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La Cuarta Transformación y los salarios de los jueces

La postura de los jueces frente a la nueva ley de remuneraciones y salarios del 2019 es totalmente impopular y hasta temeraria, el haber frenado...

11 de diciembre, 2018

Israel Aparicio

La postura de los jueces frente a la nueva ley de remuneraciones y salarios del 2019 es totalmente impopular y hasta temeraria, el haber frenado su aplicación desde la misma corte gracias a la suspensión dictada por el ministro Alberto Pérez Dayán, les ha dejado exhibidos como privilegiados y faltos de sentido social, así sea correcta su tesis de defender los equilibrios de poderes en México. Si se suman algunas desafortunadas declaraciones de jueces que aseguran que si se recortan sustantivamente sus generosos salarios y remuneraciones, se verían más proclives a ser seducidos por la corrupción, la reacción negativa ante la opinión pública es de rechazo generalizado, ante el ejercicio siempre insuficiente del poder judicial.

La combinación resulta un verdadero coctel molotov político si a esas posturas impopulares se les suma el apoyo legislativo del recientemente creado, frente opositor contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), conformado por los partidos PRI, PAN, PRD y MC. Quienes en una lógica de tratar de hacer frente al enorme poderío del partido en el poder Morena, poco les importa haber presentado una controversia constitucional contra la aplicación de los nuevos tabuladores salariales.

Nadie en su sano juicio abogaría por abolir el equilibrio de poderes en México, sin embargo, las formas y los dichos son importantes para poder convencer a un electorado que en la pasada elección castigó casi hasta la extinción pública, a los partidos políticos tradicionales. La figura de los jueces en México, no tiene consigo la mejor de las reputaciones, son conocidas sus atribuciones casi caciquiles de un poder constitucional que ha fallado en la verdadera impartición de justicia y sus consecuencias mortales en la inseguridad omnipresente.

Si bien existen jueces honorables y con una prestigiada carrera jurídica, en contraparte se sabe de muchos casos de impartidores de justicia que tienen familiares cercanos dentro de la estructura judicial, sin importarles los conflictos de interés. En casos de trascendencia nacional, como el juicio contra los “porkis” donde varios jóvenes violaron a una menor, se les exoneró en un primer momento con argumentos tan irresponsables como misóginos, dejando a las instancias de procuración de justicia profundamente golpeadas.

Sin duda lo más grave dentro de la fallida impartición de justicia es la frecuente fabricación de delitos en casos presentados donde las propias víctimas del crimen organizado y el narcotráfico, son enjuiciados como culpables y purgan sentencias injustas que terminan después de muchos años, con daños irreparables a la vida común así como a la honra personal.

Algunos estudios señalan que la impunidad en casos de homicidio y muchos delitos de alto impacto, supera el 95 por ciento, en parte debido a la nula credibilidad en el sistema de justicia nacional que provoca no realizar las denuncias ante el Ministerio Público, o cuando se levanta un acta, son casos raros los que se terminan resolviéndose en forma favorable. Se dice que el porcentaje de efectividad del poder judicial rondaría el ridículo dos por ciento, lo que lo convertiría en un mito genial la dichosa certeza e imparcialidad de los jueces.

Otro aspecto que se ha esgrimido en la defensa de sus altas percepciones salariales, es el grado de especialización que tienen los ministros y magistrados necesarios para su labor. En comparación con los círculos científicos nacionales, es común saber de investigadores con doctorado y posdoctorado que sobreviven con salarios raquíticos, a diferencia de la abundancia que se vive el poder judicial. En discrepancia de la clase privilegiada emanada de este poder, muchos científicos mexicanos trabajan en pequeños espacios, alejados del reconocimiento económico y social por su labor igualmente trascendente.

La interpretación de la ley les asiste a los jueces pues el artículo 94 de la constitución menciona que los magistrados, jueces y ministros no pueden padecer la reducción de sus salarios mientras duren en su cargo. Pero en la ley de remuneraciones inscrita dentro del artículo 127 constitucional se establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la república, y dicho salario es asignado por la cámara de diputados. Por lo que si el presidente baja su salario, se debe hacer la adaptación a todos los demás funcionarios. Lo que salta a la vista es que en esta controversia constitucional los promotores son juez y parte de la misma, lo que representa un conflicto de interés. Sin olvidar que sus bonos, las pensiones, las declaraciones patrimoniales, sus gastos de representación y otros privilegios que gozan, no son transparentes al estar reservadas por acuerdo del Pleno de la Corte.

Este puede ser el inicio de un choque de trenes entre los poderes ejecutivo y judicial en torno a muchos otros temas que requieren modificaciones constitucionales en la denominada cuarta transformación, ya que en un futuro la conformación de la guardia nacional, así como la abrogación de las reformas energéticas y educativas requerirán de una mayoría calificada en las cámaras legislativas y la interpretación de la corte.

En lo inmediato se impugnará la suspensión de la ley de remuneraciones y se recibirá en el congreso el presupuesto fiscal del año 2019 con los salarios recortados de todos los funcionarios y jueces, como ya lo ha informado la bancada de Morena, en medio de futuros litigios, señalamientos y criticas al poder judicial que no goza de la simpatía generalizada de la población mexicana.

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