Huelga de hambre por la calidad en servicios de salud

Nueve enfermeras del Hospital de la Mujer “Rafael Pascacio Gamboa”, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, realizaron una...

18 de abril, 2017

 

Nueve enfermeras del Hospital de la Mujer “Rafael Pascacio Gamboa”, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, realizaron una huelga de hambre por once días, para demandar fueran restituidas a sus plazas laborales, además de exigir pagos y prestaciones atrasadas por 644 millones de pesos en materia de vivienda, seguros de vida, fondo de retiro, que no fueron aplicados en tiempo y forma en sus tabuladores. Conjuntamente con otros trabajadores sindicalizados, se realiza un plantón donde se exige se cumpla con el abasto de medicamentos e insumos en todos los hospitales, clínicas y casas de la salud de la entidad federativa.

La crisis en materia de salud del estado de Chiapas es enorme, desde hace años se ha denunciado la insuficiencia de material básico y medicinas para el funcionamiento del sistema de salud. De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación existen desvíos de recursos del año 2015, por 764 millones 408 mil pesos (situación que ya están siendo investigada) y que provocan el desabasto de material y medicamentos en todo el estado sureño.

El pasado 3 de abril las enfermeras en protesta, acusaron represión contra su movimiento por parte de las autoridades del nosocomio y del secretario de salud del estado, Francisco Ortega Farrera, al ser despedidas, por ello para recuperar sus plazas (con una antigüedad de entre 20 y 30 años) decidieron que la única forma de hacer visible su lucha, era mantenerse en ayuno, que salvaguardaron por once días.  

María de Jesús Espinosa de los Santos, vocera del grupo, aseguró que ningún señalamiento previo de las autoridades les quitó el origen legítimo de su protesta para mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud del estado. Por su parte el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, ofreció una disculpa pública a las enfermeras por verse obligadas al ayuno para hacerse escuchar. Se espera que el próximo 20 de abril se cumplan los acuerdos de una minuta firmada, y se complete el abasto de medicinas y material médico, para que se levante en su totalidad el plantón que se mantiene afuera de las instalaciones del nosocomio.

Los médicos y enfermeras son quienes deben lidiar con los pacientes y familiares cuando existen complicaciones o muertes debido a la falta de instrumental básico, medicinas, quirófanos fuera de servicio, así como sobresaturación de infraestructura y personal dentro del sistema de salud estatal y federal. La falta de recursos públicos para el adecuado funcionamiento del sistema de salud es un mal generalizado, que de forma trágica, ya se le ve como normal. Es una injusticia total que en todas las controversias médicas, solo el personal hospitalario es quien padece las sanciones ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico por mal ejercicio su profesión.

No en vano existió en el año de 2014 el movimiento #YoSoy17 derivado de un proceso penal en contra de 16 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, que fueron investigados por la muerte de un paciente que padeció múltiples complicaciones en su tratamiento, en 2010. En dicho proceso jurídico, se buscó sentenciar a los 16 galenos involucrados como culpables de homicidio culposo.




Este famoso caso unificó a los galenos de México ante la terrible fragilidad de su profesión, que es ejercida con insuficientes herramientas y recursos; bajo el lema “no somos dioses, no somos asesinos, somos médicos”, varios contingentes de profesionales de la salud, de diversas instituciones, se agrupan para fomentar mejoras en sus condiciones laborales, así como buscar la creación de una defensoría de sus derechos humanos para no ser estigmatizados como irresponsables u omisos ante la ley.

Los profesionales de la salud enfrentan retos titánicos (sobre todo en las comunidades más alejadas) donde además de afrontar una enorme demanda de servicios médicos, sin material necesario, medicinas y falta de personal, también afrontan el retraso en el pago de sus salarios.

Pero el caso más grave es cuando el personal de salud padece extorsiones, secuestros, cobro de piso, además de ser obligados a atender los heridos de los grupos delincuenciales en disputa del crimen organizado. Esté terrible fenómeno se tiene registrado en municipios de San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz, por lo que ya existen varios empleados del sector salud que han solicitado su traspaso a otras unidades hospitalarias, debido a los problemas con la delincuencia.

Los médicos pasantes y enfermeras que laboran en zonas con grupos delincuenciales, padecen una indefensión total que los convierte en un grupo vulnerable, muchas clínicas, pequeños hospitales y centros de salud han cerrado por la falta de recursos económicos o por no existir garantías mínimas de seguridad.

Los recortes presupuestales siempre pasan factura a los servicios de salud que atienden a las zonas rurales con pobreza, esas enormes deudas presupuestales deben ser amortizadas a costa de la calidad en los sistemas de salud, donde el eslabón más débil termina pagando los platos rotos, o en su caso apostando la salud o la vida en huelgas de hambre que no tendrían razón de ser en cualquier país civilizado.

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