La crisis que enfrenta el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, parece no tener fin. El mandatario ha sido acusado de ejercer presión política sobre la entonces Fiscal General Jody Wilson-Raybould para que ésta interviniera en el caso de la constructora SNC-Lavalin. Concretamente, Wilson-Raybould ha señalado que enfrentó “amenazas ocultas” y una “presión sostenida” por parte del gobierno en turno. Actualmente, la empresa enfrenta un proceso judicial en Canadá por supuestos sobornos pagados a funcionarios en Libia entre 2001 y 2011 para asegurar contratos durante el régimen de Moamer Kadhafi. De ser condenada en Canadá, la empresa no podría obtener contratos en un período de diez años.
A raíz de este escándalo, el gobierno está evaluando la posibilidad de separar a la Fiscalía General del Ministerio de Justicia, para permitir que trabaje independientemente de las presiones y dinámicas del gabinete. Sin embargo, algunos críticos señalan que ésta medida no toca el meollo del asunto, que es la voluntad de los actores políticos de hacer valer el estado de derecho por encima de sus intereses partidistas.
¿Cómo funciona el modelo canadiense de procuración de justicia?
El titular de la Fiscalía General es, a su vez, el ministro de Justicia de Canadá, lo cual significa que es un miembro del gabinete designado directamente por el primer ministro. A pesar de ello, el país cuenta con una costumbre arraigada de independencia de los procuradores de justicia. Las decisiones que toma el Fiscal General, no deben ser consideradas decisiones de gobierno, y por ende no son consultadas con el resto del gabinete. Ello procura la independencia de la Fiscalía General, ya que se espera que su titular no tome en consideración factores políticos en su toma de decisiones.
¿El gobierno vulneró la independencia de la Fiscal General?
La ex Fiscal General declaró que el primer ministro y su oficina la contactaron en diversas ocasiones entre septiembre y diciembre de 2018 para abordar el tema de SNC- Lavalin. Según su testimonio ante el comité parlamentario, la oficina de Trudeau estaba preocupada acerca de los efectos electorales que pudiera tener la inhabilitación de la empresa. Ello podría llevar a la pérdida de miles de trabajos en Quebec1 y posiblemente afectar al partido Liberal, quien ocupa 40 de los 78 escaños de la provincia francófona. La solución preferida del gobierno implicaba extender la opción de una multa a la constructora, la cual permitiría acabar con el proceso judicial y evitar la posible inhabilitación.
No obstante, la entonces Fiscal se mantuvo firme en su decisión de permitir la continuidad del proceso judicial y pidió al gobierno que cese su intervención en el asunto. En el mes de enero de 2019, fue separada de su cargo por el primer ministro para ocupar un puesto de menor importancia. Esta medida ha sido señalada como una represalia política dada la negativa de la ex fiscal a aceptar la solución planteada por el gobierno, mientras que éste argumenta que el cambio se debió a otra renuncia dentro del gabinete.
Sea cual sea la motivación real, esta situación deja ver lo complicado que puede ser el garantizar la independencia de la procuración de justicia. En este caso, el primer ministro o su equipo no aparentan ser motivados por intereses particulares. A la fecha, no parecen existir vínculos de negocios, amistad o parentesco con ejecutivos o accionistas de la empresa que expliquen la intervención del gobierno.
¿Qué sigue?
Actualmente, tanto el Comité de Justicia del Parlamento como la Comisión de Ética han abierto investigaciones sobre el caso. Sin embargo, se espera que la investigación de la Comisión de Ética no resulte en mayor impacto, ya que su mandato se limita a investigar conflictos de interés definidos por ley. De igual manera, la investigación parlamentaria puede resultar en poca acción legal en contra del gobierno, ya que el Comité cuenta con una mayoría de diputados Liberales leales al gobierno.
Las consecuencias para Trudeau y los Liberales probablemente sean más políticas que legales. Los canadienses renuevan su parlamento en los comicios de octubre, y las encuestas ya demuestran una caída en las preferencias del partido Liberal y un incremento de las personas que consideran que el primer ministro debe dimitir del cargo. A la fecha, la confianza del público en el gobierno ya se vio afectada por las renuncias de Wilson-Raybould (quien había sido asignada el portafolio de asuntos veteranos) y de Jane Philpott, recién designada como presidenta de la Junta del Tesoro.
Ciertos líderes de opinión señalan que Trudeau ya no cuenta con la calidad moral para seguir al frente del gobierno, ya que sus acciones reflejan la disposición de su gobierno para violar normas constitucionales. El columnista Andrew Coyne señala que, si bien es deseable generar cambios institucionales que ayuden a resguardar a la fiscalía, ello no sustituye la voluntad política que es necesaria para respetar su independencia al largo plazo2. Si no fuese por la integridad de la Fiscal Wilson-Raybould, SNC Lavalin probablemente hubiese pagado una multa y regresado a su forma de hacer negocios sin mayores cambios.
1. Según el periódico inglés The Guardian, la empresa emplea a 3 mil 400 personas en Quebec. https://www.youtube.com/watch?v=Cjq1ccXV6hE
2. https://nationalpost.com/opinion/andrew-coyne-wilson-rayboulds-testimony-is-just-the-beginning-we-must-get-to-the-bottom-of-this?video_autoplay=true
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