En las últimas semanas, ha surgido un debate entre miembros de MORENA de la Cámara de Diputados sobre si debería o no reformarse el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco.
Por un lado, Alfonso Ramírez Cuéllar, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considera que actualizar el impuesto inhibiría el consumo de este producto, incrementaría la recaudación y los ingresos adicionales podrían destinarse al sistema de salud.[1] Por otro lado, el coordinador de los diputados, Mario Delgado, considera que, en tanto no se hagan palpable que ya no existe “despilfarro ni corrupción en el gobierno”, no existe legitimidad para exigir mayores contribuciones.[2] Asimismo, considera que dicha medida contravendría con lo prometido por AMLO, de no incrementar impuestos hasta el 2021,[3] lo que incluso refrendo en una de sus últimas mañaneras.
Las OSCs, ante esta coyuntura, han manifestado que, más allá de los contextos políticos o electorales, debería imperar la salud pública como motivo para rediseñar el impuesto.[4] Al respecto, en Ethos recientemente publicamos el estudio Acelerando la fiscalidad al tabaco en México: Política tributaria y costos sanitarios, el cual detallaremos el día de hoy.[5]
¿Qué es y cómo funciona el IEPS?
El IEPS es un impuesto extrafiscal, que impone una tasa y/o cuota específica a aquellas actividades que generan un costo social o algún comportamiento negativo. Para el caso del tabaco, es un hecho que al aumentar el precio de las cajetillas se desalienta el consumo entre la población. Si bien el impuesto ya existía de manera previa, no fue hasta el año 2011 que éste se vinculó a los esfuerzos del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (firmado por México en 2005).
El impuesto al tabaco consiste de dos componentes. El primero, denominado ad valorem, funciona de manera similar al IVA, es del 160% y se aplica al valor de la cajetilla. El segundo, la cuota fija, agrega 35 centavos por cada cigarrillo que contiene el empaque. De este modo en la actualidad, los impuestos representan cerca del 67% del precio final de la cajetilla aún por debajo del 75% recomendado por la OMS.
¿Qué problemas presenta su estructura actual y por qué?
Existen principalmente dos problemas en política fiscal al tabaco actualmente:
- Falta de actualización en los componentes del IEPS. Desde el año de su implementación, la cuota fija de 35 centavos no se ha actualizado con el tiempo, por lo cual, ante la inflación y los incrementos en los ingresos, en términos reales el impuesto cada vez tiene menor valor. Ello reduce su capacidad de prevenir el consumo de tabaco y merma la recaudación. Incluso, de acuerdo a nuestras estimaciones, entre los años 2013 y 2017 ello ha representado una recaudatoria de al menos 1,889,700 mdp.
- Se desconoce cómo se utilizan los recursos. Salvo por el 8% que se destina a las Participaciones Federales, no es posible conocer en qué y cómo se utilizan los recursos del IEPS, debido a que su totalidad se destina al gasto público en general, sin considerar que una porción de éste podría destinarse a las actividades para el control del tabaco.
Algunas de las razones detrás de este diseño inadecuado están en que en la Ley del IEPS, no se incluyeron mecanismos para actualizarlo periódicamente. Aunado a que, en 2014, el Ejecutivo Federal se comprometió a no modificar la legislación tributaria, hasta noviembre de 2018 a través del Acuerdo de Certidumbre Tributaria. No sobra mencionar que la industria tabacalera también ha realizado actividades de cabildeo para evitar cambios.
¿Qué consecuencias tiene?
De acuerdo a las últimas estimaciones, 8% de las muertes anuales en el país estuvieron relacionados con el tabaquismo y alrededor de 300,000 personas han sido diagnosticadas con alguna enfermedad relacionada con su consumo. En 2015, el tratamiento de estas enfermedades representó 75,569 mdp, el 6.6% del gasto anual en salud. No obstante, la recaudación del IEPS al tabaco solamente cubre la mitad del tratamiento de las enfermedades, sin contar las actividades que buscan la prevención y disminución del consumo.
En contraste, el principal programa en atender y prevenir el tabaquismo, el Programa Prevención y Atención Contra las Adicciones, cuenta con poco financiamiento. Para 2017, se ejercieron alrededor de 1,175 mdp, lo que equivale al 0.90% del gasto total del sector salud. Cabe decir que se desconoce la eficiencia de este gasto dado que no cuenta con indicadores para medir su desempeño.
¿Que proponemos desde Ethos?
Consideramos que incrementar dicho impuesto no sólo ayudaría a fortalecer las finanzas públicas en tiempos de austeridad, sino que es importante para disminuir el consumo de tabaco y para reducir la carga que tienen al erario público las enfermedades derivadas de su consumo. Un primer acercamiento para solucionar esto está en que los componentes del impuesto, como la cuota fija, se ajusten anualmente a un nivel al menos igual a la inflación (como sucede con el IEPS al combustible o a las bebidas azucaradas) para alcanzar lo recomendado por la OMS. Un segundo, sería vincular, en cierta medida, lo recaudado con los esfuerzos antitabaco y, en paralelo, rediseñar la arquitectura presupuestaria para conocer mejor la eficiencia de lo que se destina a estas actividades.
[1] Cámara de Diputados. (2019): https://bit.ly/31FR4nN
[2] Cámara de Diputados. (2019): https://bit.ly/2Na63m2
[3] Méndez, E. & Garduño, R. (2019): https://bit.ly/30ahsFV
[4]Albarran, E. (2019). El Economista: https://bit.ly/2Z0XfRy y El Poder del Consumidor (2019). https://bit.ly/2MlE0QV
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