Desde la semana pasada, los estados de Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas padecen desabasto de gasolinas debido al combate al robo de combustibles de los denominados huachicoleros, según explicó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Largas filas de vehículos se vieron en muchos municipios y ciudades provocando compras de pánico y anuncios en las gasolineras de la falta de combustibles. Esta crisis de desabasto de gasolina es el primer problema económico real que enfrenta el nuevo gobierno, después del reto político que fueron las incidentales muertes del senador y exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y de su esposa la gobernadora, Martha Erika Alonso en un aparente accidente de helicóptero.
El delito del robo de hidrocarburos representó pérdidas económicas por 66 mil 300 millones de pesos tan solo en el año 2018. Las más de 12 mil 800 tomas clandestinas en los ductos de la red de distribución de gasolina con las que cuenta el país, fueron cerradas para evitar se continuara robando el combustible, por parte de los huachicoleros, provocando escases del producto, que en conjunto con una errónea logística de redistribución, complicó el abasto normal.
La misma secretaria de Energía, Rocío Nahle, reconoció fallas en el suministro de gasolinas en al menos 8 estados de la república mexicana. Por la mañana del pasado lunes 7 de enero, el presidente AMLO explicó que se cuenta con la suficiente gasolina, el problema fue las complicaciones para distribuirla en forma eficiente al utilizar un canal diferente a los ductos.
En el difícil tema del combate al delito del huchicoleo radica en romper las redes de distribución, con complicidades al interior de PEMEX (donde se dijo ya se había detenido y despedido a personal encargado de permitir las miles de tomas clandestinas) pues el fenómeno no se podría comprender sin una amplia gama de irregularidades y corrupción. El ejército mexicano custodia los ductos de PEMEX, que por decisión estratégica se han cerrado para evitar su constante ordeña, con las consabidas consecuencias de desabasto en amplias zonas geográficas del país en especial en la zona del bajío mexicano.
El operativo desde temprana hora del pasado lunes 7 de enero, donde el Ejército y la Marina tomaron el control total de la seguridad en las refinerías de Salamanca, Guanajuato; Ciudad Madero, Tamaulipas; Minatitlán, Veracruz; Tula, Hidalgo; Salina Cruz, Oaxaca; Cadereyta, Nuevo León, trajo consigo la pequeña crisis de desabasto de combustible, ya que no se informó del cierre de los ductos transportadores a ningún gobernador o funcionarios, provocando que no se tomaran medidas preventivas.
La reciente crisis de desabasto de gasolinas desnudan dos problemas neurálgicos del país en materia de energéticos, la primera gran problemática es que no se cuentan con las instalaciones suficientes para el almacenaje de los combustibles. Siendo este una irresponsabilidad grave que se dejó al olvido, incluso en los gobiernos federales panistas cuando se gozaba de la abundancia de los altos precios internacionales del petróleo. Una catástrofe natural que provoque daños en la red de ductos de distribución de las gasolinas, podría dejar en el verdadero desabasto de combustibles a amplias zonas del país, con el lógico desastre económico.
La segunda problemática es sin duda la hecatombe política, económica y social que representa el robo de hidrocarburos que se convirtió en un monstruo gigantesco que ha engullido millones de dólares a la paraestatal mexicana por más de 12 años. La complacencia y la complicidad de autoridades, gobiernos locales, estatales y federales, dejaron impune el robo cometido por bandas y cárteles del crimen organizado. Destaca la complicidad de gasolineras que compraban el combustible de forma ilegal, ya que el complejo fenómeno social del huchicoleo está compuesto por muchos pueblos que vivían literalmente de esta actividad delictiva a la que se le dejó crecer irresponsablemente.
La decisión del nuevo gobierno de distribuir el combustible en pipas fue errónea en su diagnóstico, les quedo muy grande el reto, sobre todo por el enorme territorio a recorrer y el insuficiente número de pipas. Sin lugar a dudas, como en el caso de la inseguridad, la realidad superó al diagnóstico inicial y el problema está totalmente descontrolado. Muchas cosas tendría que explicar el líder petrolero y destacado priísta, don Carlos Romero Deschamps quién nunca vio nada, ni denunció el terrible delito del robo de combustible, que se dice se comenta, se rumora, se podría haber realizado en las innumerables pipas de su propiedad.
La normalización del servicio de redistribución de la gasolina es aún incierta, el delito del robo de combustible seguramente tiene raíces muy profundas en los ex mandos altos de PEMEX, gobernadores y secretarios de estado, a quienes literalmente les importó poco combatir este delito. El gobierno del presidente López Obrador, deberá actuar contra reloj ya que los estados no pueden darse el lujo de quedarse paralizados en todas sus actividades productivas. A pesar de que el operativo contra el huchicoleo era impostergable, la afectación para muchos mexicanos es enorme y requiere de una solución casi inmediata, en los próximos días se verá la verdadera capacidad operativa del gobierno de AMLO, en la resolución de este tipo de crisis.
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