El día de ayer se celebró el Día Internacional Contra la Corrupción, el cual tiene como finalidad generar conciencia sobre este fenómeno y sus efectos para las sociedades. Con este motivo a continuación se señalan algunos aspectos que ponen en duda si verdaderamente el combate a la corrupción es el estándar por el que se guían las políticas de este gobierno.
Contrataciones directas y opacidad del ejército
El pasado martes 3 de diciembre en su conferencia de prensa mañanera, el Presidente López Obrador mencionó la posibilidad de que el Ejército construyera 13 mil sucursales del nuevo Banco del Bienestar, para que estén listas en un año[1]. Este caso muestra una vez más la insistencia por usar al Ejército en tareas de obra pública. A ello se suma el Aeropuerto de Santa Lucía, obra en la que además se ha reservado la información relacionada con el diseño, operación, construcción y finanzas, además de documentos técnicos como el Plan Maestro[2].
Por otra parte, la adjudicación directa es un recurso permitido por la ley. No obstante, como señala Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) es un dato preocupante que, en lo que va de esta administración, el 74% de los contratos gubernamentales se hayan otorgado mediante esta figura.[3] Además que esto contradice al Plan Nacional de Desarrollo, que habla expresamente de prohibir las adjudicaciones directas, siendo esto una medida para el combate a la corrupción[4].
Eliminación del Anexo Transversal Anticorrupción
El combate a la corrupción requiere de recursos presupuestales bien definidos de forma que se conozca cómo se ejerce el presupuesto destinado a este fin por las dependencias, entidades y organismos relacionados, principalmente de las que formen parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello es que para el Presupuesto 2018 se logró integrar un Anexo Transversal en materia de combate a la corrupción, con el cual se establecía un mecanismo para rastrear cuánto y quién gastaba los recursos destinado al combate a la corrupción.[5]
Sin embargo, tanto en el Presupuesto 2019, como recientemente en la aprobación del Presupuesto 2020, dicho Anexo fue retirado desde el Proyecto que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados. Si bien no existe la obligación legal de incorporar este Anexo al Presupuesto, su ausencia significa un retroceso en transparencia del ejercicio de estos recursos y elimina la posibilidad de promover la eficiencia de los mismos. [6]
Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) sin avances
Uno de los pilares del SNA son los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) ya que son las réplicas locales del entramado institucional que tiene como fin la prevención, identificación, persecución y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción a nivel local.[7] No obstante, a casi dos años de la entrada en operación del SNA, una investigación de Ethos reveló que gobernadores y legisladores locales han obstaculizado, de diversas formas, su correcta implementación.[8]
Entre otras acciones que han tomado para evitar el funcionamiento se encuentra la designación de personas cercanas a puestos clave con el fin de evitar la rendición de cuentas. Incluso en los Comités de Participación Ciudadana se han seleccionado ciudadanos con perfiles no idóneos, politizados y ligados al gobierno. Similarmente, en ciertos casos tampoco se asigna presupuesto a las Secretarías Ejecutivas, los organismos encargados del diseño y ejecución de las políticas anticorrupción.
Política social clientelar
La política social implementada por AMLO ha sido criticada debido a que, más allá de atender las causas de la pobreza, marginación y otros problemas sociales, pareciera también busca establecer una relación clientelar con los ciudadanos. Ello porque los programas en los que se basan no eligen a sus beneficiarios de forma transparente y la implementación de los mismos no cuenta con reglas de operación.
En cuanto a lo primero, incluso antes de empezar su presidencia, se descartaron los mecanismos institucionales para levantar el padrón, como el INEGI, para levantar un Censo del Bienestar a través de los Servidores de la Nación. Al respecto, no existen cifras oficiales de cuántos son y qué ingreso reciben. Además, su labor está coordinada por el mismo encargado de los “superdelegados”, Gabriel García Hernández, afín a Morena y por lo que se sospecha de qué criterios utilizan para la selección de beneficiarios. [9]
Lo segundo, por su parte, ha sido señalado en la reciente aprobación del PEF por las organizaciones de la sociedad civil, como México Evalúa, dado que el 64% los recursos destinados dichos programas no contará con reglas de operación. Ello, resulta grave dado en su ausencia, no es posible conocer cuáles son las bases para la operación del programa y dificulta la evaluación de resultados.[10]
Uso político de la corrupción y sin investigación sistémica
Uno de los señalamientos que han generado mayor preocupación durante este primer año de la administración de AMLO es el uso político de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que ha llevado a una doble moralidad en el combate a la corrupción, como lo afirmó el diario Financial Times, tomando como ejemplos los procesos contra Emilio Lozoya, Rosario Robles (ligada a proceso y bajo prisión preventiva), además de las presiones que hubo contra Eduardo Medina Mora, entonces Ministro de la SCJN, para obtener su renuncia a dicho cargo[11].
Esta situación contrasta con el nulo avance en el proceso derivado de las denuncias contra de Manuel Bartlett, luego de revelarse, en una investigación periodística, un conjunto de propiedades a su nombre con un monto 16 veces superior a sus ingresos declarados como servidor público en diversos puestos, además de que dichas propiedades no fueron incluidas en su declaración patrimonial.[12]
Captura institucional
Bajo este año, los organismos autónomos han estado bajo ataque del nuevo gobierno con el fin de desprestigiarlos, mermar su posición como contrapeso e incluso, presionar para la renovación de sus titulares. En este tenor, en los diversos procesos para la elección de los nuevos tomadores de decisión en estas instancias, el Presidente, con el apoyo de su partido -Morena-, ha buscado que sean individuos cercanos a él y su movimiento, en lugar de perfiles técnica y profesionalmente sólidos.[13] Si bien estas acciones son legales en términos estrictos, son fácilmente comparables con el tráfico de influencias.[14]
Algunos ejemplos de este tipo de comportamiento se encuentran en la reciente designación de Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien, más allá de la dudosa votación en el Senado donde fue aprobada, pertenecía al momento de ser seleccionada, al Consejo Nacional de Morena a pesar de que ello incumplía con las bases de la convocatoria.[15] Similarmente, Ángel Carrizales, quien fue parte de la ayudantía de AMLO, recientemente fue nombrado recientemente para la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Cabe señalar que el mismo previamente fue rechazado para puestos importantes en PEMEX y la CNH a los también había sido propuesto y descartado en las dos rondas para la elección de comisionados para la Comisión Reguladora de Energía por su desconocimiento del tema.[16]
[1] AMLO quiere al Ejército para construir 13.000 sucursales del Banco del Bienestar. Forbes. 3 de diciembre de 2019, disponible en: https://bit.ly/2LrUrsD
[2] Información sobre Santa Lucía se abrirá hasta que termine el “bombardeo de amparos”: AMLO. Animal Político. 10 de octubre de 2019, disponible en: https://bit.ly/2LocXC7
[3] La adjudicación directa como regla, MCCI, 8 de julio de 2019, disponible en https://bit.ly/2qt7F1c
[4] Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Diario Oficial de la Federación. 12 de julio de 2019, versión matutina. P. 14.
[5] ¿Qué aporta un Anexo Transversal al Sistema Nacional Anticorrupción?, Ethos, 12 de octubre de 2016, disponible en https://bit.ly/2PeVFsx
[6] La eliminación del Anexo Transversal en materia de Anticorrupción: un revés a la transparencia y la rendición de cuentas, Liliana Alvarado, Ruiz-Healy Times, 9 de enero de 2019, disponible en https://bit.ly/2qnQduP
[7] Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, disponible en https://bit.ly/2rV3Xhg
[8] Frenan gobernadores combate a la corrupción: Ethos, Red por la Rendición de Cuenas, 19 de junio de 2019, disponible en https://bit.ly/387Wj3z
[9] El Gran Benefactor, María Amparo Casar, Nexos, 1 de marzo de 2019, disponible en https://bit.ly/2PgpQj5
[10] Ausencia de reglas de operación: mala práctica de manual, México Evalúa, 24 de octubre de 2019, disponible en https://bit.ly/2Ypfamq y 402 mil millones de pesos, sin reglas de operación, Edna Jaima, El Financiero, 25 de octubre de 2019, disponible en https://bit.ly/2LrRcl8
[11] Lopez Obrador accused of double standards in corruption war. Financial Times. 18 de noviembre de 2019, disponible en: https://on.ft.com/2DQoeqM
[12] Revela Loret de Mola “imperio inmobiliario” de Manuel Bartlett. El Universal. 29 de agosto de 2019, disponible en: https://bit.ly/2Lqz4b4
[13] AMLO vs órganos autónomos: un año de acusaciones, ‘castigo’ de presupuesto y re acomodos, Animal Político, 5 de diciembre de 2019, disponible en https://bit.ly/2OW71CV
[14] Real Academia Española, disponible en https://bit.ly/2PucSOT
[15] Las mentiras de Rosario Piedra: dos posibles delitos, Animal Político, 14 de noviembre de 2019, https://bit.ly/33PMFzm
[16] Ángel Carrizales fue rechazado para 5 cargos, ahora le dan Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Animal Político, 26 de noviembre de 2019, disponible en https://bit.ly/2LrWvkp y El Senado avala ternas recicladas para la Comisión de Energía, pese a reclamos de la oposición, Animal Político, 2 de abril de 2019, disponible en: https://bit.ly/36aTGfp
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