El robo en despoblado que intentaba fraguar la mayoría dominante en la Asamblea Legislativa conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista (PVEM), con los recursos inicialmente destinados a la reconstrucción de los edificios y casas afectados por los pasados sismos de septiembre, constituían un hecho totalmente deleznable y que los exhibió como la escoria política de la peor calaña.
El mismo jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, debió cancelar su renuncia definitiva al cargo, para poner orden en este escándalo que afectó por lo pronto a un total de nueve adultos mayores que han perdido la vida en estos meses a raíz de las difíciles condiciones que enfrentaron en albergues después del derrumbe de algunos edificios del multifamiliar de Tlalpan. Mancera se vio forzado a enviar una iniciativa de ley que modificó los artículos 13 y 14 del presupuesto del año en curso, para blindar los recursos económicos destinados a la reconstrucción, antes de ir a ocupar un lugar privilegiado en la lista de candidatos plurinominales al senado por la Coalición del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, luego de su intento fallido por ser candidato presidencial.
Después de los sismos de septiembre del 2017, se creó la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, para atender las distintas necesidades de los 11 mil 200 inmuebles que presentan daños estructurales de diferente intensidad. Destacados miembros de la sociedad civil conformaban dicha Comisión, pero ante el intento de reorientar estos cuantiosos recursos económicos, Ricardo Becerra Laguna, Mauricio Merino, Fernando Tudela y la periodista Katia Artigues, renunciaron para denunciar el manejo tramposo y opaco de los recursos que tanto requieren miles de familias damnificadas.
Los políticos responsables de la deleznable intentona de desviar recursos del fondo de reconstrucción, fueron los perredistas Mauricio Toledo y Leonel Luna, además del panista Jorge Romero que forman parte de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, que mediante votaciones mayoritarias habían otorgado al órgano legislativo facultades ejecutivas para manejar a discreción 8 mil 200 millones de pesos. El pasado 22 de febrero fueron obligados a recular en la misma Asamblea Legislativa, ante los reclamos de la sociedad civil, organizaciones sociales y el jefe de Gobierno que impulsó la iniciativa de ley que da certeza legal al uso de los recursos para la reconstrucción de la ciudad de México.
Ahora con la publicación de esta ley en la Gaceta Oficial, la institución encargada de asignar los recursos será la Secretaria de Finanzas de la ciudad de México, con lo que ahora la Comisión de Reconstrucción trabajará con un órgano de control social integrado por cinco personalidades donde se incluya a académicos, ciudadanos y damnificados. Además deberá informar al órgano legislativo de dichas acciones de forma trimestral.
El descaro de los asambleístas de la Comisión de Gobierno era total, ya que buscaron refugio en candidaturas a diputados federales plurinominales, con la finalidad de obtener fuero e impunidad ante su insolente y frustrado intento de redirigir, a discreción y sin vigilancia, los 8 mil 200 millones de pesos para campañas y tradicionales prácticas proselitistas clientelares.
La mayoría en la Asamblea Legislativa conformada por PRD, PAN, PVEM y el PRI, les permitió imponerse en una votación para disponer, en una primera instancia, de estos cuantiosos recursos a discrecionalidad total y sin ningún tipo de fiscalización. Para estos partidos “gandallas” lejos quedaron los tiempos de solidaridad y hermandad después de la catástrofe de los sismos que movilizó lo mejor de cada mexicano. Quedó demostrado que a esta “clase” política no le importa lucrar con las necesidades de miles de familias que padecerán por más de cinco años los efectos de los terremotos del año pasado. De no ser por la presión social y mediática, los asambleístas en cuestión, sumarian otra “chicanada” a su largo historial de corrupción, despilfarro y cinismo.
Mancera logró enmendar la plana a los ahora candidatos plurinominales, en su intento por apropiarse de los recursos de la reconstrucción de la ciudad, aunque el jefe de gobierno en su afán por protegerse de alguna represalia ante un posible triunfo presidencial del populista Andrés Manuel López Obrador, condenará a los damnificados a su suerte, ya que hasta el momento, los damnificados no han recibido el apoyo suficiente desde los sismos, y ahora con la partida del titular del ejecutivo de la ciudad, los laberintos burocráticos serán un obstáculo insalvable.
Es increíble cómo en menos de seis meses el ambiente político de solidaridad con los damnificados haya sido totalmente degenerado a rapiñas electoreras, esta enajenación pinta de pies a cabeza a los políticos en su incontrolable ambición, a quienes no les importan las desgracias de miles de afectados que además de la calamidad de un sismo, deben padecer a una clase política terrorífica, vividora, cínica, corrupta y totalmente impune.
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