El pasado fin de semana el expresidente Vicente Fox Quesada a través de sus redes sociales denunció un supuesto intento de ingreso a su Rancho en San Cristóbal, Guanajuato, por parte de un comando armado, por lo que solicitó ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien incluso hizo responsable de su seguridad y de cualquier cosa que le pasara a su familia y patrimonio. Un día después un periódico nacional informó que al Centro Fox acudió una pareja de escoltas que se perdieron cuando buscaban llegar a una boda, luego de que personal de seguridad privada del expresidente Fox les indicará que no había programado ningún evento en el lugar se retiraron sin mayor contratiempo. Otra versión aseguró que un “busca tesoros” también se habría presentado en el rancho del expresidente y luego se retiró ante la imposibilidad de entrar.
El personal de seguridad del Centro Fox informó de estos acontecimientos y después el expresidente lo hizo público a su manera en sus redes sociales. La respuesta del presidente AMLO fue contundente y asignó 8 guardias para la seguridad del expresidente Fox y se informó que el expresidente Felipe Calderón también contaba con el servicio de escoltas para su seguridad. Este incidente despertó la animadversión por las medidas tendientes a resguardar el bienestar de los expresidentes en cuestión y abrió un debate sobre la seguridad de los exmandatarios, después de que se les retirara el pago de sus millonarias pensiones y los servicios de elementos del extinto Estado Mayor Presidencial (EMP) a su cargo.
La medida a todas luces impopular del presidente López Obrador hizo hervir las ya de por si polarizantes redes sociales, donde la mayor parte de los comentarios fueron en contra de que el Estado siga pagando de forma directa la seguridad de los expresidentes. Sin embargo, es importante señalar que si bien las personalidades políticas de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón son sumamente polémicas y severamente cuestionadas, siguen siendo parte de la historia política de un país que no puede deslindarse de su responsabilidad de brindarles seguridad por su figura simbólica.
Los expresidentes guste o no, son figuras que representaron el máximo cargo obtenido en una república democrática, productos de elecciones quizás polémicas, pero que dieron certidumbre a sistema político nacional, el mismo que dio legitimidad al actual presidente AMLO. Por lo tanto brindarles seguridad es una obligación del Estado mexicano para sus ex figuras emblemáticas. Mal haría el presidente en dejarse llevar por el coro de malquerientes que tienen los expresidentes y dejarlos en la indefensión total. Un atentado, lesiones, agresiones o peor aún, un homicidio contra un expresidente del país, traería una crisis de credibilidad, seguridad y económica que nadie desea ni debe alentar.
El presidente AMLO hace lo correcto (lejos de filias y fobias contra estos adversarios suyos en el presente y el pasado político) cubriendo y velando por su seguridad. Esta acción de estadista debe ser extendida a los expresidentes vivos como Ernesto Zedillo Ponce de León cuando visite el país, al expresidente Carlos Salinas de Gortarí y también al expresidente Luis Echeverría Álvarez que si bien por lo deteriorado de su estado de salud, se encuentra en su casa confinado, a los exmandatarios no se les debe regatear los mínimos básicos para su seguridad, en este caso la asignación de escoltas no mayores a una decena, que no representaría un gasto mayor al grosero dispendio que se realizaba en el pasado.
Como se recordará en los tiempos del entonces presidente Luis Echeverría se asignaba más de 70 elementos del EMP, que con el paso de los sexenios y los mandatarios, se incrementó en número de elementos, incluidos vehículos oficiales, además de cuantiosos recursos económicos que les hizo vivir como una realeza mexicana al amparo del erario. En los sexenios panistas y priístas se destinó el servicio de escoltas y vehículos blindados hasta para los familiares de los funcionarios y secretarios de estado, lo que provocó enorme disgusto en la población, por estos dispendios que por décadas se veían con normalidad.
La promesa de campaña del actual presidente fue terminar con esos lujos y gastos innecesarios, que se culminaron con la cancelación del decreto sexenal que cada presidente realizaba para la pensión de los exmandatarios y sus enormes privilegios. No obstante, con la exigencia del expresidente Fox (por más fuera de lugar y ridícula que parezca) regresó el tema de la seguridad de las figuras de los expresidentes y el peligro a la credibilidad del sistema político mexicano, si algún incidente les ocurriera. La medida del mandatario AMLO fue buena en brindarles una seguridad mínima pero suficiente, para que en una cultura participativa puedan seguir siendo parte de una democracia civilizada que por años ha estado lejos del concretarse.
Una coreografía populista
La primera gira de trabajo internacional del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue un encuentro binacional con el...
julio 14, 2020
Los heroicos profesionales de la salud
La curva de contagios por Covid-19 está aún en ascenso, el país estuvo muchas semanas en semáforo rojo en...
junio 30, 2020
Hasta siempre, papá Rosendo
El pasado mes de mayo falleció mi padre, Rosendo Aparicio, víctima de complicaciones renales y varias enfermedades que al...
junio 23, 2020
Surrealismos en la fase tres del coronavirus
El pasado 21 de abril se decretó la tercera fase en la contingencia sanitaria de la pandemia del coronavirus...
abril 28, 2020