Todos pagamos el costo de la delincuencia

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19 de agosto, 2014

Escribí aquí hace unos días, el lunes de la semana para ser exacto, que de acuerdo al Instituto para la Economía y la Paz (IEP) “en 2013 la violencia nos costó a los mexicanos 172,785 millones de dólares, lo que equivale a 8.4% del PIB. Una cantidad gigantesca de dinero para cualquier país y más para uno que es pobre como el nuestro”.

Sobre los costos de la violencia, el 4 de febrero pasado se publicó un interesante artículo en [email protected], la revista de análisis empresarial de Wharton School, la escuela de negocios de la Universidad de Pennsylvania.

Dicho artículo cita a Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, profesor-Investigador de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, quien señala que “Todo tipo de violencia acarrea altos costos económicos y sociales porque frena el desarrollo… reduce la formación de capital humano porque induce a algunos individuos a desarrollar habilidades criminales, en vez de educativas; también disuade a algunas personas a estudiar de noche por miedo al crimen violento… reduce la inversión extranjera y la nacional; también puede reducir el ahorro nacional si la gente tiene menos confianza en las posibilidades de crecimiento futuro del país”.

El académico explica que “los costes de la violencia generalmente se dividen en costes directos, que son consecuencia directa de los actos de violencia o intentos de prevenirla, y los costes indirectos, que incluyen el dolor y el sufrimiento, la pérdida de la productividad, y de la calidad de vida… Los costes directos incluyen el valor de los bienes y servicios usados en la prevención de la violencia, el tratamiento a sus víctimas y la captura y castigo a sus perpetradores. Todo esto supone unos gastos para el sistema policial y judicial: costes de prisión y detención, así como costes de enjuiciamiento y otros costes de los juzgados; gastos en tratamientos médicos: atención en salas de emergencia, hospitalización, atención en clínicas o en las consultas médicas, asistencia dental y el costo de tratamientos para enfermedades de transmisión sexual; así como costes en terapia psicológica para víctimas y gastos en servicios sociales relacionados con la delincuencia: programas de capacitación laboral para delincuentes, funcionarios encargados de los reos que están bajo libertad condicional, programas de educación sobre violencia doméstica, etc.”.

Es evidente entonces que todos resultamos afectados económica y socialmente por la delincuencia. Nadie se salva de pagar, de alguna manera u otro, el alto costo del delito.

Se difundió ayer que durante los primeros siete meses de este año aumentó casi 75% el asalto violento en tiendas del país. 

Vicente Yáñez, el presidente la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), informó que de enero a julio se cometieron 2,625 delitos en las poco más de 2,600 tiendas de autoservicio, convencionales y departamentales. 91.0% de estos delitos fueron asaltos violentos,  número 74.4% mayor al número registrado en el mismo periodo de 2013. Añadió que el valor de lo robado en 2013 llegó a los 22,000 millones de pesos -1,200 millones de pesos más que en 2012-, lo que representó el 2.0% de las ventas de estos comercios.

Es lógico suponer que el consumidor final de los productos que se vendieron en dichas tiendas acabó pagando por lo robado.

Recuerda: en 2013 la violencia nos costó a los mexicanos 172,785 millones de dólares. Te costó, me costó, nos costó.

Es urgente combatir y acabar con el delito y la violencia y para eso se necesita, entre otras cosas, una economía que genere los trabajos bien pagados que se requieren año tras año.

Una verdadera reforma fiscal y no cataplasmas como aumentos del salario mínimo contribuiría a resolver en gran parte el problema.

Foto: http://fineartamerica.com "The Stick Up" by Lonnie Ray

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El IPC define la corrupción como “el uso indebido del poder público para beneficio privado” y “clasifica 180 países y territorios según las percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público, empleando una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción). En 43 de ellos, el promedio del IPC sigue sin mostrar variaciones, por undécimo año consecutivo, y más de las dos terceras partes de los países tienen un problema grave de corrupción y una puntuación menor a 50”. En su presentación, TI señala que “El IPC 2022 revela escasos avances contra la corrupción en un contexto mundial cada vez más violento. Los niveles de corrupción no han variado en 11 años consecutivos (…) La mayor parte del mundo sigue sin combatir de lleno la corrupción: el 95% de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos desde 2017”. Y, como si estuviera refiriéndose a nuestro país, anota que “el mundo sigue transformándose en un lugar menos pacífico. Existe un nexo evidente entre esa violencia y la corrupción: los países que tienen las puntuaciones más bajas en el Índice de Paz Global [elaborado por el Instituto para la Economía y Paz basado en Australia] también tienen las puntuaciones muy bajas en el IPC. Los gobiernos asediados por la corrupción carecen de capacidad de proteger a las personas y, a su vez, en esos contextos el descontento público tiene más probabilidades de transformarse en violencia”. Ese año, México recibió una calificación de 31 puntos, lo que lo colocó en el lugar 126 de los 180, empatando en puntos y lugar con Bolivia, Laos y Uzbekistán. Nuestro país ha obtenido la misma calificación durante los últimos tres años, 2020, 2021 y 2022. Lo peor del caso es que desde que llegó al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador, la calificación empeoró pese a que continuamente asegure que ya no hay corrupción porque quienes conforman su gobierno no son iguales a los corruptos de antes. Son diferentes pero igual de chuecos, dicen los enterados.
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En el ocaso de sus vidas quieren transformar a México pero antes no lo hicieron (ruizhealytimes.com) El IPC muestra cómo aumentó la percepción de la corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: en 2013 nuestro país recibió una calificación de 34 puntos, de 35 en 2014, de 31 en 2015, de 30 en 2016, de 29 en 2017 y de 28 en 2018. En 2019, el primer año del gobierno de AMLO la calificación subió a 29, luego a 31 en 2020 y ahí se ha quedado desde entonces, lo que señala que la percepción de corrupción se ha mantenido, que las personas no perciben la mejoría que presume el presidente. El sexenio de Andrés Manuel concluirá dentro de solo 20 meses y nada permite suponer que, pese a sus esfuerzos, disminuyan de manera significativa los altos niveles de corrupción que desde siempre han afectado al país y a sus habitantes. Acabar con la corrupción será, seguramente, la promesa de campaña de todos los que busquen ganar la presidencia en 2024. ¿Les creerá alguien? 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