La Cuarta Transformación y la publicidad oficial

El pasado jueves 23 de mayo se filtró a la prensa una lista con información financiera sobre los pagos de publicidad oficial en el año...

28 de mayo, 2019

El pasado jueves 23 de mayo se filtró a la prensa una lista con información financiera sobre los pagos de publicidad oficial en el año 2018, destinados a los principales medios de comunicación y a destacados líderes de opinión, cuando aún gobernaba el expresidente Enrique Peña Nieto. Esta publicación provocó todo un debate en torno a la discrecionalidad sobre cómo se asignaron los cuantiosos recursos económicos a las empresas comunicativas y sobre todo para distinguir el verdadero periodismo de investigación e información del simple pago a los denominados “periodistas chayoteros” tendientes a manipular conciencias desde la prensa.

Como se recordará la anécdota en el año de 1966 el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, pronunciaba un discurso en Tlaxcala con motivo de la inauguración de un sistema de riego rural, mientras algunos funcionarios indicaban a miembros de la prensa acudir “allá donde la trepadora herbácea, pues se estaba regando el chayote”. En dicho lugar un funcionario de la presidencia repartía el recurso económico a cada miembro de la prensa con la finalidad de “asegurarse” una nota informativa a favor. Desde entonces este pago destinado a comprar las conciencias de los reporteros o columnistas para hablar a favor del régimen se denominó en la jerga política mexicana como: “el chayote”.

Si bien es necesario matizar, como lo hizo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que los medios de comunicación que reciben publicidad oficial no necesariamente son corruptos o simples “matraqueros” del poder. Las empresas periodísticas, grandes grupos de medios electrónicos, televisoras y prensa local, requieren del financiamiento gubernamental para su costosa operatividad diaria. Pero por supuesto que existen “destacados opinadores” que por años se han beneficiado de las importantes dadivas económicas desde el poder gubernamental, para que no critiquen sus pifias, justifiquen su accionar o sobre todo para salir a atacar adversarios políticos.

En el complicado matiz de la publicidad oficial, se debe ser sumamente cuidadoso y diseccionar con pulso de neurocirujano, para dejar que el propio trabajo periodístico publicado o transmitido hable por cada caso señalado y en específico. No todos los señalados en esa lista negra son periodistas “chayoteros” y no todos los que pretendieron justificar sus abundantes contratos con el gobierno peñista, son tan limpios y pulcros en su “labor periodística”.

En la presunta lista negra del periodismo destaca que no están registrados los ingresos millonarios de las dos televisoras “preponderantes” del país, pues Televisa y Televisión Azteca no figuran en la nota publicada en el periódico de circulación nacional, siendo estas empresas gigantescas, las que históricamente han sido las mayormente beneficiadas de la publicidad oficial. Queda pendiente la publicación de la lista completa de toda la información sobre la publicidad oficial del gobierno federal, así como todas las otras listas de gobiernos estatales y locales, ya que no puede seguir en el limbo los criterios que se deben cumplir en cuanto a rating, alcance y metas en los medios y programas donde se contratan espacios publicitarios gubernamentales.

No puede seguirse la línea discrecional donde empresas de ponderados periodistas recibieron más dinero que el presupuestado para el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos del año en curso. Si bien los debates sobre el escabroso tema de la publicidad oficial, siempre se prestará para buscar denostar a las empresas periodísticas que lo reciben, es necesario que se sepa distinguir el ejercicio de verdadero periodístico de investigación que ha desnudado y documentado estafas monumentales en el sexenio pasado, de los simples extorsionadores, disfrazados de líderes de opinión, que históricamente han destilado odios y diatribas contra las figuras opositoras a los regímenes anteriores.

Hasta el momento en el sexenio del presidente AMLO se ha respetado el ejercicio de la libertad de expresión, por más que cuestionados intelectuales orgánicos y algunos estridentes columnistas aseguren que existe un riesgo a las libertades consagradas en la constitución. Incluso informadores han acudido a las “mañaneras” para aclarar que su labor periodística siempre ha estado comprometida con la crítica sana y constructiva, por lo que rechazaron haber sido estigmatizados dentro de una lista incompleta.

Lo que si se ha reducido en forma drástica es el financiamiento que se daba a casi cualquier medio de comunicación, lo que inevitablemente provocó que los medios de comunicación más fuertes realizaran ajustes de personal y financieros ante la baja de ingresos provenientes de la publicidad gubernamental.

Casi todos los medios de comunicación requieren de la publicidad oficial para su viabilidad financiera, es por ello que deben existir reglas claras en materia de contratación y los efectos comunicativos de lo que se desea difundir. Ya no es posible dejar en la opacidad la contratación de propaganda que solo atienda  a intereses particulares, en medio de una política de austeridad (por momentos hasta exagerada) pues sería imposible continuar con los gastos faraónicos que han sido tradicionales para los gobiernos pasados. Las finanzas públicas, los ciudadanos y la nueva era cibernética no permiten que se siga malgastando inútilmente desorbitados recursos económicos en empresas y personalidades que no reditúan en una verdadera política de comunicación retroactiva con el gobierno y sus representados.

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