Todos pagamos el costo de la delincuencia

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19 de agosto, 2014

Escribí aquí hace unos días, el lunes de la semana para ser exacto, que de acuerdo al Instituto para la Economía y la Paz (IEP) “en 2013 la violencia nos costó a los mexicanos 172,785 millones de dólares, lo que equivale a 8.4% del PIB. Una cantidad gigantesca de dinero para cualquier país y más para uno que es pobre como el nuestro”.

Sobre los costos de la violencia, el 4 de febrero pasado se publicó un interesante artículo en [email protected], la revista de análisis empresarial de Wharton School, la escuela de negocios de la Universidad de Pennsylvania.

Dicho artículo cita a Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, profesor-Investigador de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, quien señala que “Todo tipo de violencia acarrea altos costos económicos y sociales porque frena el desarrollo… reduce la formación de capital humano porque induce a algunos individuos a desarrollar habilidades criminales, en vez de educativas; también disuade a algunas personas a estudiar de noche por miedo al crimen violento… reduce la inversión extranjera y la nacional; también puede reducir el ahorro nacional si la gente tiene menos confianza en las posibilidades de crecimiento futuro del país”.

El académico explica que “los costes de la violencia generalmente se dividen en costes directos, que son consecuencia directa de los actos de violencia o intentos de prevenirla, y los costes indirectos, que incluyen el dolor y el sufrimiento, la pérdida de la productividad, y de la calidad de vida… Los costes directos incluyen el valor de los bienes y servicios usados en la prevención de la violencia, el tratamiento a sus víctimas y la captura y castigo a sus perpetradores. Todo esto supone unos gastos para el sistema policial y judicial: costes de prisión y detención, así como costes de enjuiciamiento y otros costes de los juzgados; gastos en tratamientos médicos: atención en salas de emergencia, hospitalización, atención en clínicas o en las consultas médicas, asistencia dental y el costo de tratamientos para enfermedades de transmisión sexual; así como costes en terapia psicológica para víctimas y gastos en servicios sociales relacionados con la delincuencia: programas de capacitación laboral para delincuentes, funcionarios encargados de los reos que están bajo libertad condicional, programas de educación sobre violencia doméstica, etc.”.

Es evidente entonces que todos resultamos afectados económica y socialmente por la delincuencia. Nadie se salva de pagar, de alguna manera u otro, el alto costo del delito.

Se difundió ayer que durante los primeros siete meses de este año aumentó casi 75% el asalto violento en tiendas del país. 

Vicente Yáñez, el presidente la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), informó que de enero a julio se cometieron 2,625 delitos en las poco más de 2,600 tiendas de autoservicio, convencionales y departamentales. 91.0% de estos delitos fueron asaltos violentos,  número 74.4% mayor al número registrado en el mismo periodo de 2013. Añadió que el valor de lo robado en 2013 llegó a los 22,000 millones de pesos -1,200 millones de pesos más que en 2012-, lo que representó el 2.0% de las ventas de estos comercios.

Es lógico suponer que el consumidor final de los productos que se vendieron en dichas tiendas acabó pagando por lo robado.

Recuerda: en 2013 la violencia nos costó a los mexicanos 172,785 millones de dólares. Te costó, me costó, nos costó.

Es urgente combatir y acabar con el delito y la violencia y para eso se necesita, entre otras cosas, una economía que genere los trabajos bien pagados que se requieren año tras año.

Una verdadera reforma fiscal y no cataplasmas como aumentos del salario mínimo contribuiría a resolver en gran parte el problema.

Foto: http://fineartamerica.com "The Stick Up" by Lonnie Ray

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Djokovic dijo que estaba “extremadamente decepcionado” por el fallo, pero lo respetó. Mejor hubiera sido que respetara las leyes australianas que prohíben la entrada al país a cualquier persona que no demuestre estar vacunada contra la enfermedad que, de acuerdo con el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington (IHME), hasta ayer había causado la muerte de 12 795 665 personas alrededor del mundo. El tenista número uno del mundo llegó a Australia el 5 de enero amparado por una dispensa médica que recibió el 30 de diciembre del director médico de Tennis Australia que consideró que no tenía que estar vacunado porque se había recuperado recientemente del COVID. El problema es que dicha dispensa no siguió los lineamientos que el ministro australiano de Salud, Greg Hunt, le envió en noviembre al director del torneo abierto de tenis en donde enfatizaba que el haber enfermado de COVID en los pasados seis meses previos al evento no exentaba de estar vacunado a ningún jugador. El deportado deportista se manifestó abiertamente contra la vacuna el pasado mes de abril cuando declaró: “Personalmente, me opongo a la vacunación, y no me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar. Pero si se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión. Tengo mis propios pensamientos sobre el asunto, y si esos pensamientos cambiarán en algún momento, no lo sé”. Su mal informada decisión ya le costó caro. Para empezar no recibirá los 2.75 millones de dólares que muy probablemente se hubiera metido al bolsillo al ganar el torneo. También se quedó con las ganas de ganar su 21° Grand Slam y ahora deberá esperar hasta el Abierto de 2025 porque por haber sido deportado no podrá entrar a Australia durante los próximos tres años. Personas como Djokovic son admiradas por millones de personas. Son atletas que por su disciplina y dedicación logran triunfar y ganar millones de dólares cada año. Pero sin sus seguidores que los ven en los estadios y en la televisión, no obtendrían esos ingresos ni serían los beneficiarios de contratos publicitarios multimillonarios, por ejemplo. Por eso el serbio y muchos otros deportistas que se rehúsan a ser vacunados y, peor aún, se manifiestan abiertamente contra las vacunas, deberían pensar el gran daño que causan a sus admiradores que imitan sus conductas. ¿Cuántas personas no se vacunaron por el mal ejemplo que han dado estos deportistas? ¿Cuántas murieron? Seguramente bastantes. Los problemas del serbio no se acabaron con su deportación. Ayer el gobierno de Francia dijo que ni él ni ningún otro atleta podrá participar en un evento público, lo cual lo dejará fuera del torneo Roland Garros. También ayer su patrocinador Lacoste anunció que quiere revisar con él los eventos de Australia, revisión que de no satisfacer a esa empresa podría significar el fin del patrocinio que le dejó 9.4 millones de dólares el año pasado. 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