29 personas murieron ayer en Tultepec, Estado de México, al explotar un polvorín localizado en el barrio de San Pablito de esa ciudad que es conocida como La Capital Nacional de la Pirotecnia en vista de que ahí se concentra el 40% de los permisos federales para la elaboración, comercialización y transporte de fuegos artificiales y explosivos como son los cuetes o cohetes, las palomas y los cohetones.
29 son muchos muertos y ninguno de ellos hubiera perdido la vida si en Tultepec hubiera alguien a cargo de verificar que se cumplan estrictamente las normas que rigen el negocio de la pirotecnia, el cual es regulado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el reglamento de la misma ley. Tampoco hubieran resultado lesionadas otras 72 personas, entre ellas varios menores de edad.
En la muerte de estas 29 personas tienen diversos grados de responsabilidad el gobierno federal, el del Estado de México y el municipal de Tultepec.
La mencionada ley federal señala, en su artículo 40, que “Las actividades industriales y comerciales relacionadas con armas, municiones, explosivos y demás objetos que regula esta ley, se sujetarán a las disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional”.
El siguiente artículo, el 41, incluye a la pirotecnia entre las actividades cubiertas por la ley.
En pocas palabras, por lo menos teóricamente, la elaboración, comercialización y transporte de fuegos artificiales y explosivos está altamente regulada por el gobierno federal y, como cualquier otra actividad industrial, artesanal y comercial también está regulada por leyes y reglamentos estatales y normas municipales.
Como ocurre cada vez que ocurre una tragedia que podría haberse evitado, los funcionarios federales, estatales y municipales que son responsables de que las leyes se cumplan puntualmente enviaron mensajes en donde manifestaron su solidaridad con las familias de las víctimas y ofrecieron diversos apoyos como son los gastos funerarios de los muertos y la atención hospitalaria de los lesionados, apoyos que nunca les cuestan a ellos nada pero sí a quienes pagamos impuestos y contribuciones confiscatorias.
Mañana los 29 muertos serán olivados por la sociedad y llorados para siempre por sus seres queridos; los heridos deberán pasar el resto de sus vidas padeciendo los daños físicos y emocionales que les dejó la explosión.
Y los que supuestamente estaban para evitar que sucediera una explosión como la de ayer seguramente seguirán viviendo del presupuesto y buscando nuevos y mejores cargos desde donde puedan seguir dizque sirviendo a la sociedad.
Cuando hablamos de prevenir sucesos como el que ocurrió ayer en Tultepec, ¿quién está a cargo? Evidentemente nadie.
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