El jueves pasado, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no va a haber rescate para potentados, si hay una quiebra de una empresa pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad, o los socios o los accionistas”.
Desde entonces para acá, se armó una fuerte discusión sobre si el gobierno debe o no debe rescatar a empresas que estén enfrentado la quiebra debido a la pandemia de Covid-19 que ha paralizado a la economía mexicana junto con las de la mayoría de los países.
Al día siguiente, en mi programa de radio y TV que se transmite por Grupo Fórmula, las opiniones sobre el tema también estuvieron divididas.
Por un lado, estaban los que sostienen que el gobierno debe rescatar a las empresas con el fin de proteger a los trabajadores que en ellas laboran.
Por el otro lado, estábamos los que pensamos que los recursos públicos solo deben usarse para apoyar a aquellas empresas que tengan altas probabilidades de éxito cuando de alguna manera se controle o destruya al SARS-COV-2.
Los que defienden los rescates dicen que el dinero del erario puede usarse para salvar a empresas privadas en vista de que éstas, a fin de cuentas, fueron las que al pagar sus impuestos permitieron que el gobierno tuviera esos recursos. O sea, quieren hacernos creer que, de alguna manera, ese dinero le sigue perteneciendo a las empresas y que por eso debe utilizarse para rescatarlas. Este argumento es falaz en vista de que el dinero que particulares y empresas entregamos al fisco nunca nos ha pertenecido, ya que desde que lo ingresamos a nuestras carteras, cuentas bancarias o tesorerías corporativas sabemos que su destino final será para el pago de impuestos.
El salvar empleos es un mejor argumento para rescatar de la quiebra a una empresa.
Sin embargo, es necesario recordar que durante los 12 años aciagos del populismo encabezado por Luis Echeverría y José López Portillo, cientos de empresas fueron rescatadas con el fin de salvar empleos, empresas que finalmente pasaron a ser propiedad del Estado.
En 1970, al llegar Echeverría a la presidencia, había solo 39 empresas paraestatales; seis años después eran 458 y en 1982, al concluir el sexenio de López Portillo, ya eran 829. ¡Un crecimiento del 2026% en solo 12 años!
Una alta proporción de estas paraestatales fueron antes privadas y sus rescates resolvieron, temporalmente, el problema del empleo, porque millones quedaron sin trabajo debido a las crisis de 1976 y 1982, ambas ocasionadas por el sobrendeudamiento del gobierno mexicano. Muchos ya olvidaron que el 80% de la inmensa e impagable deuda externa contraída durante el sexenio de López Portillo la contrató el corrupto e ineficiente sector paraestatal.
Cuando, algún día, el nuevo coronavirus esté controlado o eliminado, ¿cuáles serán las empresas que se adaptarán y prosperarán dentro del nuevo paradigma?; ¿cuáles no tendrán cabida dentro de la nueva normalidad?
Un gobierno, cualquier gobierno, debe apoyar solo a aquellas que tengan altas probabilidades de ser exitosas en el mundo postpandémico y dejar que traten de sobrevivir con sus propios recursos aquellas que tienen poca viabilidad y que desde antes de la pandemia ya enfrentaban graves problemas de supervivencia.
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