La Cuarta Transformación y la Guardia Nacional

Con votación casi unánime en la cámara de diputados y votación completamente a favor en el senado de la república, la denominada Guardia Nacional fue...

5 de marzo, 2019

Con votación casi unánime en la cámara de diputados y votación completamente a favor en el senado de la república, la denominada Guardia Nacional fue aprobada por el poder legislativo con mando civil, sin fueros militares y con una temporalidad de cinco años para que se de paso a la conformación de una policía nacional y se mejoren y capaciten las policías estatales y locales de cada entidad federativa.

En una votación histórica y totalmente inesperada, el bloque opositor en el senado logró integrar las muchas observaciones que se realizaron sobre la más grande apuesta del gobierno de la república, en materia de seguridad pública. Las organizaciones de la sociedad civil, muchas agrupaciones históricas a favor de desmilitarizar el país, asociaciones en defensa de los derechos humanos y no pocos sectores de la prensa que alertaban de la enorme fuerza sin contrapesos que se le daba a las fuerzas armadas, pudieron incidir en el dictamen final.

La oposición logró negociar con el bloque mayoritario de senadores de Morena y sus aliados legislativos como el PT y el PES, reconsideran sus posiciones e integraran las modificaciones, para todos juntos subirse al carro de la conciliación y la oposición responsable, que otorgó un cuerpo de elite al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la insoportable realidad de un estado desmantelado por los carteles de droga y el crimen organizado.

Como es lógico dicha iniciativa de reforma constitucional aún debe ser avalada por 17 congresos estatales y requiere de la redacción de un reglamento y leyes secundarias. Como bien cita el refrán popular “Dios y el diablo está en los detalles” por lo que aunque al parecer persiste un ánimo conciliador legislativo, muchos especialistas señalan que se requiere seguir atentos en la conformación final de esta importante y trascendental reforma constitucional.

Las fuerzas armadas son un garante de la fidelidad institucional a los gobiernos emanados después de la revolución mexicana, desde que se inició la era de presidentes de origen civil, terminando con largos periodos de militares que se postulaban al poder y los muchos “cuartelazos” y golpes de estado en el México de la lucha de conservadores contra liberales.

En el México moderno a diferencia de muchos países sudamericanos el ejército mexicano ha sido leal a la figura del presidente en turno y nunca ha dado un golpe de estado. Su formación está más destinada a ser defensora de la soberanía nacional, a pesar de ser un cuerpo numeroso, se le considera un ejército de paz. Se le ocupaba en la atención de los desastres naturales y en la época neoliberal de los gobierno priístas y panistas, se les dio la encomienda de combatir el crimen organizado y el narco, ante un estado de putrefacción casi total de las policías estatales y locales de cada entidad federativa.




Un reclamo constante que los militares consagrados a labores de seguridad pública en los estados con mayores índices de violencia y crímenes, era que se les brindará un marco normativo legal para poder continuar sus faenas titánicas dentro de la certidumbre jurídica. No pocas acusaciones de violación a derechos humanos se han emitido en zonas donde la tropa fue asignada a las labores de seguridad pública, de allí la importancia de legislar al respecto.

Pobladores azotados por grupos delincuenciales no les quedaba otra opción que pedir el auxilio de los militares, ante situaciones insostenibles de extorsiones, secuestros, asesinados, los amedrentamientos y violaciones por parte de los criminales que dominaban una plaza para la venta de drogas, o inclusive entidades federativas completas como lo es el estado de Tamaulipas.

El entonces candidato presidencial López Obrador ofreció como promesa de campaña el regreso de los militares a los cuarteles para buscar desmilitarizar al país y regresar a las fuerzas civiles policiacas a la custodia y seguridad de los ciudadanos mexicanos. Sin embargo las difíciles condiciones del país, carcomido por la corrupción, la falta de profesionalización del poder judicial en los Ministerios Públicos, las fuerzas de investigación y la coptación de varios mandos medios y altos de las policías, gobiernos locales y estatales por parte del crimen organizado, hizo recular al presidente y entender que no existían condiciones para el regreso de las fuerzas militares a sus bases.

No es la primera vez que el presidente AMLO rectifica en sus diagnósticos sobre las múltiples problemáticas que enfrentan el país, siendo la materia de seguridad la más urgente de atender. El cambio de discurso de no hacer una prioridad la persecución de los líderes criminales, como se hizo en sexenios anteriores, fue un enfoque que busca atacar los delitos más comunes que afectan a la ciudadanía en su acontecer diario, como son los asaltos, las extorsiones, el cobro del derecho de piso, los secuestros y los asesinatos dolosos que continúan con cifras alarmantes e históricas.

El reto que enfrenta el régimen del presidente López Obrador es sin duda gigantesco, su gran apuesta temeraria para solucionar la insoportable realidad es la Guardia Nacional. La adecuada implementación de este cuerpo militarizado determinará el control de la delincuencia que azota desde décadas a la sociedad civil. Este es un cáncer que ha sido atacado infructuosamente por otros gobiernos, cuyo fracaso ha mermado la capacidad de reacción y desmantelado las instituciones mexicanas.

Sin una reestructuración de raíz del poder judicial, la profesionalización de sus miembros, la legalización de todas las drogas y sin la inyección de recursos económicos, esta estrategia podría estar condenada al fracaso, a pesar de la buena reacción y despliegue táctico que la Guardia Nacional pudiera tener. La inseguridad es la amenaza más seria y difícil que enfrenta el Estado Mexicano.

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