La Cuarta Transformación y la despenalización del aborto

Antes del jolgorio por los 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la semana pasada saltó a la luz pública una...

12 de marzo, 2019

Israel Aparicio

Antes del jolgorio por los 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la semana pasada saltó a la luz pública una de las muchas contradicciones del conglomerado político que hizo posible la victoria del tabasqueño en las pasadas elecciones de 2018. El escabroso tema de la interrupción legal del embarazo fue tema nacional después de que el pasado 6 de marzo, el retrograda congreso de Nuevo León, legislara a favor de “la vida” y penalizará el aborto sin importar que la fecundación fuera realizada a la fuerza producto de la violación, o si el feto malformado pudiera provocar la muerte de la madre. En dicha votación promovida por el Partido Acción Nacional (PAN) realizada fast track, sin discusiones previas, se contó con votos de las bancadas del PRI, Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT) y de Morena.

En reacciones a la polémica ley aprobada en Nuevo León, el senado se transformó en un ring político, donde la experiodista y senadora emanada de Morena, Lily Téllez, estalló contra la postura de la senadora Patricia Mercado de MC, por colocar en todas las curules pañoletas verdes, símbolo internacional de la lucha por la legalización del aborto. Fuera de sus casillas y perdiendo el estilo, la senadora Téllez vociferó por la colocación de la pañoleta pues aseguró para ella representaba un símbolo de muerte e incluso amenazó con impulsar una iniciativa de ley similar a la del congreso neoleonés que penalice la interrupción del embarazo, para preservar la vida desde el momento de la concepción.

Es común que existan posiciones encontradas dentro del bloque legislativo mayoritario de Morena en cuanto a temas polémicos, en las filas de eso que llaman un partido de izquierda, conviven ex destacados miembros del PAN, lo más longevo del príato de la época estatista, muchos neoliberales convertidos y colectivos que brindaron su apoyo a la candidatura presidencial de AMLO, con posturas añejas a favor del aborto y su despenalización.

El mismo presidente AMLO nunca ha realizado un posicionamiento claro a favor o en contra del aborto, se sale por la tangente cuando se le pregunta y se infiere que su formación cristiana estaría más cercana al rechazo. El mandatario sería capaz de someter a consulta un tema que debería ser respetado según las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, que ya se ha manifestado por no penalizar a las mujeres que recurren a la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México.

El pasado lunes 11 de marzo la contradicción total se dio cuando el polémico y vilipendiado legislador, Pedro Carrizales, alias “el Mijis” declaró estar a favor de la despenalización del aborto, y buscaría presentar una iniciativa de ley en el Congreso de San Luis Potosí, de forma consensuada con otros organismos de la sociedad civil y colectivos defensores del derecho a decidir. En contraste con mujeres como la senadora Lilly Téllez que prefieren ser fieles sus ideologías conservadoras, en lugar de trabajar a favor de los derechos de las mujeres que tantas dificultades enfrentan en un mundo productivo que les obliga incluso a no ser dueñas de las decisiones de su propio cuerpo. Solo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero ha apoyado se legisle en favor de la despenalización.

Estadísticas del Inegi demuestran un problema grave de maternidad temprana que provoca que niñas dejen la escuela, mantengan embarazos de alto riesgo y al no concluir sus estudios se convierten en un grupo vulnerable social y laboralmente. Hasta 2017 habría 32.7 millones de mujeres que son madres; destaca el dato que 28 de cada 100 madres viven sin pareja; de esas 28, 7 son madres solteras y 21 son mujeres separadas, divorciadas o viudas. Asimismo, 43.4% de quienes son madres que tienen empleo, y entre ellas, 31.5% tienen empleos informales; un 11.68% desarrollan actividades de trabajo doméstico remunerado, mientras que 1.6% se dedica a actividades de subsistencia.

Los estados de la República que penalizan el aborto se están incrementando, en el caso de Nuevo León esta equiparado al homicidio por lo que muchas mujeres podrían ser sentenciadas. En pleno siglo XXI demasiadas mujeres cumplen penas en cárceles por interrumpir sus embarazos, muchos de ellos realizados de forma espontánea e involuntaria.

La interrupción legal del aborto en todo el país es un derecho que las mujeres merecen y por el que han luchado por décadas, debe ser consagrado en las legislaturas y vigilado por el Estado. Es importante señalar que dichas leyes no obligarían a nadie que no quiera, a realizarse un aborto que deja secuelas psicológicas en las mujeres que se ven en la necesidad de practicarlo. Nadie en su sano juicio puede asegurar que la despenalización del aborto es una imposición ideológica en contra de la familia o la vida, es simplemente un derecho de las mujeres que como cualquier otro, pueden ejercerlo o no.

La obligación del gobierno mexicano es brindar la oportunidad de que toda mujer consciente que así lo decida, pueda interrumpir su embarazo sin la posibilidad de ser penalizada ni estigmatizada, con el cuidado de médicos especialistas y en instalaciones propicias. La realidad en México es que toda mujer que desea realizarse un aborto lo hará, con la posibilidad trágica de hacerlo en lugares desprovistos de material necesario y personal no calificado. Más que un problema ideológico y religioso, es un tema de salud pública que debe ser respetado, conocido y atendido por las instituciones mexicanas.

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