posible legalización para la instauración de gobiernos autoritarios en el país.[6]

Conclusión

Si bien es importante regularizar la actuación militar en las calles, no se logra entender la aparente prisa del Congreso tras diez años de inacción. Medidas tan importantes como ésta deben ser meditadas con cautela además de incluir la voz de expertos y de la ciudadanía.


[1] Barbosa da a conocer cuarta iniciativa sobre seguridad interior, El Universal, disponible en http://eluni.mx/2jBrIoV

[2] Un General Secretario, un Presidente débil y un Estado fallido para una Ley de Seguridad Interior al vapor, SDP Noticias, disponible en http://bit.ly/2jMS1Zl

[3] Iniciativa del senador Gil Zuarth de Ley de Seguridad Interior, Senado de la República, disponible en  http://bit.ly/2df2GHj e Iniciativa por la que se expide la Ley de Seguridad Interior, Cámara de Diputados, disponible en :http://bit.ly/2jF5Jto . El PAN en 2015 había presentado otra iniciativa disponible en http://bit.ly/2jFcL12

[4]La sección se basa en lo siguiente: documentos del PAN disponibles en http://bit.ly/2cArZWm y http://bit.ly/2jgxCuH ; documentos del PRD disponibles en http://bit.ly/2jMK5rj y http://bit.ly/2jF5sXu ; documento del PRI disponible en http://bit.ly/2isNnOl ; así como el artículo del Huffington Post titulado Congreso busca aprobar en fast track la ley para militizar el país, disponible en http://bit.ly/2j8KK36 .

[5] Ibid, Fundar

[6] Ibid, Huffington Post

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