La semana pasada, fuimos testigos de un verdadero suceso que ha marcado a toda una generación en Brasil, el inicio del juicio político de su presidenta Dilma Rousseff por el senado brasileño. Este fue un evento que no se veía desde inicio de los 90’s, cuando el expresidente Fernando Collor de Mello renunció el mismo día en el que el senado de Brasil votaría por su destitución temporal – irónicamente, Collor de Mello es ahora Senador y por ende, fue uno de quienes votó en la sesión de la semana pasada para iniciar el juicio contra Rousseff.
Al surgir en 2014 los escándalos de corrupción en la empresa petrolera semi-pública Petrobras, muchos apuntaron en ese momento a Dilma y al expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, al haber estado ambos involucrados en su consejo de administración en el periodo en el que se dieron los actos de corrupción que salieron a la luz pública, en donde se beneficiaron a cientos de contratistas y políticos.
Ahora bien, a Rousseff no se le está acusando formalmente (por el momento) por dichos escándalos de corrupción, sino por haber maquillado las cifras de la cuenta pública de 2014, y por sospechas de haber hecho lo mismo con la de 2015. Sin embargo, la estrategia política de Rousseff para serenar las protestas de la ciudadanía por los escándalos de corrupción que salpicaron a gran parte del gabinete, y a políticos afines a Dilma, no fueron mas que esfuerzos populistas y de pésimo cálculo político.
Se podría decir que, incluso, Dilma fue más allá al retar a la oposición, y sobre todo a la ciudadanía, al intentar designar a su aliado y expresidente de Brasil, Lula, para ocupar la posición de jefe de oficia de la presidencia, justo semanas después de que Lula había sido citado a comparecer por posibles nexos con el escándalo de corrupción de Petrobras.
El cálculo político evidentemente fue incorrecto, y el resultado de dicha designación, catastrófico: Lula fue removido por una orden judicial, y las marchas de manifestación contra Rousseff se hicieron ver.
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Sin embargo, pienso que lo más preocupante de la situación que actualmente enfrenta Brasil está centrada en dos factores: la interminable red de corrupción que alcanza a políticos tanto afines al régimen como a los de oposición, y la debilidad institucional por la que actualmente atraviesa dicho país.
Brasil tiene un grave problema de corrupción “financiado” en su mayoría con dinero de Petrobras, que no solo alcanza a políticos pertenecientes al Partido del Trabajo, sino a miembros de partidos de oposición, funcionarios públicos, contratistas privados y hasta empresarios extranjeros. Una red de corrupción tan vasta, tiene ahora en jaque al país al estar involucrados tantos políticos que, en algunos casos, tienen las riendas del país desde diversas instituciones fundamentales como lo son la cámara de diputados y el senado. Al parecer, nadie se escapa.
Después de varios años de desarrollo en Brasil durante la década pasada – recordemos el crecimiento económico, la conformación del bloque BRIC, la iniciativa de un banco de desarrollo de dicho bloque, el liderazgo político en la región, el anuncio del mundial de futbol, los juegos olímpicos de este año, etc., en su mayor parte impulsado por un alto precio del petróleo y de la demanda de materias primas por China, nos dimos cuenta que en gran medida, dicho desarrollo estaba destinado a fracasar en el largo plazo al no haber diseñado políticas macroeconómicas sustentables que pudieran mantener dicho crecimiento.
Sin embargo, lo más preocupante tal vez sea que no se destinó dicho desarrollo a consolidar las instituciones de Brasil y a fortalecer organismos que pudieran combatir una corrupción tan amplia, y que naturalmente sería ocasionada por la bonanza en las finanzas públicas.
No es extraña, entonces, la declaración de Rousseff en la que acusa de un “golpe de Estado”, en donde la decisión, sin embargo, fue votada por un órgano colegiado con miembros electos por la ciudadanía (los diputados y posteriormente los senadores).
Ahora Brasil se encuentra en un proceso en el que de comprobarse efectivamente que Dilma fue culpable y sea destituida, o renuncie, los políticos que se encuentran en la línea sucesiva para ocupar la presidencia interina, traen arrastrando consigo escándalos de corrupción que tal vez sean tan graves que no permitan su ascenso a la silla presidencial.
Como lo han mencionado diversos politólogos, y como lo he reiterado en diversos foros, nuestra región debe centrarse cada vez más en el fortalecimiento institucional de nuestros países si no queremos volver a los gobiernos autoritarios del siglo pasado.
La gente es cada vez más consciente de su realidad, más crítica y, sobre todo, más informada.
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