El pasado 14 de marzo se aprobó una minuta por mayoría en la cámara de diputados para implementar la figura de la revocación de mandato prometida en campaña por el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Con voto mayoritario del bloque morenista y sus partidos aliados se logró que en la cámara baja se diera el primer paso para el impulso de una nueva política participativa que permitiría que el presidente, gobernadores, legisladores y demás representantes populares puedan ser destituidos.
En el caso del actual presidente, si producto de la consulta se decidiera su revocación, el sexenio sería finalizado por un presidente designado por mayoría en el congreso de ambas cámaras legislativas, sin necesidad de convocar a nuevas elecciones.
Ante lo novedoso de esta figura revocatoria, la oposición señaló preocupaciones sobre una posible puerta a la reforma constitucional que permitiría la reelección del presidente López Obrador, a quien de verdad le tienen miedo por su gran poder político y sobre todo, porque el sistema de partidos pulverizados (por errores propios y por el castigo en las votaciones del pasado 1 de julio de 2018) mantienen una insuficiente presencia para enfrentar la agenda política dominada por el gobierno morenista.
Si nos atenemos a lo dicho por el presidente López Obrador, ha asegurado que no buscará reelegirse, firmó su compromiso de respetar el mandato de 5 años y 11 meses de gobierno, sumado a que uno de los héroes nacionales que más admira AMLO, es la figura emblemática del antirreeleccionismo, el apóstol de la democracia, Francisco I Madero.
Pero más importante que los dichos del popular presidente López Obrador están las leyes y su aplicación, si fuera el caso que el actual titular del ejecutivo federal decidiera mediante “alguna figura de referéndum” ampliar su periodo de gobierno de 6 años a 9, se vería imposibilitado al entrar la controversia constitucional desde la Suprema Corte de Justicia. El actual presidente fue elegido por un periodo de 6 años dentro de un marco jurídico existente, aunque se produjera una modificación a las leyes que permitieran su reelección, no sería aplicable pues ninguna ley es retroactiva por lo que ese debate reeleccionista estaría finalizado.
La promesa de campaña del actual presidente era realizar esta revocación de mandato cada dos años, sin embargo, sería demasiado costosa por lo que decidió realizarla cada tres años y hacerlas coincidir con las elecciones intermedias. Para que la ciudadanía pueda convocar una consulta revocatoria con carácter vinculatoria en sus resultados se requerirá del dos por ciento de ciudadanos inscritos en la lista nominal de la demarcación territorial correspondiente. Dicho procedimiento de petición, realización y emisión de resultados de la consulta revocatoria deberá realizarse a través del Instituto Nacional Electoral, y serán válidos los resultados cuando participe un tercio de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.
Con la discusión y en su caso aprobación en el senado la iniciativa seguirá su curso legislativo, sin embargo, la figura de la consulta revocatoria es un riesgo que ningún actor político desea enfrentar. La oposición sabe que enfrentar de nuevo a López Obrador en las urnas sería hasta ahora, una lucha política perdida, sin importar el desgaste normal que seguramente padecería para la fecha de la consulta.
Si bien es cierto que la figura política de López Obrador podría desbalancear la contienda electoral e incluso secuestrarla de los procesos locales y estatales, es común que la figura política del primer mandatario siempre se hace presente en una especie de referéndum de medio mandato. Cuando las elecciones intermedias se realizaban, la percepción de popularidad o mala gestión presidencial acompañaban a los candidatos en la boleta del partido gobernante. El sistema político mexicano está conformado así, es imposible separar la figura del primer mandatario de las elecciones intermedias para bien o para mal.
La máxima dictada por el propio presidente AMLO de que el pueblo pone y el pueblo quita estaría implementándose con la figura de la consulta revocatoria, es un poder en manos de ciudadanos que históricamente se ven limitados en sus derechos políticos. Esta bomba política es gigantesca y es probable que se quede estancada en las discusiones legislativas. La oposición no le importará el desprestigio de votar en contra de esta iniciativa siempre y cuando no se le “otorgue” más poder al presidente, aunque quizás una negativa de estas dimensiones podría costarles la muerte política de algunos institutos políticos que parecen destinados a la desaparición en la siguiente elección.
Las voces opositoras no entienden aún los resultados del pasado proceso electoral, el negar la implementación de esta ley de consulta vinculatoria para que el ciudadano pueda calificar el desempeño de sus gobernantes y legisladores, sería pecar de soberbio y falto de miras. Si bien es importante que la figura de la revocación de mandato este perfectamente fundamentada, no contravenga ninguna ley de la constitución mexicana, así como las leyes y reglamentos estén perfectamente claros, para su adecuado funcionamiento.
El intentar bloquear esta figura, el tratar de confundirla con un intento de reelección o acusar dados cargados, es no comprender las legítimas peticiones de los ciudadanos por ejercer sus derechos participativos que por tantos años les han sido negados por los mismos partidos políticos, ahora en crisis o en vías de su extinción política. Una consulta revocatoria no debería asustar a nadie y cualquier político mexicano, emanado de un proceso electoral debería estar dispuesto a que se le midiera su eficacia y compromiso con sus gobernados.
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