El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el viernes pasado el tramo Campeche-Cancún del Tren Maya, obra insignia de su gobierno que hasta el momento nos está costando 28 500 millones de dólares a todos los mexicanos, mucho más de los 6000 a 8000 millones de dólares que él mismo nos dijo que costaría cuando anunció la construcción de la obra que, también según él, estaría terminada en 2022 y ahora nos dice que el año venidero.
Desde el principio manifesté estar a favor del tren pero critiqué que su costo se disparara por diversas razones, algunas atribuibles a un gobierno que puso a cargo del proyecto a funcionarios leales pero sin experiencia, otras a acciones legales para detener la obra que promovieron diversos grupos políticos y sociales. No estoy de acuerdo que la Sedena esté a cargo de la operación y administración del tren.
Apoyé la construcción del Maya porque está demostrado que un ferrocarril contribuye enormemente al desarrollo económico, impulsando el comercio y la movilidad laboral, y reduciendo costos de transporte en sectores clave como agricultura y manufactura. Es un importante generador de empleo en su construcción, operación y mantenimiento. Mejora la conectividad y acceso, fomentando la equidad regional y abriendo mercados. Por su eficiencia energética y sostenibilidad ambiental favorece la reducción de la huella de carbono. Contribuye a la descongestión de carreteras y al desarrollo urbano y regional, atrayendo inversiones. Ofrece transporte accesible, clave para la inclusión social y seguridad, especialmente en el transporte de mercancías peligrosas. Impulsa el turismo con rutas atractivas y es fundamental en la respuesta a emergencias, demostrando su resiliencia ante desastres.
Algunos críticos afirman que la operación del Maya nos costará millones de pesos anuales por concepto de los subsidios que el gobierno le entregará. Lo que pretenden ignorar estos opositores es que varios gobiernos alrededor del mundo subsidian sistemas ferroviarios como parte de su infraestructura de transporte público. Entre ellos Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, India, Japón, Reino Unido e Italia. Estos y otros gobiernos subsidian a sus ferrocarriles porque reconocen sus beneficios económicos y sociales expuestos en el párrafo anterior.
Los que desde un principio se opusieron a la obra alegaron, con razón, los impactos ambientales negativos de su construcción, entre ellos: la alteración de ecosistemas y hábitats; las emisiones de carbono y contaminación durante la construcción; la deforestación y la conversión de tierras agrícolas o naturales en zonas industriales; la contaminación acústica y visual y; la erosión del suelo
Sin embargo, estos críticos no mencionan los impactos ambientales positivos de la obra, como son: la reducción de emisiones a largo plazo; la conservación de energía porque los trenes son medios de transporte más eficientes; la disminución del tráfico y la contaminación vehicular y; la promoción del desarrollo sostenible usando un medio de transporte público más eficiente.
El Tren Maya seguirá siendo tema de discusión durante muchos años, hasta que el tiempo demuestre si nos equivocamos o no quienes defendimos su construcción.
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