Si bien no existe una definición única de participación ciudadana, ésta se considera como un proceso donde los ciudadanos se organizan, priorizan sus objetivos y trabajan en conjunto con organizaciones no gubernamentales con el fin de influir en la toma de decisiones públicas.[1] Esta participación se puede dar en diversos ámbitos, desde las políticas educativas, ambientales hasta aquellas fiscales y de presupuesto. Así, la participación ciudadana es un aspecto fundamental en cualquier democracia ya que permite diseñar mejores políticas públicas que consideren las distintas perspectivas existentes acerca de un problema.[2]
¿Cómo surge la participación ciudadana?
Lamentablemente, la participación ciudadana no sucede por sí sola. Para que ésta exista se tienen que dar una serie de condiciones que permiten que ésta se lleve a cabo y que, además, tenga consecuencias reales en la solución de los problemas públicos.
Por un lado, es importante que la ciudadanía esté empoderada, es decir, que tenga las habilidades y conocimientos para poder participar y organizarse para exigir cambios. Por otra parte, deben existir las leyes, regulaciones y políticas que permitan canalizar efectivamente esta participación a las decisiones gubernamentales. Es decir, deben existir canales concretos como lo son las audiencias públicas, los referendos, los espacios de discusión, entre otros para que los servidores públicos puedan escuchar directamente a los ciudadanos.[3] En este tenor, las autoridades deben mostrar un verdadero compromiso de apertura hacia los ciudadanos y así asegurarse que las necesidades y requerimientos de estos últimos sean atendidos. Además, idealmente los gobiernos deben buscar involucrar a todos los interesados para que la solución sea satisfactoria para la mayoría.
Es importante señalar que una condición primordial para que lo anterior pueda suceder es que exista transparencia de la información que genera el gobierno la cual debe ser relevante, entendible y utilizable para que pueda ser aprovechada por los ciudadanos. De igual forma, se requiere que estos últimos y las organizaciones de la sociedad civil tengan la suficiente capacidad para hacer sentido de esta información y, a partir de ello, fiscalizar al gobierno y proponer mejoras.
Presupuesto público y participación
Si bien la participación ciudadana en todos los aspectos públicos es benéfica, en particular, cuando ésta se incluye en los procesos fiscales y presupuestales esto incide directamente en la calidad del gobierno, en la provisión de bienes públicos y en la efectividad del Estado. Esto debido a que hace a los ciudadanos participes en vigilar que se ejerzan correctamente los proyectos que se pagan con sus recursos -los recursos públicos-. Al respecto, el International Budget Partnership considera que cuando no existen suficientes mecanismos de participación, se le da pie al ejecutivo para que elija programas a su elección que pueden ser poco populares, inapropiados o que ocasionen dispendios y corrupción. [4]
En este tenor, la Iniciativa Global por la Transparencia Fiscal (GIFT) considera que existen cuatro rubros en especial donde los gobiernos deberían buscar la participación de la sociedad en términos del presupuesto público[5]:
- Ciclo presupuestario anual. Desde la estrategia fiscal, la preparación del presupuesto anual, su presentación ante el legislativo, su implementación, su evaluación y en las adecuaciones presupuestarias.
- En las iniciativas, planes, revisiones de ingreso, gastos, financiamiento, entre otros. Es decir, en las iniciativas que puedan surgir fuera del ciclo anual o que se encuentren más allá de este espectro de tiempo.
- En el diseño, producción y entrega de bienes y servicios públicos. Desde el diseño de la entrega de los mismos así como en la creación de ciertos estándares de calidad, así como en mecanismos de monitoreo y evaluación de estas acciones.
- En la planificación, evaluación e implementación de proyectos de inversión pública. En la planificación nacional y sectorial mediante la preparación, evaluación y selección de proyectos, así como en la implementación, auditoría y revisión de los proyectos
Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) juegan un papel fundamental ya que, al contrario del ciudadano de a pie, cuentan con los habilidades que permiten entender si el presupuesto público se está ejerciendo de manera eficiente, tienen la capacidad para alzar la voz y para señalar cuáles deberían ser las prioridades del gasto público.[6] No obstante, a pesar de los beneficios que producen, en muchas ocasiones se suele dudar acerca de dónde radica la legitimidad de las OSCs de hablar a nombre de la ciudadanía dado que no han sido votadas ni comisionadas por los ciudadanos en general. En este sentido, se considera que su mejor bandera es su trabajo previo y la transparencia de sus intereses.[7]
Además de la participación de las OSCs en los distintos procesos de formulación y ejecución del presupuesto, una de las formas para involucrar a la ciudadanía son los presupuestos participativos. Esto son ejercicios democráticos donde la comunidad decide a través de una votación como ejercer una porción de los recursos públicos.
La participación presupuestaria en México y el mundo
Bianualmente, el International Budget Partnership realiza un sondeo con expertos de cada uno de los países con el fin de evaluar hasta donde es el grado de apertura presupuestaria y si estos se traducen en canales efectivos de participación ciudadana (Open Budget Survey). En la última edición (2017) uno de los principales hallazgos es que, aunque en los últimos diez años a nivel global estos rubros han mejorado, en general se presentó un retroceso respecto a 2015.[8]
En cuanto a los mecanismos de participación, se considera que México tiene pocos espacios ya que obtiene un promedio de 35 puntos sobre 100. [9] Al respecto, al país se le recomienda hacer pruebas piloto para fomentar el intercambio de punto de vista en asuntos del presupuesto público, que el legislativo de espacio a la intervención de la sociedad en la formulación del presupuesto y que la Auditoría Superior de la Federación establezca canales de participación ciudadana para que el público pueda ser partícipes de auditorías e investigaciones relevantes.[10]
[1] Citizen Participation Handbook, People’s Voice Project, International Centre for Policy Studies, 2012, http://siteresources.worldbank.org/INTBELARUS/Resources/eng.pdf
[2] The Hague Academy for local governance, 7 conditions for Succesful Citizen Participation, https://thehagueacademy.com/blog/2018/05/7-conditions-successful-inclusive-citizen-participation/
[3] Promoting Fiscal Openness, Alasdair Roberts, February 2015, https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/promoting-fiscal-openness-gift-ibp-2015.pdf
[4] Role of Civil Society Budget Work, International Budget Partnership. Disponible en https://www.internationalbudget.org/why-budget-work/role-of-civil-society-budget-work/
[5] Principles of Public Participation in Fiscal Policy, Diciembre 2015, Global Initiative for Fiscal Transparency. Disponible en http://fiscaltransparency.net/PP_Approved_in_General_13Dec15.pdf
[6] Ibid, International Budget Partnership
[7] Participation, Transparency and Accountability: Innovations in South Korea, Brazil and Phillipines, Brian Wampler, Fiscal Transparency. Disponible en http://www.fiscaltransparency.net/resourcesfiles/files/20151009134.pdf
[8] The Open Budget Survey, International Budget Partnership. Disponible en https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/
[9] OPEN BUDGET SURVEY 2017 METHODOLOGY, International Budget Partnership, disponible en https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/methodology/
[10] Mexico, Open Budget Survey 2017, International Budget Partnership. Disponible en https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/results-by-country/country-info/?country=mx#participation
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