La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ayer su muy ambicioso Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030. Fue expuesto por el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y busca, mediante una inversión de 5.6 billones de pesos, alcanzar tres objetivos: crecimiento económico, bienestar social y soberanía energética. Amador dijo que con este Plan espera que este año el PIB crezca entre 2.5 y 3%.
Para 2026, la inversión consta de dos componentes: 2.5% del PIB, unos 950 mil millones de pesos, vía el Presupuesto de Egresos, y un 1.9% adicional del PIB, fuera del presupuesto, mediante “inversiones mixtas”, o unos 722 mil millones de pesos. Total en 2026: alrededor de 1.672 billones.
El reparto sectorial muestra las prioridades de este gobierno: energía concentra el 54.15% del plan; trenes, el 15.63%; carreteras, el 13.94%; puertos, el 6.48%; salud, el 6.23%; agua, el 2.83%; educación, el 0.34%; aeropuertos, el 0.04%. Con el argumento de soberanía y la promesa de electricidad suficiente para el nearshoring, energía se lleva más de la mitad. Después vienen trenes, carreteras y puertos, es decir, la logística para producir y mover mercancías hacia Estados Unidos y otros mercados.
Sin embargo, en lo que al gasto social se refiere, agua y educación quedan marginales en un país que sufre estrés hídrico y rezagos educativos acumulados.
El otro foco rojo es que Hacienda quiera reemplazar la figura de concesiones por contratos mixtos y otros instrumentos no incluidos en el Presupuesto de Egresos. Sin contratos mixtos publicados no se aclara quién correrá el riesgo si el tráfico en una autopista no llega, si un tren no alcanza demanda, o si un puerto requiere ampliaciones no previstas. Tampoco se sabe hasta ahora si habrá garantías de ingreso mínimo, pagos por disponibilidad aunque la obra no funcione como se prometió, y qué ocurre si el proyecto fracasa: ¿absorbe la empresa privada la pérdida o termina absorbiéndola el erario?
El margen de error es pequeño. Con 1.672 billones en 2026, un sobrecosto del 10% implica 167 mil millones adicionales; un 20% son 334 mil millones más. Y como 722 mil millones se quieren obtener fuera del presupuesto, el riesgo no solo es de la obra, sino fiscal. Además, la concentración de la inversión en energía vuelve todo más delicado porque si se atoran permisos, derechos de vía o capacidad de transmisión, se afecta la parte más importante del plan.
Sería conveniente que Hacienda dé a conocer la lista completa de proyectos, con montos, ubicación y cronograma; defina qué riesgos asume el Estado y cuáles asume el sector privado; explique cuántos compromisos se generan fuera del presupuesto y cómo se reportarán y se publicarán los avances, costos, cambios y sanciones.
El gobierno puede ganar credibilidad si publica desde ahora la lista de proyectos mixtos y los contratos, no cuando ya no haya margen para corregir.
Si la lista completa se publica, los contratos se abren a escrutinio y las metas son verificables, el plan puede traducirse en obras terminadas, costos bajo control y beneficios medibles. Si no, la factura llegará después y la pagarán las siguientes generaciones de mexicanos.
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