Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un reporte denominado Combatiendo los crímenes tributarios: los diez principios a nivel global. Lo anterior, debido a la importancia de mejorar la efectividad del combate a la evasión fiscal en el ámbito internacional. Es por ello que, el día de hoy nos daremos a la tarea de analizar los principios estratégicos, legales, administrativos y operativos que se recomienda seguir para disminuir estos delitos.[1]
¿Qué son y por qué atacarlos?
En principio, se entiende como delito fiscal a cualquier conducta deliberada que busque violar los códigos tributarios y fiscales. Es decir, cualquier omisión que hagan las personas físicas o morales de sus obligaciones fiscales. En general, es relevante atacar este problema en el ámbito internacional, ya que se relaciona con distintos males asociados al cibercrimen, lavado de dinero y otros crímenes de índole financiero.
¿Cómo identificarlos e investigarlos?
De acuerdo a la OCDE, existen diez buenas prácticas que las administraciones tributarias deben seguir si desean atacar los delitos fiscales de forma óptima. A continuación se describirá brevemente cada uno de éstos.
- Asegurarse que las infracciones tributarias sean sancionadas. Es importante el castigo a las violaciones de las leyes tributarias dado que: 1) manda un mensaje acerca de la integridad, neutralidad e imparcialidad de la ley; 2) es un disuasorio para la gente que esta tentada a evadir impuestos; y 3) para evitar la reincidencia de quien ya ha evadido impuestos con anterioridad. Adicionalmente, se requiere que las definiciones de los delitos sean claras, que las sanciones se cumplan y que entre más serio sea el delito más seria sea la pena.
- Crear estrategias efectivas para abordar los crímenes tributarios. Las autoridades deben tener distintas estrategias para asegurase que las personas cumplan con sus obligaciones tributarias. Por ejemplo, se deben realizar auditorías como medida de control y sanción, visitas oficiales como política de monitoreo e incluso la simplificación administrativa para facilitar el pago de impuestos. También se requiere crear mecanismos de cooperación entre las autoridades para que compartan experiencia, procesos e inteligencia.
- Contar con suficientes poderes para la investigación. Es vital que las autoridades tengan acceso a todo tipo de información, en especial, aquella relativa a los movimientos bancarios y financieros. En algunos casos, se requiere también que accedan a información de terceras personas que podrían estar involucradas, consultar evidencia física en propiedades, libros y registros e, incluso, interceptar comunicaciones físicas y digitales.[2]
- Empoderar a las agencias para congelar, incautar y confiscar bienes. Ello significa que las autoridades puedan prohibir temporalmente a las personas físicas o morales que transfieran, conviertan o muevan algún bien, por ejemplo, una cuenta de banco.
- Establecer una estructura clara a la organización con responsabilidades definidas. Para evitar la duplicidad de esfuerzos y brechas en la aplicación de la ley, debe crearse un modelo organizativo que distribuya responsabilidades para la investigación y persecución de delitos fiscales.
- Proveer recursos suficientes para la investigación de crímenes. Más allá del modelo de organización que exista, es necesario que se destinen recursos suficientes para investigar y aplicar la ley respecto a los delitos fiscales. La distribución de dichos recursos dependerá de las necesidades que se identifiquen, por ejemplo, inversión en infraestructura física o en herramientas analíticas y tecnológicas avanzadas.
- Considerar los crímenes tributarios como infracciones asociadas al lavado de dinero. Esto significa que una persona acusada de lavado de dinero, a su vez podría ser penalizada por un crimen tributario. Ello permite que las autoridades establezcan condenas más altas.
- Construir un marco efectivo para la cooperación entre autoridades domésticas. El combate a los delitos financieros y tributarios comprende distintas etapas como la prevención, detección, investigación y persecución de los crímenes, así como la recuperación de las ganancias derivadas de los mismos. Es por ello, que para que su combate sea efectivo es necesario que distintas instancias gubernamentales compartan información, investiguen en conjunto y cooperen en general entre ellas. Por mencionar sólo algunas autoridades que deben considerase en estos esquemas son las tributarias, las aduanas, los reguladores financieros, la policía, las fuerzas especiales, agencias anticorrupción, y las fiscalías generales.
- Garantizar la cooperación internacional. Similar al punto anterior, este tipo de crímenes también tienen carácter internacional. Es por eso que es necesario que existan suficientes mecanismos para compartir información a nivel internacional para facilitar la obtención de testimonios o para ejecutar órdenes de incautación, entre otras.
- Proteger los derechos de los presuntos culpables. Como cualquier investigación criminal, las investigaciones de índole tributaria deben respetar los procesos legales y los derechos de los presuntos culpables. Además, el seguimiento de esta recomendación no sólo sirve para garantizar los derechos humanos de estos individuos, sino que resulta fundamental para evitar que las pruebas pierdan su validez por procesos inadecuados.
[1] La referencia principal de esta nota será: Fighting Tax Crime: The Ten Global Principles, OECD, 2017, Disponible en: http://www.oecd.org/tax/crime/fighting-tax-crime-the-ten-global-principles.pdf
[2] También se contempla la entrevista, la vigilancia a personas, las operaciones secretas y, a veces, el arresto.
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