El pasado domingo 9 de febrero el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, explicó a través de un video en sus redes sociales que los nuevos institutos políticos, que cumplieron con los requisitos para obtener el registro, deberán someterse a un análisis minucioso para garantizar que no existan irregularidades para empezar a competir en las siguientes elecciones intermedias del año 2021. Esta aclaración se da luego de la triquiñuela legaloide que hizo posible la reelección del secretario Ejecutivo del órgano electoral, Edmundo Jacobo Molina, quien permanecerá seis años más en ese cargo, con los que completaría un total de 18 años.
Aunque la votación de ocho votos a favor y tres en contra le permitió al consejero Jacobo Molina enquistarse en el INE, el proceso se desvirtuó ya que no se esperó a la llegada de los nuevos cuatro consejeros que renovarían el instituto y quienes deberían haber decidido sobre el cargo de secretario ejecutivo. Llama la atención que el reelegido funcionario concluía el 10 de abril su periodo, pero gracias al procedimiento adelantado tendrá tres periodos en el mismo cargo.
Las vicisitudes y no pocas polémicas del consejero presidente Córdova no son nuevas. Cabe recordar la filtración de su llamada telefónica donde se burlaba de un líder indígena a quien juzgó como “gran jefe toro sentado”. Asimismo, en el pasado proceso electoral presidencial, a pesar de que las tendencias electorales vislumbraban una jornada muy amplia para el puntero, el insulso consejero se atrevió a declarar que estaba preparado para una elección muy cerrada.
La histórica jornada que daría la presidencia a Andrés Manuel López Obrador será recordada también por las innumerables “chicanadas” que realizaron los presuntos candidatos independientes, donde existieron miles de firmas falsas, casos graves como el uso del aparato de gobierno para recabar apoyos y no pocas violaciones al COFIPE. Todo para que dichas candidaturas no resultaran atractivas para los ciudadanos y sí muy costosas económicamente y desgastantes para el INE.
Aún se recuerdan las traumáticas elecciones de 2006, con el entonces IFE, donde el polémico y cuestionado triunfo del presidente Felipe Calderón por escaso margen del 0.56%, motivaron cambios sustanciales a la ley electoral. Producto de esos desencuentros y situaciones imprevistas se hizo obligatorio el recuento de voto por voto cuando las diferencias entre el primer y segundo lugar fuera mínima. Se instauraron más controles sobre lo que denominaba “guerra sucia” y se trató de bajar un poco el millonario gasto que se hace en medios de comunicación masivos.
De ese periodo conflictivo electoral, el defenestrado presidente consejero, Luis Carlos Ugalde (el más mediano de los funcionarios que han encabezado históricamente el instituto), dejó una profunda crisis de credibilidad. Su incapacidad de mediar entre campañas de odio, no atreverse a impulsar un reconteo de votos más amplió y su eterno tono gris, provocó un eterno cuestionamiento sobre su integridad, sobre todo por su cercanía a la entonces toda poderosa líder del magisterio, Elba Esther Gordillo.
El resultado de esa traumática elección terminó con el mito genial del organismo autónomo independiente que garantizaba la imparcialidad en los procesos electorales más cerrados y complejos. Cuando la conformación del consejo general del INE pasó a ser solo el pago de cuotas y cuates de poder de los partidos, el sentido plural del pretendido órgano colegiado se vino abajo. Si bien ese instituto encauzó por la vía pacífica del sufragio la inconclusa transición democrática, en su historia mantuvo claroscuros en elecciones estatales y locales que por lo regular solapaban prácticas clientelares que definían elecciones a favor de los regímenes en el gobierno.
El INE garantiza una confiabilidad cuando los márgenes de una elección son amplios; el problema se presenta cuando en elecciones más cerradas, las refinadas formas “mapacheriles” terminan por imponer un ganador. Dicho instituto está sobrevaluado en lo que respecta a muchos consejeros que se suben al ring opositor al régimen, disfrazados de demócratas protectores de la cacareada autonomía, por momentos se exhiben más preocupados por la disminución de los tabuladores en la nómina que por preservar la muy sui generis democracia mexicana.
El más reciente episodio de esa larga historia tragicómica del organismo autónomo lo presentó las eternas suspicacias que despierta el polémico y arcaico matrimonio de los Zavala-Calderón, quienes impulsaron la creación de su propio partido patrimonial desde el cual buscan seguir viviendo del presupuesto y arrebatar algunos escaños en el congreso para nutrir su fantasía enferma de volver a conquistar la Presidencia de la República.
El anuncio eufórico de que México Libre había cumplido con los requisitos para su inscripción como partido político, dado por el expresidente Calderón, motivó que el consejero presidente Córdova saliera a tratar de controlar los ánimos entre los no pocos ciudadanos que no entienden cómo se lograron afiliar en tiempo récord a los miles de simpatizantes que requería la institución política. Viene a la memoria las firmas falsas que presentó la fallida candidata Margarita Zavala que le significó pagar la risible cantidad de 24 mil pesos por sus triquiñuelas.
Es aún más extraño que con el golpe político que representó la captura y el proceso penal en los Estados Unidos contra el exsecretario calderonista, Genaro García Luna, la agrupación patrimonialista haya podido crecer exponencialmente sus simpatías y haya logrado la meta requerida. La figura desgastada del expresidente parece por momentos más un lastre y un divisor de la derecha partidista que un activo sobre el cual se pueda construir un bloque opositor que pueda revivir de los devastadores resultados electorales de 2018.
Flaco favor le harían a la democracia, al propio INE y a la oposición si el partido del irascible Calderón logra el registro sin cumplir cabalmente con los requisitos. Ya pesan demasiados estigmas sobre la autoridad electoral y sobre la polémica figura de su presidente consejero, como para montarse en la institución y usufructuarla como un legado personal en favor de la democracia.
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