El viernes 27 de octubre pasado, el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) Santiago Nieto Castillo, declinó que se discutiera y votara en el Senado su ratificación o cese definitivo al frente de la fiscalía que investiga el mediático caso de Odebrecht por presunto financiamiento ilegal a la campaña presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Luego de una semana de luchas políticas entre senadores de oposición con los senadores del Partido Revolucionario Institucional y sus aliados los senadores del Partido Verde, se terminó con un escenario complicado que retrasó, por dos días, la aprobación de la ley de ingresos y la elaboración de la ley de egresos para el siguiente año fiscal.
Como se recordará el ahora exfiscal Nieto Castillo, fue destituido por el encargado de despacho de la Procuraduría General de la Republica (PGR), Alberto Elías Beltrán, al acusarle de haber roto los códigos de ética de la institución, según se informó en un escueto comunicado. Inmediatamente las pasiones electorales, los constantes deshaceos en las formas de la PGR, los errores del fiscal de delitos electorales y las tradicionales formas mayoritarias de la bancada priísta, encabezada por el “senador golfista” Emilio Gamboa, provocaron un circo político que paralizó el Senado la semana pasada.
El nulo acuerdo en la forma de votación, abierta o secreta, en el Senado estancó los trabajos legislativos debido a la cerrazón de la bancada priísta y del Partido Verde, por evitar a toda costa una votación nominal en el pleno para ratificar en el cargo, o cesar, al desaseado fiscal Santiago Nieto, que al final terminó por hacerse a un lado, dejando un nuevo frente político abierto.
El cese del ex fiscal de la FEPADE fue un reguero de pólvora en el incendio que es la carrera por la sucesión presidencial, sobre todo porque la destitución de Santiago Nieto estuvo plagada de irregularidades, como fue la nula notificación al fiscal electoral, negarle el derecho de audiencia y por si fuera poco, el procurador interino no contaba con 10 años de antigüedad con su cédula profesional dentro de la PGR, tan solo contaba con siete años al momento de ser subprocurador, insuficiente para poder destituir a un fiscal ratificado por el Senado de la República.
Por si fuera poco, Santiago Nieto acusó que la entrevista publicada en un periódico de circulación nacional, tenía imprecisiones al asegurar que nunca refirió haber recibido una carta intimidante de parte del Emilio Lozoya, ni haber declarado que existieran presiones por exonerar al ex director de Petróleos Mexicanos. Esta nota en primeras planas del periódico le costó a la postre su cese fulminante.
El intento de cesar al fiscal Nieto por el pestilente caso de corrupción de Odebrecht, instala en la opinión pública como verdadera la tesis de que Emilio Lozoya Austin fue el encargado de haber recibido 10 millones de dólares para después canalizarlos a la campaña electoral del presidente Enrique Peña. Será difícil que el régimen priísta se desligue de esas acusaciones ante la ciudadanía, a pesar de que al final se exonere a Lozoya, a quien el todo poderoso Luis Videgaray ha decidido proteger a costa del escarnio público del tricolor.
No se debe olvidar que el ex fiscal Santiago Nieto ha tenido otros errores al declarar en forma imprudente respecto a casos que estaban en proceso, no es nueva su tendencia a filtrar información privilegiada, que de una u otra forma, afectan en las resoluciones finales de casos emblemáticos. Como se recordará, Nieto declaró que existían tres expedientes de investigación contra el entonces subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, en el año de 2015, pero no fructificó ninguna investigación y tampoco se sancionó al fiscal por sus atrabancadas formas.
Ante un escenario difícil para el PRI en los corrillos políticos ya se vislumbraban las “artes negociadoras” de Emilio Gamboa para conseguir los votos necesarios para el cese de Nieto, o en su caso, alargar el conflicto y se terminaran por cumplir los diez días el plazo, para que el despido se concretara sin necesidad de una votación en el Senado. Gamboa (quien ha vivido del presupuesto por 41 años) revivió aquellos fantasmas de “maicear” a los senadores rebeldes-traidores, que en otros momentos ya habían vendido caro su amor al partido tricolor. O como en otros tiempos, repetir las triquiñuelas al estilo Francisco Paoli Bolio, que a la “hora buena”, no emitió su voto en contra de otorgar 2 mil 500 millones al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, por estar ausente debido a una “necesidad fisiológica”.
Al final no hubo necesidad de votación alguna, la jugada de tres bandas resultó conveniente hasta para Lozoya Austin quien se presentó a declarar ante la FEPADE el pasado 26 de octubre, cuando no existía un titular en dicha fiscalía. Es sospechoso que hasta el día de hoy tampoco existe un fiscal anticorrupción, ni un fiscal general de la República, tampoco un fiscal de la FEPADE, e incluso, no existen candidatos a nuevo gobernador del Banco de México, en medio de crisis políticas, de seguridad y presiones económicas que amenazan con devorarse al país. Todo gracias a los intereses facciosos de un régimen que no desea dejar el poder, aunque termine llevándose entre las patas a la misma patria.
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