El procurador general de Estados Unidos, el racista ex senador de Alabama Jeff Sessions, anunció ayer un endurecimiento en la guerra contra las drogas que desde 1971 ha sido un rotundo fracaso en su país, al igual que en todos los países que han intentado resolver el consumo de drogas viéndolo como si fuera un problema criminal en lugar de una crisis de salud pública.
Sessions anunció que de ahora en adelante los fiscales federales “deben acusar y perseguir el delito más grave y fácilmente demostrable. Por definición, las ofensas más graves son aquellas que llevan la sentencia más sustancial, incluyendo las penas obligatorias mínimas”.
La nueva política antidrogas da marcha atrás a la que durante ocho años aplicó el gobierno de Barack Obama, la cual penalizaba de mínima manera a quienes cometían delitos no graves relacionados con el tráfico o consumo de drogas.
Pese a que 46 años de fracasos muestran que la solución al problema del consumo de drogas no es la prohibición absoluta ni el castigo drástico a quien las vende al menudeo o las usa con fines recreativos, el gobierno de Donald Trump ha decidido asumir una posición dura e intransigente que muy probablemente se traducirá en más violencia en las calles de las ciudades estadounidenses y en un incremento en la tasa de población carcelaria de Estados Unidos, que de por sí es la segunda más alta del mundo, de 666 presos por cada 100,000 habitantes, atrás de la de Seychelles, cuya tasa es de 799.
La nueva política antidrogas de Trump y Sessions acentuará la injusticia del sistema de justicia criminal y las sentencias largas arruinarán las vidas de miles de jóvenes, especialmente negros y latinos, quienes podrán ir a la cárcel 10 o más años por vender un carrujo de mariguana o una onza de cocaína.
Ahora bien, hay industrias saldrán muy beneficiados por esta nueva guerra contra las drogas. Entre ellas, la de las cárceles privadas, que aloja al 15% de los presos y el año pasado registró ingresos de más de 3,000 millones de dólares; la cervecera, que este año perderá 2,000 millones de dólares debido a la legalización de la mariguana en algunos estados; la del tratamiento de adicciones, que en 2015 facturó 35,000 millones de dólares; la de las pruebas para detectar el consumo de drogas y alcohol, cuyos ingresos en 2019 serán de 6,300 millones de dólares.
La nueva política dada a conocer por Sessions no solo es un retroceso para Estados Unidos. El gobierno de México, por presiones del estadounidense, podría intensificar la sangrienta y de por sí perdida guerra que libra contra la industria del narcotráfico.
La decisión de Trump y Sessions nos perjudicará porque, la violencia en México aumentará.
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