El incontrolable fenómeno de la “ordeña”, robo y venta de combustible por parte de diversas bandas del crimen organizado, conocidos como “huachicoleros” es ya un problema de dimensiones gigantescas al estar coludida la población civil que vive en las zonas aledañas a los ductos transportadores, y que se beneficia de esta actividad delictiva. Como si se tratara de la defensa de la patria, el crimen organizado y la población cómplice en general, defienden su lucrativo negocio contra elementos policiacos, militares y cualquier agente del estado que “intenta” recuperar el control de los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
En la demencial realidad de un estado fallido (al más puro estilo de las películas de futuro apocalíptico) exhibió cómo, el pasado 22 de mayo, pobladores de San Matías Tlalancaleca, Puebla, robaron impunemente combustible de una toma clandestina, donde existió presencia policiaca y del ejército que no hizo nada por evitar el robo de gasolina, ni tomó verdaderas medidas de prevención de lo que pudo ser una tragedia, si se producía una explosión.
El secretario de gobierno de Puebla, Diódoro Carrasco justificó la inacción de las fuerzas policiacas, al asegurar que se evitó una confrontación directa con los grupos delincuenciales, sin importarle que la mínima chispa pudo provocar una explosión y la muerte de la totalidad las personas que se encontraban en la zona.
El crecimiento de este delito no sería posible sin la corrupción, la impunidad y la opacidad de los gobiernos estatales, en especial en Puebla, del suspirante presidencial Rafael Moreno Valle, que además de endeudar a la entidad, se preocupó más por preparar y presentar su mentado libro con fines electorales, que por detener el fenómeno criminal creciente del “huachicol”.
Las autoridades de PEMEX también son corresponsables, incluido el exdirector general Emilio Lozoya Austin quien entre muchas omisiones, pifias, corruptelas y favoritismos al frente de la entonces paraestatal, nunca atendió la seguridad en torno a los ductos de combustible, hasta que de forma paulatina fueron secuestrados por las bandas de “huachicoleros”.
El delito del robo de combustible demuestra la descomposición del tejido social y lo complejo que será lograr una solución a mediano y largo plazo. Los jóvenes, niños y mujeres ya han servido de carne de cañón, cuando el pasado 5 de mayo, fueron usados como escudos humanos durante los operativos contra “huachicoleros” en la convulsionada zona de Palmarito Tochapan, Puebla, donde debido a enfrentamientos entre las fuerzas del orden y pobladores, ya se han registrado muertos de ambos bandos, además del escandaloso video donde fuerzas castrenses ajustician a un presunto delincuente.
Es increíble que hasta los empresarios gasolineros se hayan beneficiado del robo de combustible al comprar con “huachicoleros” el producto robado más barato, como demuestran los registros de compra, donde desde hace más de un año algunas gasolineras no compraron combustible a PEMEX y sin embargo continuaban sus ventas de forma cotidiana. Se informó que la Secretaria de Hacienda inició los trabajos de revisión y sanción a las empresas y gasolineras que compraron ilícitamente hidrocarburos robados.
El grupo delictivo es amo y señor en las zonas donde se asienta, corrompe a las policías locales, intimida a las policías federales y al mismo ejército, se colude con la población local contratándola como vigilantes, distribuidores y transportadores de combustible robado, incluso dicta agenda noticiosa, como cuando filtró, el pasado 10 de mayo, un video donde personal castrense ejecutó a un “huachicolero” sometido, después de una emboscada a los militares.
Durante días se utilizó ese video para desprestigiar la difícil labor que realiza el ejército en tareas de combate a la delincuencia, en una trampa fatídica que enfrenta a la sociedad civil con la última institución de seguridad que enfrenta al crimen organizado. Los grupos delincuenciales no tienen el menor escrúpulo para utilizar a menores de edad y pobladores en su actividad ilícita de robo de combustible. Las fuerzas armadas enfrentan un vacío legal, al no aprobarse aún la ley que regula su función contra el crimen organizado y el narcotráfico, sumado a un desgaste natural al realizar labores de seguridad pública que no son su función principal.
El negocio de las bandas de “huachicoleros” ha desfalcado 100 mil millones de pesos de PEMEX en este sexenio, por lo que estas ganancias ilícitas son el mejor incentivo para familias y jóvenes menores de edad que se inician en el mundo de la delincuencia. El mismo fenómeno se ha diversificado, lo cual hace más complejo su combate, ya que existen grupos dedicados a la “ordeña” de ductos, otros a la transportación y un grupo final que se dedica a su venta. La sofisticación en el transporte de gasolina robada, se da en varias formas para engañar a las autoridades, como por ejemplo: en carretillas de basura, falsas ambulancias, carrozas fúnebres, hasta falsos altares religiosos.
También aumentó la capacidad bélica de los delincuentes, quienes no temen enfrentarse a las fuerzas del orden. El combate al fenómeno del “huachicol” estará destinado al fracaso si no se realiza de forma coordinada, decidida y sobre todo, se termina con la impunidad que dio origen a este monstruo que amenaza con engullir lo que queda del Estado de Derecho.
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