En distintas ocasiones hemos escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionar que el combate de la corrupción es una prioridad para el nuevo gobierno. Desafortunadamente, esta intención no se vio reflejada del todo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2019.
Para este año, una parte importante de las instancias cuyas actividades están relacionadas con el combate de la corrupción, verán reducido su presupuesto. Las más afectadas fueron la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), con reducciones de 27% y 26%, respectivamente. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también sufrió un recorte de alrededor del 21%, mientras que la reducción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue del 14%. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también tuvo una reducción de 0.5%, a pesar de las nuevas atribuciones y responsabilidades que se le han otorgado a partir de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Frente a este escenario habrá que preguntarse, ¿en qué medida estas reducciones afectarán las funciones de combate a la corrupción de dichas instancias? Por ejemplo, con un presupuesto menor, la SFP dejará de promover la profesionalización del servicio público o la capacitación de los Órganos Internos de Control (OICs)? Se reducirán las acciones para detectar o investigar actos de corrupción? Habrá recursos para el desarrollo de la Plataforma Digital Nacional? Por el momento algunas de estas preguntas carecen de respuesta.
Otro punto a resaltar es la desaparición del Anexo Transversal en materia de Anticorrupción, el cual se presentó por primera vez en el PEF para 2018 con el nombre de “Anexo para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hecho de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos.” Éste nos permitía monitorear cuánto, cómo y quién gastaba los recursos destinados al combate de la corrupción.
En el 2017, diversas organizaciones señalaron las implicaciones de no poder cuantificar y rastrear el gasto destinado al combate de la corrupción. Como resultado de una estrategia de incidencia encabezada por Ethos, el Anexo se presentó por primera vez en 2018, estipulando que el presupuesto destinado al combate de la corrupción ascendía a 10,400 mdp.
Desafortunadamente, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 desaparece esta herramienta, lo cual no sólo representa un retroceso en la transparencia de estos recursos, sino que elimina la posibilidad de promover la eficiencia de este gasto, ya que la identificación de qué instancias ejercen estos recursos, de qué forma y en qué magnitud, es una condición necesaria para evaluar el desempeño de las dependencias involucradas en el combate de la corrupción.
Entonces, aun cuando en el discurso el combate de la corrupción es una prioridad del gobierno entrante, presupuestariamente no parece serlo, no sólo por las reducciones al gasto de las dependencias, sino porque la desaparición del Anexo Transversal Anticorrupción, elimina la posibilidad de monitorear el destino y elevar la calidad del gasto anticorrupción.
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