La matanza de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa sólo fue la punta del iceberg donde encalló el barco “peñista”, que navegaba con ciertas velas desplegadas y avanzaba en el aspecto económico. No es que el pésimo manejo de la crisis del caso no haya multiplicado los daños provocados, además de que el entonces prepotente y triunfalista régimen intentó minimizar y deslindarse de un hecho en seguridad que no era de su responsabilidad y competencia. Olvidando que la función principal de todo Estado es brindar seguridad y protección a sus gobernados.
En realidad la tragedia desnudó una realidad que se intentaba disfrazar, las condiciones que hicieron de México un país con altísimos índices de delincuencia, homicidios, corrupción, impunidad y en muchas partes del país, inexistente Estado de derecho, no habían cambiado en nada, sino que empeoraron para desgracia de todos los mexicanos.
Ayotzinapa fue la enfermedad oportunista que precipitó los males del gobierno priísta, sin embargo otros casos emblemáticos pudieron haber llevado a pique la salud del régimen “Peñista”, baste recordar la violación de derechos humanos y asesinatos por parte de las policías federales en Tanhuato, Michoacán, el reciente asesinato de los curas de Papantla, Veracruz, el secuestro y muerte de María Villar Galaz, la sobrina del presidente de la Real Federación de Futbol de España, Ángel María del Villar, los excesos del ejército en Tlatlaya, Estado de México y un largo etcétera.
El sistema de Justicia tradicionalmente había sido corrupto, ineficaz, clasista, lleno de “amiguismos” y “compadrazgos”. Durante años nunca existió un interés real de reformarlo y mejorarlo. Esto es porque servía perfectamente a muchos políticos, delincuentes de cuello blanco, no pocos empresarios “gandallas”, pero sobre todo, apoyaba y exoneraba a todo aquel que tuviera el poder económico y “conectes” para lograr salir airoso de un proceso judicial. No por nada las cárceles están llenas por lo general de personas de escasos recursos.
Esta crisis sistémica les estalló en la cara a todos los sectores económicos, políticos, sociales, laborales, cuando el crimen organizado empezó a dominar gran parte del territorio nacional, a extorsionar, cobrar por “uso de suelo”, secuestrar y finalmente apoderarse de ciudades completas en colusión con todos los poderes públicos.
Cualquier reforma de gran caldo, “reformita local”, miscelánea fiscal, programa de desarrollo, inversión extranjera, construcción de obras de infraestructura, promoción cultural deportiva y turística está condenada al fracaso, si no se garantiza la seguridad pública, el acceso real, eficiente, expedito de justicia para la resolución de conflictos y diferencias.
Ningún gobierno neoliberal apostó por reformar al sistema judicial totalmente obsoleto, corrupto, ineficaz y costoso para México. El enorme pendiente, ese cáncer de la corrupción enquistado en la totalidad de las instituciones, terminó por hacer metástasis en la construcción de las nuevas instituciones y reformas que buscaban impulsar el desarrollo del país.
Sin un real Estado de derecho, ningún empresario, inversionista, empleado o turista se aventurará siquiera a viajar al país cuando reconoce la enorme probabilidad de ser asaltado, extorsionado por el crimen organizado, peor aún por las autoridades municipales, estatales, o padecer el infierno de ser detenido de forma arbitraria y en el caso extremo, padecer un proceso judicial con los dados totalmente cargados en su contra.
Resulta incompresible que se pretendiera implementar reformas estructurales sin “limpiar la casa” y sin vislumbrar que la inseguridad y los índices delictivos son factores determinantes en el desarrollo económico. Solamente en agosto del presente año existieron 2143 víctimas y 1938 averiguaciones previas por homicidio doloso, dejándolo como el mes más violento desde mayo 2012. A este nivel en el incremento de los delitos y la violencia, se logrará lo que parecía imposible, superar el número de muertos y desaparecidos del execrable sexenio de Felipe Calderón.
Inconsciente, pero sobre todo soberbio, el régimen estaba acostumbrado a vivir desde una burbuja donde las críticas eran soterradas, muchas veces inexistentes. Nunca entendieron que sus contrincantes políticos esperaban ansiosos un error que desencadenara su cacería voraz e inmisericorde. Totalmente inocentes permitieron que la sangre de la matanza de Ayotzinapa llegara hasta los tiburones oportunistas que devoraron al “pasmado” gobierno que lento y torpe intentó resolver la crisis del caso, como siempre se resuelven. Con una investigación totalmente desaseada que con el paso del tiempo se cayó a pedazos, dejando una vez más en el ridículo al régimen.
Las pifias, el conflicto de interés de la casa blanca, la caótica visita de Trump a México, dejó al gobierno priísta totalmente inmunodeficiente al mínimo chisme y acusación por ridícula que sea. Sumado a su mal crónico que es el caso Ayotzinapa, la salud del régimen sobrevive artificialmente sin oportunidad real de mejoría, vivirá en coma hasta su muerte con diagnóstico fatídico diagnosticado desde la Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa Guerrero.
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