Hace unos días tuve la oportunidad de asistir a un foro organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), denominado “Foro Global en Anticorrupción e Integridad”. En esta séptima edición, el foro contó con la participación de alrededor de 2000 participantes de aproximadamente 120 países. Entre los participantes y expositores, se encontraban funcionarios de gobierno, académicos, organizaciones de sociedad civil, entre otros.
El foro contemplaba la realización de distintas sesiones con temas que tienen un vínculo innegable con el combate de la corrupción como: el cabildeo, la gestión del agua, las tecnologías cívicas, el servicio profesional de carrera, el análisis del big data, entre otros.
No obstante, cabe señalar que el lema principal del foro fue Tech for Trust, traducido al español como “la tecnología como un mecanismo para generar confianza”. En este sentido, se señaló en un par de sesiones cómo la tecnología actualmente representa una oportunidad y, a la vez un riesgo, en el combate de la corrupción. Lo anterior, debido a que ésta puede traducirse en mayor transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, la tecnología también permite el anonimato y la secrecía en la operación de ciertas redes de corrupción, hackers, movimiento de algunas criptomonedas, entre otros. Una conclusión generalizada en torno al tema es que desafortunadamente los avances en el ámbito tecnológico son tan rápidos que las legislaciones nacionales e internacionales van rezagadas en lo que respecta a su regulación.
Uno de los paneles que me pareció más interesante se denominó “Repensando la Integridad y Anticorrupción”. En dicho panel participó un académico de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido llamado Paul Heywood, el cual se ha dedicado la mayor parte de su vida académica al estudio de la corrupción. Uno de los comentarios más provocadores del docente fue que en realidad no hemos avanzado de donde estábamos hace 25 años en el combate de la corrupción debido a tres razones principales: 1) los esfuerzos para llevar a cabo el trabajo de manera adecuada no son suficientes, 2) no hay voluntad política, 3) hay una brecha de implementación relacionada con la capacidad que tienen los gobiernos de implementar las medidas que se plantean.
De igual forma, invitó a la audiencia a hacerse las siguientes preguntas:
- ¿Nos estamos plantando los objetivos correctos?
- ¿Es adecuado el enfoque cero tolerancia?
- ¿Hemos analizado las normas sociales lo suficiente?
- ¿Nuestra aproximación al problema es la adecuada?
- ¿Conocemos realmente cuáles son nuestras capacidades para la implementación?
En su opinión, nos debemos hacer estas preguntas porque la estrategia ha fallado. Incluso, invitó a los asistentes a dejar de hablar sobre el combate a la corrupción y plantearlo más en términos de la reducción del fenómeno. De igual forma, el académico recalcó la necesidad de dejar de tener al estado nación como el actor principal de análisis. La corrupción se da de tantas maneras y a tantos niveles que es inadecuado hablar de un combate generalizado. Solemos tener un enfoque muy genérico y se requiere tener un objetivo más preciso. Hablar de corrupción en un sector, por ejemplo. Se han dado mayores avances en sectores específicos, por lo que debemos de identificar problemas particulares y analizarlos en una escala correcta. Ello va de la mano con la necesidad de implementar medidas y acciones que sean técnica y políticamente factibles.
Una de las principales conclusiones es que nunca tendremos un mundo libre de corrupción por lo que lo mejor será aprender a administrar el problema. Es importante que dejemos a un lado aspiraciones poco realizables.
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