El pasado viernes 18 de enero la tragedia cubrió a todo el estado de Hidalgo y al país completo, cuando una toma clandestina perforada en campos del poblado de Tlahuelilpan, Hidalgo explotó y dejó casi 100 muertos, decenas de heridos de gravedad y varios desaparecidos, hasta el momento. A las 18:50 de la noche cientos de personas de diferentes poblados aledaños a la refinería de Tula Hidalgo fueron sorprendidos por la detonación mientras robaban combustible, en una escena dantesca donde muchos corrían como antorchas humanas para salvar las vidas y otros más murieron calcinados en la zona.
De inmediato se inició el protocolo de seguridad para auxiliar a la población sobreviviente y apagar el fuego en el ducto de Tuxpan-Tula. Horas después el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la zona de desastre y coordinaba los trabajos de ayuda, junto con miembros del gabinete de seguridad, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y el primer fiscal general de la nación, Alejandro Gertz Manero, quien ese mismo 18 de enero había sido ratificado en el senado de la república.
Imágenes tomadas desde teléfonos inteligentes se viralizaron, la narración de una reportera local mostraba las crudas escenas de personas corriendo mientras sus cuerpos se quemaban. Horas antes la misma reportera, comentaba que la población se bañaba en el río de combustible y reía como si se tratara de un día en el balneario. La tragedia siempre coqueteo con el delito del huachicol, solamente que la inconciencia y la buena fortuna de los pobladores ladrones siempre les permitió salir bien librados del acto delictivo. Sin embargo, bastó una pequeña chispa para incendiar literalmente el complejo fenómeno social, que ya costó la vida a casi un centenar de mexicanos entre los más pobres e irresponsables de Hidalgo.
Días antes, el presidente AMLO siempre pidió sin éxito, que los pobladores se abstuvieran de robar gasolina de las numerosas tomas clandestinas, se solicitaba obedecer a las fuerzas armadas y permitir acordonar las zonas donde se detectaran fugas de hidrocarburo, dicho llamado siempre fue en vano.
Los pobladores pagaron muy cara su irresponsabilidad y dejaran un precedente trágico que no debió ocurrir, pero que parecía inevitable ante tantos años de inconsciencia y negligencia criminal. El delito del huachicol será uno antes de Tlahuelilpan y otro después de la explosión que, para no variar, polarizó las redes sociales con inhumanas descalificaciones y no pocas teorías de la conspiración.
Esta fue la segunda gran emergencia que enfrenta en menos de 60 días el presidente López Obrador, la primera fue el helicopterazo donde murió el matrimonio Moreno Valle, la segunda es (luego del arduo trabajo para regresar a la normalidad el abasto de gasolinas en más de diez estados) la tragedia en Tlahuelilpan como parte de la complicada lucha contra el robo de combustible. En ambas crisis el gobierno federal ha actuado de forma inmediata, se brindó información en conferencias de prensa de emergencia y sobre todo, se buscó no lucrar con los deudos.
En el caso particular de la tragedia de Tlahuelilpan el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo viajo de inmediato a Hidalgo para coordinar a las fuerzas de rescate y militares que participaron en el traslado de heridos a diversos hospitales de la ciudad de México, estado de México y algunos a nosocomios especializados en el extranjero. La misión principal fue salvar el mayor número de vidas posible, antes que criminalizar la desdicha de los graves heridos pues en el caso de sobrevivir, quedarán incapacitados de por vida.
El pasado lunes 21 de enero el gobernador de Hidalgo informó sobre el aumento de la cifra de muertos, así como una nueva fuga en Teocalco que a diferencia de la ocurrida en Tlahuelilpan, fue controlada de forma casi inmediata sin mayores contratiempos, destacando que ya ningún poblador intentó robar combustible ni acudió a romper los cercos de seguridad montados por el ejército mexicano. También se informó en la conferencia mañanera del presidente López Obrador que Hidalgo cerró el año 2018 como el estado con más tomas clandestinas de todo el país 2 mil 121 y en lo que va de enero ya llevaba 164 reportes, según reportes de Pemex.
La complejidad del delito del robo de combustibles es gigantesca, la lucha contra la cultura del huachicol por parte del gobierno federal vive sus días más aciagos. La explosión en Tlahuelilpan demostró que existe pobreza entre sus pobladores, pues su segundo ingreso económico lo representaba el robo de hidrocarburos, pero también exhibió la ambición y la temeridad de numerosas familias con muertos en la tragedia.
En medio de los enormes dilemas de seguridad se encuentra el ejército que ve en esta calamidad el inicio de una larga lucha (por demás incierta) contra el crimen organizado y el narcotráfico, luego de la aprobación de la guardia nacional como la principal estrategia de combate. Hoy más que nunca se requiere de la claridad en la comunicación social del gobierno, pues habrá muchos frentes en materia de seguridad similares, donde la acción oportuna o su retardo serán la diferencia entre un operativo aceptablemente exitoso o un desastre irreparable.
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