El Fiscal carnal electoral

La remoción de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fepade, pareció en un principio solamente una estrategia...

31 de octubre, 2017

Guillermo Vázquez Handall

La remoción de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fepade, pareció en un principio solamente una estrategia de corte político del régimen para deshacerse de un funcionario, que daba la impresión le resultaba incómodo.

Sin embargo, en el análisis a detalle de los aspectos que originaron y terminaron por provocar su destitución, existen argumentos de sobra para entender las razones, peros sobre todo las implicaciones jurídicas del caso.

La polémica mediática fomentada por los partidos de oposición, buscaba a toda costa hacer parecer al gobierno como el responsable de una campaña en contra de todo aquello que no estuviera en su control.

Pero eso solo ocasionó la creación de una figura protagónica que por definición no podía ni debía serlo, erigieron pues, a su propio fiscal carnal y en ello corrieron la misma suerte que su protegido, un fracaso jurídico, político y mediático.

Claro que en el previo, las fuerzas antagonistas al régimen, contaron una vez más con la ayuda involuntaria del propio gobierno, que ha confirmado por enésima vez, que uno de sus mas grandes talones de Aquiles es la comunicación.

No solo porque el boletín oficial remitido por el encargado del despacho de la Procuraduría General de la Republica, Alberto Elías Beltrán era escueto en exceso, sino también porque careció de dotes y habilidad para explicarlo en las diversas entrevistas que atendió posteriormente.

Su lenguaje cuadrado, excesivamente técnico y legaloide solo terminó por enredar más la situación, no fue el vocero más adecuado aun y cuando, por el ejercicio de su responsabilidad, le correspondía hacerlo.

La falta de pericia de Elías Beltrán para establecer de manera contundente las razones de la destitución de Nieto Castillo, dieron pie a una defensa en su favor mas política que jurídica, en la confusión, el bloque opositor logró temporalmente convertir a Santiago Nieto en una víctima.

Incluso la carta que el propio Santiago Nieto envía a la mesa directiva del Senado el pasado viernes, donde declina su interés de continuar el proceso de análisis de su despido en esa cámara, abona a que todavía algunos sectores continúen con la idea de que su salida de la Fepade fue injusta.

Pero realmente el motivo por el cual Nieto Castillo abandonó la lucha se basa en dos premisas fundamentales, la primera por el hecho de que la votación para restituirlo en el cargo o en su caso, para confirmar la decisión del encargado del despacho de la PGR estaba perdida para su causa de antemano.

Independientemente de que al interior de la Cámara de Senadores se seguía discutiendo si dicha votación seria abierta al público o mediante voto secreto, el cálculo de los números no le daban ninguna posibilidad de ventaja.

Pero no solo por el hecho de que el PRI y sus aliados tendrían eventual mayoría, sino porque algunos senadores de las fuerzas opositoras habían cambiado el sentido del apoyo inicial a su querella.

Esto debido a las claras inconstancias que Santiago Nieto develó también en entrevistas televisadas, donde se mostró incongruente, tergiversando los dichos que él mismo había declarado a un medio impreso, sin dejar de lado que usó como disculpa, o mas bien pretexto, el argumento de que ese medio cambio sus afirmaciones.

Y todavía mas grave aun, que sus faltas al código de procesos, no al de conducta como en su momento expresó Alberto Elías Beltrán, lo pueden hacer merecedor a demandas legales que de todas formas aun reinstalado en el cargo, serían objeto de una nueva destitución.

Lo que algunos de esos senadores que en principio consintieron en darle su respaldo, realmente valoraron fue la circunstancia de la utilidad de apoyar a un personaje que ya no solo no ofrecía garantías de confianza, sino que además podría terminar siendo procesado.

De cualquier forma y aun y cuando el escándalo parece quedar zanjado con su renuncia explícita, no al cargo, más bien a continuar con el proceso de su defensa en el Senado, no se puede apartar la mirada de la polémica que causó todo este entuerto.

Porque aun y que ahora lo que procede es elegir a un nuevo fiscal, la falta de claridad en la exposición de los hechos y argumentos, seguirá sirviendo para que algunas fuerzas políticas continúen utilizando la circunstancia como un elemento de crítica, sin importar la calidad de los fundamentos.

Para ellos lo importante es enturbiar el proceso electoral, acusar al gobierno de meter las manos en la vida institucional de un organismo autónomo para favorecerse.

Lo que pretenden es minar la confianza en las instituciones del Estado, para que ello sirva como elemento de debate dentro del curso de la misma elección, es una suerte de publicidad adicional.

Lo que en todo caso, tendría que obligar a Alberto Elías Beltrán, al menos mientras siga al frente de la PGR, a actuar en consecuencia legal y no política como se le acusa.

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