La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, enfrenta dos de los casos más emblemáticos en los diez primeros meses del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El pasado viernes 13 de septiembre se informó que el ex superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, envuelto en conflictos de interés por sus empresas farmacéuticas, fue inhabilitado por más de dos años mientras se resuelven las siete investigaciones a los que está sometido. El anuncio se hace luego de presiones en redes sociales e investigaciones periodísticas que señalaron al excandidato a la gubernatura de falsear información y conductas irregulares, desde el inicio de sexenio.
En la circular 023/2019 de la dirección general de controversias y sanciones en contrataciones públicas, de la Secretaría de la Función Pública, se explica que derivado de las investigaciones abiertas en el expediente SAN/015/2019, se abstenga el gobierno de realizar contratos por dos años seis meses con la empresa denominada LOMEDIC S.A. de CV. La empresa de Lomelí consolidó un imperio de contratos de salud con pago excesivo por instrumental médico y medicinas, el ahora exdelegado se benefició durante gobiernos federales emanados del PAN y PRI además de administraciones locales. Se verá en la profundidad de las investigaciones si el actual gobierno en verdad busca acabar con los contratistas abusivos.
El segundo caso emblemático es el de la investigación contra el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, a quien se le acusó de no haber declarado millonarias propiedades inmobiliarias, que aseguró estaban a nombre de su pareja y familiares. Con expedientes negros en lo peor de la represión priísta, el exsecretario de gobernación se ha transformado en un funcionario afín al régimen en la última década.
Bartlett después de su salida del PRI, se envolvió en la bandera del nacionalismo y fue un férreo defensor de las empresas paraestatales mexicanas, como PEMEX, la extinta Luz y Fuerza del Centro, la CFE y posicionó la idea política del Estado como rector de los sectores energéticos y estratégicos para el país, durante el dominio ideológico neoliberal.
Fue esa posición nacionalista que le hizo posible reconciliarse con el principal afectado de la caída del sistema electoral en 1988, Cuauhtémoc Cárdenas, además del actual presidente AMLO y no pocos sectores de izquierda a los que combatió desde diferentes trincheras gubernamentales, incluidos los sótanos de la terrorífica Secretaría de Gobernación de los “buenos tiempos priístas”.
Digno del realismo mágico latinoamericano, Bartlett fue defensor de los intereses mexicanos en la zanjada disputa por la distribución de gas entre el gobierno mexicano y las empresas privadas, fue un facilitador, sin el cual no se entendería el histórico acuerdo que permitió a los personajes más importantes de las cúpulas empresariales, respaldar el proyecto político económico del presidente AMLO. Figuras como el magnate Carlos Slim, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, presumieron dicho acuerdo junto al polémico director de CFE.
A pesar del respaldo presidencial dado a Bartlett desde la “mañanera” del 11 de septiembre, la secretaria Sandoval tiene una papa caliente en este caso, ya que se juega la confianza de no acabar reproduciendo el patético papel de Virgilio Andrade cuando investigó (sin credibilidad alguna) el conflicto de interés del expresidente Enrique Peña Nieto durante el demoledor caso de la compra de la Casa Blanca.
Para colmo, Bartlett se vio inmiscuido en una discusión con el expresidente Felipe Calderón, a quien acusó de estar alcoholizado al tuitear y lo llamó por su reciente mote de “comandante Borolas”, él aludido le respondió que era su dinosaurio favorito, le solicitó renunciar a la CFE para evitar afectar la imagen del presiente y le preguntó por sus inmuebles investigados.
La investigación periodística fue publicada en un portal de Internet propiedad de un periodista totalmente opositor al régimen de AMLO, con el desatino en su trayectoria informativa de prestarse a realizar un montaje policiaco que culminó con la absolución por faltas al debido proceso, a la ciudadana francesa Florence Cassez acusada del delito de secuestro. En los tiempos negros del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, este evento marcó un antes y un después del comunicador aparentemente “renunciado” de la principal cadena de televisión abierta del país. Contrasta que en el presente trabajo de investigación periodística contra Bartlett Díaz , la realización es impecable.
El presidente ve con buenos ojos la defensa de los intereses nacionales que se realiza Bartlett desde la CFE, esas acciones ideológicas le son afines, a pesar del negrísimo pasado del maquiavélico funcionario. Será difícil que permita que se le sancione o se le separe del cargo, pues le parece un director que abona a su proyecto nacionalista y una de las principales promesas de campaña es intentar ser autosuficientes en materia energética y alimentaria.
En contra del caso Bartlett, está la promesa principal de campaña de combate a la corrupción, y la cita contundente de Ignacio Ramírez “El Nigromante”: “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie” posicionada ante el electorado en la pasada elección presidencial y que se mantiene en el dominio colectivo de los ciudadanos mexicanos.
Se deberá esperar cuál factor decanta la balanza, pues a pesar de las simpatías presidenciales por el polémico director de CFE, AMLO deberá resolver la encrucijada de permitir se sancione, aunque sea simbólicamente al funcionario, o recibir las críticas y denuestos por su exoneración. Es un dilema de difícil resolución y que no importa el sentido que se tome, afectará la imagen del presidente que salió sumamente fortalecida de los festejos y eventos realizados en el mes patrio.
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