La entrevista de Ernesto Zedillo con la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, publicada hace unos días en El Mundo —diario madrileño conservador y neoliberal en lo económico— reavivó el debate sobre la democracia mexicana. El priista que obtuvo la presidencia gracias al asesinato de Luis Donaldo Colosio, advirtió que México vive “el final de su democracia”.
Claudia Sheinbaum respondió que el país atraviesa “el momento de mayor democracia y libertad”, que hoy se eligen los tres poderes y que su gobierno no reprime a nadie. Su argumento es claro: la legitimidad democrática está en las urnas y el pueblo manda. Pero la democracia no se reduce al voto; también depende de instituciones sólidas y contrapesos eficaces.
Zedillo acusa a la presidenta de concentrar poder, manipular instituciones y debilitar contrapesos. Al afirmar eso olvida que el poder en México siempre ha estado concentrado en la presidencia, las instituciones han sido débiles y los contrapesos raramente efectivos. Además, su opinión carece de autoridad moral: si algo definió su gobierno fue precisamente lo que hoy condena. En su reforma judicial conservó para el presidente el control de los nombramientos; defendió la autonomía, pero mantuvo la subordinación del Poder Judicial. Y mientras hoy exige respeto a las instituciones autónomas, nunca eliminó la influencia presidencial sobre el Banco de México o la CNDH. Zedillo no rompió con esa tradición presidencialista; simplemente la administró.
Critica la hegemonía partidista, pero su PRI siguió controlando gubernaturas, municipios, congresos, sindicatos, medios y presupuestos. Durante su sexenio persistieron el control informativo y la censura: la prensa dependía de la publicidad oficial y de las concesiones federales. Hoy eso no existe; los medios critican con libertad y la pluralidad informativa es mucho mayor que hace veinticinco años.
La presidenta tiene razón al señalar que México vive una apertura inédita en materia de libertades, sobre todo en la expresión y la competencia electoral. Sin embargo, esa libertad no alcanza por igual a todo el país: en muchas regiones los caciques locales, presidentes municipales y gobernadores siguen actuando al margen del espíritu democrático que ella describe. En lo institucional, la independencia judicial y los contrapesos siguen siendo tareas pendientes, mientras la polarización política limita el diálogo y empobrece el debate público.
Zedillo exige transparencia, pero su gobierno avaló el Fobaproa, un rescate que trasladó pérdidas privadas al erario y se ejecutó con opacidad. Presumió consolidar la democracia con las reformas de 1996, pero persistieron el clientelismo y el control priista en los estados. Su gobierno fue tecnocrático y su visión del poder, elitista: decisiones clave se tomaron entre pocos, sin deliberación abierta.
Incluso en derechos humanos su legado es sombrío: la masacre de Acteal en 1997 sigue siendo símbolo de impunidad.
En resumen, Zedillo exageró al anunciar el final de una democracia que él nunca promovió, y Sheinbaum exagera al proclamar que México vive su mayor libertad. El país no está al borde del abismo ni en el paraíso: es una democracia con libertades ampliadas y contrapesos frágiles que aún debe fortalecer.
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