La conclusión a la que llegó el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es que no existen condiciones para el repliegue de las fuerzas armadas en el control de los grupos criminales y del narcotráfico, por lo que lejos de regresar al ejército a sus cuarteles, se formará un cuerpo de elite con las policías militares, navales y de la policía federal denominado guardia nacional, para combatir el principal cáncer del país. Es decir, más píldoras militares para el mismo mal crónico degenerativo de la inseguridad, que desde los tiempos de campaña, para el presidente electo es el principal problema que le mantenía preocupado.
Luego de la tempestad económica de los mercados y el tipo cambiario, el principal anuncio que esperaba era la estrategia de seguridad para recuperar el estado de derecho en amplias zonas del país, donde gobiernan a placer los grupos delincuenciales. En opinión de expertos aseguran que dicha estrategia es una copia mala de los diagnósticos realizados en los gobiernos del insolente Calderón y el inepto Enrique Peña Nieto, quienes llevaron a cifras record, el número de homicidios (un cuarto de millón de personas) y de desaparecidos.
Si bien la visión de AMLO parte de atacar los problemas que generan la falta de crecimiento económico, la educación de mala calidad, los sueldos precarios y sobre todo una cultura que idealiza la vida de los criminales, las políticas del programa social “jóvenes construyendo el futuro” serán insuficientes, ante la necesidad inmediata de resultados y la falta de opciones para los adolescentes y adultos que participan o padecen la cultura del narcotráfico.
La encomienda gigantesca del futuro secretario de seguridad pública, Alfonso Durazo, empezó por reconocer las carencias en el presente y al mediano plazo, de contar con policías estatales y municipales seguras, que permitan el verdadero combate de la delincuencia organizada.
Por ello se tomó la salomónica decisión de crear una gigantesca policía militarizada que responda directamente al presidente AMLO, quien prefirió tomar esa responsabilidad directa, como un general al frente de otra guerra que podría continuar con los similares resultados de sus predecesores. Ante el desolador panorama de que no hay tiempo de capacitar nuevas policías, nula coordinación entre fuerzas federales, policías de investigación que están de adorno y pocas policías estatales funcionales, el reclamo mayoritario de los mexicanos de sentirse seguros, hizo recular las promesas de campaña para apostar todo a la paulatina conformación de una fuerza especial, que requerirá de la modificación de la constitución política mexicana.
Lo único que podría apoyar esta medida que se espera sea provisional, es que en verdad se pudiera legalizar el uso recreativo de todas las drogas que se producen y consumen en México, pero con la agravante que el principal mercado de consumo de drogas, los Estados Unidos, son un socio comercial traicionero, que por una parte compra drogas a los carteles y por otra vende armas a los bandos enfrentados: las fuerzas armadas de México y los grupos criminales.
El panorama es difícil de diagnosticar, los expertos no coinciden incluso en cuál sería la mejor estrategia ante un problema tan complejo, añejo, enraizado en la misma cultura mexicana y sobre todo tan cambiante por su poderío económico. El narcotráfico y el crimen organizado generan en el mundo varios miles de millones de dólares que superan al ingreso per cápita de varios países pequeños, en su enorme poder corruptor se encuentran autoridades políticas y económicas sin las cuales no se hubieran podido forjar sus exorbitantes ganancias. El perseguir la ruta del dinero y su lavado en el mundo, resulta aún más complejo de lo que era hace años, además de que por incongruente que parezca, estos ingresos son parte importante del capital financiero que invierte, reditúa y distribuye ganancias a sus socios comerciales.
La estrategia de seguridad en México por sexenios ha estado condenada al fracaso o por lo menos al mundo utópico de la revolución de conciencias que prefieran la civilidad y el estado derecho, al verdadero calvario de enfrentar a bandas delincuenciales (cada vez más crueles y vengativas) contra elementos policiacos con escasa preparación, salarios insuficientes, escaso reconocimiento social y sobre todo la eterna tentación del cañonazo de los 50 mil pesos que mencionaba el general Álvaro Obregón.
Por si fuera poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado por declarar la ley de seguridad federal para las fuerzas armadas como inconstitucional, debido a sus atribuciones concedidas que podrían vulnerar los derechos humanos. Con la estrategia de seguridad del gobierno de AMLO, ocurre lo mismo, solamente que se espera que su supervisión y la del gabinete de seguridad permitan obtener resultados diferentes o al menos controlar un poco el poder de los grupos delincuenciales.
La desesperación de ciudades, municipios y estados cuyos gobiernos claudicaron en la lucha contra la delincuencia apostarán a que la estrategia militarizada de AMLO produzca resultados, así les quite garantías individuales consagradas en la constitución, siempre y cuando tengan un respiro de los asaltos, cobro de piso, secuestros, homicidios y desapariciones que son tan comunes en el terror diario de la vida de miles de mexicanos. La última apuesta del gobierno entrante de Morena es alta, riesgosa y al parecer la única ante un escenario dantesco que se nutrió de la corrupción, la negligencia y el olvido de las instituciones de justicia.
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