Según el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social, en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto la población en estado de pobreza creció en dos millones de personas, lo que quiere decir que uno de cada dos mexicanos está en esa condición.
En el informe se señala que la pobreza extrema disminuyó marginalmente, esto porque quienes están en esa circunstancia tuvieron algunas mejoras, básicamente en la calidad de la vivienda, el acceso a la salud, la educación y comida, pero eso no representa un avance trascendental sino simplemente un cambio de nivel que sigue siendo de pobreza.
Lo anterior es una forma de segmentar la calificación, porque los números confirman que la política social, sin considerar que se haya fracasado en su sentido esencial, no aportan una mejora integral.
El factor principal recae en que en los últimos veinte años no ha habido un restablecimiento del ingreso, lo que además infiere que más del cincuenta por ciento de los mexicanos tiene un entrada económica menor al de la línea de bienestar.
Este parámetro significa que las personas en esta circunstancia no cuentan con recursos para acceder a la denominada canasta básica alimentaria, lo que supone que además de la pobreza, hay que añadir un componente: el hambre.
Es una coyuntura de desigualdad extrema, un esquema de injusticia social que si bien no es responsabilidad solo de este gobierno -es una deuda histórica-, sí pone en evidencia su incapacidad para revertirla.
Desde hace décadas la autoridad federal ha confundido el concepto de combate a la pobreza, suponiendo que los paliativos de una política social asistencialista podrían ser una solución.
La única forma de abatir esa condición es con crecimiento económico integral. Definitivamente los programas de apoyo social son una gran ayuda pero no son por definición una herramienta para transformar la circunstancia.
Si bien es cierto que en lo que va de este sexenio se ha incrementado el presupuesto y la cobertura de los programas de corte asistencialista, también lo es que la política económica y fiscal van en contrasentido.
La prioridad de la política hacendaria en los últimos tres sexenios, incluyendo el actual, ha sido mantener el margen de la inflación en porcentajes menores a los dos dígitos.
Desde el punto de vista macroeconómico, esa correcta contención del proceso inflacionario ha favorecido la estabilidad pero eso no ha supuesto un elemento positivo para fomentar la actividad del mercado interno.
El gobierno ha impuesto un régimen recaudatorio sumamente agresivo con la intención de captar más recursos para solventar sus gastos, sobre todo a raíz de la baja de los precios del petróleo.
Sin embargo, esos recursos adicionales se gastan mal, se duplican, su orientación no es la adecuada, no generan rentabilidad. De nada sirve invertir en programas sociales, que son sólo un complemento, cuando no se atiende el problema de fondo.
No se trata de plantear una reducción presupuestal de los programas sociales, eso sería perverso, sino una reorientación del proceso para el crecimiento económico; de otra forma todo el dinero que se destina al asistencialismo, sin negar la ayuda que representa, no impacta en un verdadero cambio para las personas.
Como lo hemos expuesto en muy diversas ocasiones anteriores en este espacio: es la actual política hacendaria el principal freno para el crecimiento. La obsesión por aumentar la recaudación se ha transformado en el peor enemigo del progreso nacional.
En estas condiciones, la errática conducción de la economía se ha convertido en el mayor obstáculo, por encima de los factores externos a los que la Secretaría de Hacienda culpa por descontado siempre de la situación.
La necesidad urgente se relaciona con el desarrollo de la economía, el crecimiento integral a cambio de subsidiar la improductividad, la inversión en sectores estratégicos que generen infraestructura para el desarrollo.
Para combatir genuinamente la pobreza hay que propiciar la inversión privada, facilitar las operaciones industriales, comerciales y de servicios, lo cual impacta directamente en la generación de empleos.
Sólo así se puede esperar el flujo de circulante necesario para incrementar el gasto familiar del que tienen que depender la fortaleza del mercado interno, no del gasto gubernamental.
Pero pareciera que la teoría que impulsa el titular de las finanzas nacionales, Luis Videgaray, se orienta a un control del flujo del dinero mediante la rectoría del Estado que, a su vez, receta analgésicos en vez de medicinas para curar la pobreza.
Eso es populismo, que además se relaciona con una intención de influir en el electorado, el que está en la peor situación posible y que depende de los programas asistencialistas oficiales para subsistir.
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