Revocación de mandato

En diversas ocasiones hemos intentado analizar las causas y el impacto de la crisis que actualmente enfrenta...

7 de marzo, 2017

En diversas ocasiones hemos intentado analizar las causas y el impacto de la crisis que actualmente enfrenta el sistema político mexicano, desde el punto de vista de la operación gubernamental, como la de los partidos políticos.

En ambos casos, el factor de coincidencia se relaciona con el descrédito, por un lado el institucional y por el otro el personal, específicamente de los integrantes de la clase política.

Independientemente de la complicidad entre ambos segmentos, lo que resulta es una sensación generalizada de impunidad, que ha terminado por minar la confianza en todo el sistema como tal.

La carencia de credibilidad atenta de manera directa contra la calidad moral que es absolutamente necesaria para poder imponer políticas públicas y más aún para el ejercicio de la autoridad.

Porque hoy ya no es suficiente con ganar una elección para que el gobernante pueda desempeñar sus funciones con la aprobación popular, ya que persiste una gran incongruencia entre lo que se ofrece en campaña y lo que se realiza en la administración.

El problema no radica solamente en que los gobiernos no cumplan sus promesas, sino en que se desempeñan haciendo exactamente lo contrario para lo que fueron electos.




Eso y los cada vez más grandes y evidentes actos de corrupción, que pareciera que nunca serán castigados, nos han llevado a una situación en la cual, la sociedad ya no puede ni quiere creer en nada.

El problema es de origen porque la solución no está, ni en la forma de elegir, o en cómo vigilar, denunciar, enjuiciar y castigar a quien abusa del poder, sino en cómo se puede frenar de tajo estos comportamientos.

Ninguna de las diversas propuestas que se han expresado recientemente en los foros de análisis o en el seno de los propios partidos políticos garantizan que cambiando la forma de elección o de conformación de gobierno, como los gobiernos de coalición por ejemplo, puedan evitar que un funcionario electo termine por ser incompetente o corrupto.

En todo caso, la única forma de limitar una degeneración del ejercicio gubernamental es frenarlo contundentemente, para ello la única vía posible es la revocación de mandato.

Pero esa es una alternativa que ninguna fuerza política, a pesar del discurso, ha querido abanderar, porque al final de cuentas eso supondría una transformación tan importante, que sin duda modificaría el paradigma más importante del poder.

Un esquema de este tipo tendría que implicar que más allá de las constantes reformas de orden político, se considerara en simultaneo una suerte de modificación de estricto orden laboral.

Cambiar la percepción de la relación entre los funcionarios públicos y la sociedad, considerando que los primeros son por definición empleados de los segundos.

Es un formato tan sencillo que se puede entender desde el hecho, de que ningún patrón está obligado a mantener a un empleado en su puesto de trabajo si éste no desempeña adecuadamente su labor o le roba.

Que no existe en la ley laboral la obligatoriedad de conservar a un empleado por tres o seis años según sea el caso, porque anteriormente se haya firmado un contrato por esa duración, si en el transcurso una de las dos partes incumple con sus obligaciones.

Es una analogía muy simple, los ciudadanos contratan alcaldes por tres años, gobernadores y Presidente de la República por seis, pero no tienen forma aun siendo sus patrones, de despedirlos anticipadamente.

Los ciudadanos les otorgan a sus gobernantes un poder que va más allá de las facultades de quien los elige, esto coloca al contratante en un estado de indefensión y eso es lo que provoca, que por encima de la ineficiencia y la corrupción lo que impere sea la impunidad.

Si realmente existe una conciencia del agotamiento de nuestro sistema vigente, antes de pensar en proponer soluciones más complejas de lo que ya resulta la concepción del régimen en funciones, la solución radica precisamente en atacar la esencia de ese poder absolutista.

La revocación de mandato, establecida como argumento legal, proporcionaría la herramienta más extraordinaria para que la sociedad pueda ratificar o remover de su encargo a funcionarios públicos electos.

Favorecería un desempeño mucho más eficiente y congruente, ante el riesgo de ser calificados y destituidos sin que les ampare una protección que tiende más al abuso que a la garantía.

En democracia deciden las mayorías, pero estas no gobiernan, se limitan a escoger una forma de administración que en teoría les representa, pero que lamentablemente en la realidad no lo hace.

Bajo esa misma lógica, esa colectividad tendría que tener también la capacidad de cambiar de parecer sin estar sujeta a un contrato que evidentemente le es desfavorable de origen.

Esa facultad debería ser tan importante como la de elegir, sería sin duda el complemento necesario para poder aspirar a una democracia realmente representativa.   

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