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Justicia para las mujeres de Atenco

Wilfrido Robledo, entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), aseguraba hace once años atrás...

29 de noviembre, 2017

Wilfrido Robledo, entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), aseguraba hace once años atrás, que las acusaciones de abusos policiacos y las violaciones contra las mujeres detenidas en el operativo para recuperar el orden en Atenco y Texcoco, el pasado 3 y 4 mayo de 2006, eran falsas. Luego de meses en conflicto con “los macheteros” de San Salvador Atenco, derivada de la expropiación fallida para el nuevo aeropuerto, el gobierno del entonces presidente, Vicente Fox y el entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña, decidieron recuperar los municipios mexiquenses dominados por toda clase de grupos sociales violentos y pobladores que llevaron al extremo el conflicto social en plena campaña electoral de 2006.

Varios líderes sociales fueron sentenciados hasta por 30 años de cárcel, otros más fueron detenidos y liberados en años posteriores, pero las mujeres que fueron detenidas padecieron una saña especial en su contra. Varios elementos de la Policía Federal, agentes de la ASE y policías municipales detuvieron a 31 mujeres sin justificación alguna a quienes amenazaron, torturaron, intimidaron y once de ellas fueron violadas en forma tumultuaria. El entonces secretario de Gobierno mexiquense, Humberto Benítez Treviño, aseguró que no había condiciones para realizar una investigación, pues según no había denuncias realizadas ni exámenes ginecológicos presentados.

Sin embargo, en días pasados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos permitió a las mujeres vejadas en aquellos terribles días, presentar sus desgarradores testimonios de cómo sufrieron violaciones grupales, donde elementos policíacos de las corporaciones implicadas en el operativo, saciaron sus bajos instintos sin medidas de protección y con total impunidad. Los abusos sexuales por parte de los policías se dieron en medio de un constante clima amenazador contra la vida de las víctimas, además de taparles el rostro a las mujeres violadas para evitar ser identificados.

Este imborrable abuso destrozó la vida normal de las mujeres violadas, quienes además de ser estigmatizadas, han padecido ser perseguidas políticamente. La comparecencia pasada de los días 16 y 17 de noviembre de las victimas ante la CIDM, fue el punto final de una larga lucha por la reivindicación de sus derechos y lograron después de 11 años de impunidad, llevar al Estado mexicano a la silla de los acusados en una Corte Internacional.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, fue el representante del Estado ante la CIDH, quien debió reconocer que existió la tortura sexual contra las víctimas, pero trato de justificar el uso de fuerza excesiva debido a los enfrentamientos violentos de aquellos días. Dijo que sí se intentaron realizar acciones de reparación de daños a las mujeres violadas, pero que estas rechazaron las medidas y aseguró que los mandos superiores no ordenaron las agresiones sexuales. Sin embargo, debió reconocer que no existen sentencias definitivas contra ninguna autoridad o elemento policíaco derivado de dichas torturas sexuales y tampoco está claro el desarrollo de procesos legales que se siguen contra los elementos implicados.

La búsqueda de justicia para las mujeres de Atenco ha sido un periodo largo y traumático, que comenzó en 2008, luego de que las instancias de justicia locales desecharan sus denuncias. Las víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en septiembre de 2016 turnó el doloroso caso a la CIDH ante el incumplimiento de las recomendaciones formuladas tiempo atrás, donde se solicitó al Estado mexicano: “identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación, así como posibles actos de encubrimiento u omisión”, asentadas en el documento 74/2015.

Durante su audiencia en la CIDH las mujeres vejadas rindieron testimonios duros, trágicos, desgarradores contra los elementos policíacos, también negaron en todo momento que ninguna instancia de justicia les haya proporcionado apoyo alguno, solamente las Comisiones de Derechos Humanos que hicieron posible el largo proceso que culminará en noviembre del 2018 con la sentencia final de la Corte Internacional.

Más de 240 personas fueron detenidas en el operativo de Atenco con el común denominador de haber sufrido abusos policíacos y violación de sus derechos humanos. Es una terrible constante en los miles de casos documentados sobre acusaciones contra las fuerzas armadas, policías locales, estatales y federales que siguen actuando al margen de la ley, violando el debido proceso y dando oportunidad a los delincuentes de ser exonerados por este mismo motivo.

La crisis de feminicidios en el país se dio en forma exponencial, Atenco fue apenas el inicio de una cadena de agresiones sistemáticas que se dan contra las mujeres mexicanas que son un grupo vulnerable ante las fuerzas del orden, los órganos de impartición de justicia, el mundo laboral, social y hasta el sistema educativo universitario donde recientemente se ha denunciado el acoso sexual contra alumnas por parte de profesores en diferentes instituciones de educación superior.

México tiene un pendiente histórico con las mujeres agraviadas, sin distinción de preferencia política, sexual, niveles educativos y sobre todo, las niñas que tienen un alto riesgo de ser explotadas sexualmente por redes internacionales de corrupción de menores. El país tiene el desastroso segundo lugar en turismo sexual infantil a nivel mundial, según la Organización Internacional de Migraciones. El caso de las mujeres abusadas de Atenco es apenas la punta del iceberg de la larga lista de violaciones y abusos que han padecido las mujeres de forma alarmante en los últimos dos sexenios.

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